26 Mayo 2021
Clemente Babot Eraña
Economista - Fund. Federalismo y Libertad
Las medidas de confinamiento impuestas por el Gobierno nacional y refrendadas por el gobernador Juan Manzur fueron impuestas por decreto sin consultar con los sectores afectados. Esto provocó una reacción de la población en general y de los comerciantes en particular distinta al manso acatamiento esperado.
A fines de marzo de 2020, cuando se impuso la primera cuarentena, el EMAE (estimador mensual de actividad económica del Indec) registró una caída de la actividad del 25% respecto de la del año anterior. Desde ese momento, la actividad vino cayendo todos los meses hasta marzo 2021, que registro un cambio de signo.
En el caso de restaurantes y hoteles, la situación es aún peor, con caídas continuas en el indicador de actividad y valores del 50% mensual. En el comercio la caída fue menor y duró hasta octubre de 2020.
Esto se da en un contexto de alta inflación. En abril, la inflación anualizada acumuló el 42% para Tucumán, pero con aumentos en alimentos del 48%.
Los costos de operar una empresa están compuestos de costos fijos y de variables. Para poder abrir las puertas se deben cubrir mínimamente los costos fijos y alcanzar al menos el punto de equilibrio, para lo que se debe tener cierto nivel de ventas. Por otra parte, la diferencia entre los costos variables y las ventas establecerán el margen bruto que permitirá cubrir los costos fijos.
Todos los costos están influenciados por la inflación que los aumenta continuamente, y provoca un desajuste que lleva a aumentar los precios, y genera un continuo e imparable circulo vicioso.
En este contexto las empresas deben asumir sus obligaciones para lo cual deberán decidir a quien cumplen. En el caso de que pretendan conservar a sus trabajadores, pagarán los sueldos. Luego, tratarán de cumplir con sus proveedores. Los críticos serán los primeros, aquellos con quienes mantengan relaciones comerciales estratégicas. Negociarán formas de pago, plazos y demás.
A todo esto se suman 14 meses de restricciones con medidas siempre imprevistas que deben implementarse de manera urgente y que obligan a asumir nuevos costos para seguir operando.
A pesar de los recortes en la actividad y la suba imparable de los costos, a los impuestos se los debe pagar sin ninguna quita. Sí existen planes de pagos, pero, finalmente, se debe cancelar al 100%.
En la vereda del frente, el Estado no dejó de recaudar. El acumulado provincial a marzo de 2021 creció un 60% con respecto al año anterior, valor muy superior a la inflación, que muestra claramente cómo el Estado no ajusta ni afloja un milímetro su voracidad fiscal insaciable.
Los que aún pueden subsistir están acumulando deudas con el fisco, con proveedores, bancos y otras fuentes de financiamiento. Si bien existe subsidios estatales, estos no son suficientes ni deseables. Pero en algún punto la actividad debe volver para poder crecer en ventas y cubrir al menos el punto de equilibrio.
Todo este esfuerzo del sector privado no tiene su contrapartida en los servicios que presta el Estado, salvo la valerosa e incuestionable tarea del sector de la salud que enfrenta la pandemia con los recursos que tienen a su alcance. La estrategia pública del manejo de la crisis de la covid-19 no está a la altura de las circunstancias. Quedó a la vista la incoherencia de los dirigentes políticos, que dan un mensaje a la población de restricciones y aislamiento que ellos no cumplen ni respetan. Luego aparecieron las vacunas aplicadas a amigos. El plan de vacunación y de testeos es un fracaso. La población vacunada en forma completa apenas alcanza el 6% en Tucumán y al 5% a nivel nacional, mientras que la cantidad de muertos por habitante del país está entre las mas altas del mundo.
Cuando al esfuerzo sólo lo debe realizar el sector privado, que es el único generador de riqueza, con costos crecientes y actividad en caída, llega un punto en que se vuelve insostenible, y se empuja al empresario a tomar la decisión de cerrar o rebelarse.
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