17 Junio 2021
Las restricciones decretadas ya hace más de un año por los Gobiernos nacional y provincial, con el objetivo de menguar la circulación del coronavirus, generaron un aumento del tiempo en que las personas pasan frente a las pantallas de computadoras, notebooks, celulares y tablets. Y, entre otras costumbres que se modificaron, está la de realizar cada vez más compras y pagos por internet. En simultáneo, este comportamiento fue aprovechado por delincuentes que se dedican a robar datos y a cometer estafas por esa vía.
Las modalidades implementadas por estas personas son de lo más variadas y, en el caso de Tucumán, no se han privado de ninguna de ellas. Semanas atrás, la Unidad Fiscal de Investigación de Decisión Temprana ordenó una serie de allanamientos luego de que múltiples víctimas denunciaran que habían sido estafadas mediante sus tarjetas de crédito. “Se encontraron varios elementos relacionados con delitos telemáticos, consistentes con clonaciones de tarjetas de crédito, los cuales se están volviendo frecuentes en la provincia”, explicó en ese momento el fiscal Marcelo Leguizamón. Y remarcó que desde principios de año la Fiscalía recibe un promedio de 300 denuncias por mes por estafas mediante duplicación de tarjetas de crédito o robo de datos.
Son dos las formas más comunes de estafas relacionadas con tarjetas: el “carding”, cuando el estafador se hace con los datos de la tarjeta de una persona para luego utilizarlos en compras online, y el “scanning”, que consiste en un aparato de bolsillo que el estafador carga y con el que, al pasar la tarjeta por el artilugio, consigue copiar la banda magnética del plástico para luego poder reproducirlo.
Los falsos correos electrónicos también se han vuelto moneda corriente en el último tiempo. Es habitual recibir mails que supuestamente vienen de bancos u otras entidades crediticias, acompañados por un link al que el usuario ingresa, completa con sus datos personales y en ese instante sufre el robo del dinero que tiene depositado en su cuenta bancaria.
También es habitual que los estafadores contacten a sus potenciales víctimas mediante llamados telefónicos. Hubo en Tucumán dos casos emblemáticos que terminaron con una cautelar que obligó a sendos bancos a dejar de cobrar a sus clientes créditos obtenidos por estafadores. En el primer caso, un falso ejecutivo del Procrear se comunicó con una beneficiaria de ese programa y le solicitó que ingrese a su homebanking; la mujer accedió y le vaciaron la cuenta, además de sacar un crédito a su nombre. En el segundo caso, un hombre intentaba realizar una transferencia en dólares, tuvo problemas para concretarla y se contactó con el banco mediante redes sociales para pedir asistencia. Momentos después recibió un llamado, le solicitaron sus datos y el desenlace fue idéntico al anterior.
“No hay antecedentes en el ámbito penal sobre este tipo de delitos, primero porque la modalidad es novedosa y, segundo, porque generalmente toda la jurisprudencia que estábamos manejando era civil. Esto sienta un buen precedente para darle una respuesta a la sociedad”, afirmó el auxiliar fiscal Víctor Daniel López Frías al comunicar que los bancos dejarían de realizar esos descuentos a las víctimas.
Ese vacío legal no hace más que acrecentar la cantidad de ciberestafas, que avanzan ante un universo de potenciales víctimas desprotegidas. Pretender que los usuarios eviten por sus propios medios caer en la trampa suena a utopía, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas estafadas son adultos mayores, ajenos a la actividad virtual. Es entonces indispensable que el Estado tome cartas en el asunto e interceda a favor de los usuarios, ya sea mediante una legislación clara como instruyendo a las empresas para que alerten a sus clientes sobre estas prácticas, además de incrementar la protección de esos datos personales.
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