¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?

El viernes se realizará una audiencia clave en la investigación del llamado Caso Vélez. A pedido de la querella, se debatirá la legalidad de las pericias efectuadas a los teléfonos de las víctimas y los testigos, un elemento probatorio que generó posturas contrapuestas. Por un lado, los defensores sostienen que se trata de una suerte de certificado de inocencia para los cuatro futbolistas procesados en el expediente. Los representantes legales de la víctima rechazan esa interpretación y afirman que lo único que se está logrando es revictimizar a la joven que denunció haber sufrido un abuso sexual.

En marzo de 2024, una joven aseguró haber sido atacada sexualmente por los futbolistas en un hotel del ex Abasto. Fueron procesados Sebastián Sosa, José Florentín Bobadilla, Braian Cufré y Abiel Osorio, quienes se encuentran en libertad. A partir de ese momento se inició un extenso y controvertido proceso judicial. La investigación debería concluir a mediados de marzo, lo que no implica que el caso esté definido ni que para esa fecha la fiscala Adriana Reinoso Cuello solicite la elevación a juicio de la causa o el sobreseimiento de uno, de varios o de todos los imputados.

Los querellantes Patricia Neme, Franco Venditti y Patricio Char cuestionaron las pericias telefónicas. Según su postura, los especialistas analizaron información que no había sido autorizada por el magistrado interviniente. “Buscaban un audio que no encontraron y extrajeron datos mediante palabras clave que nada tenían que ver con lo solicitado”, explicaron. “Al no hallar ese material, avanzaron aún más y terminaron revisando información vinculada con la vida privada de nuestra asistida. Se trata de un hecho aberrante que fue utilizado por la otra parte”, añadieron.

Ernesto Baaclini, defensor del arquero Sosa, criticó el planteo que será tratado en la audiencia del viernes. “Tuvieron tiempo para realizar el reclamo correspondiente y no lo hicieron. Ahora, con los resultados a la vista, sostienen que el procedimiento no es válido. Si el magistrado rechaza el pedido, es muy probable que impugnen la resolución, lo que implicará una nueva pérdida de tiempo. Luego se nos acusa a los defensores de poner trabas para que la causa llegue a juicio”, ironizó en diálogo con LA GACETA.

Las interpretaciones de las partes sobre esta cuestión son diametralmente opuestas. Los defensores afirman que de la pericia surgieron evidencias que permitirían demostrar que se trató de un acto consentido y no de un abuso. “Hasta el momento no existe una prueba que comprometa a mis defendidos; lo mismo ocurre con el resto de los acusados”, sostuvo Baaclini.

En la querella volvieron a apuntar contra las pericias realizadas sobre los teléfonos. “La estrategia defensiva se apoya en información obtenida de manera ilegal, que fue utilizada para impulsar la llamada ‘causa espejo’. Introdujeron cuestiones políticas sin interés alguno por conocer la verdad”, señaló Neme. “No sólo provocaron un daño emocional a la víctima, sino que además comenzaron a ejercer presión sobre las personas que aparecen en los informes y que hoy son llamadas a declarar. Tuvieron en cuenta chismes de grupos de WhatsApp”, agregó.

Cabe recordar que, por una resolución judicial dictada por una jueza, las partes tienen prohibido difundir las declaraciones de los testigos, los resultados de las pericias y cualquier otro elemento vinculado a la causa. La medida fue adoptada para resguardar los derechos tanto de la víctima como de los imputados.

Más declaraciones

Ernesto García Biagosch e Ileana Antonella Bataglia, defensores de Osorio y Cufré, presentaron una nueva nómina de personas para entrevistar. “Se trata de individuos cuyos nombres surgieron de las pericias telefónicas y de testimonios previos”, explicaron en una entrevista con LA GACETA. “Estos testigos resultan relevantes para el esclarecimiento de los hechos”, añadieron.

Los querellantes manifestaron su malestar frente a esta situación. “No sabemos qué están buscando. Consideramos que estas acciones sólo generan presión sobre las personas para forzar evidencias. Es una estrategia orientada a demorar el inicio del juicio, porque saben que podrían ser condenados”, sostuvieron.

“Existe una confusión frecuente respecto de que toda denuncia penal debe terminar en un juicio. El error radica en desconocer que, tras una denuncia, se inicia una investigación en la que pueden o no reunirse pruebas suficientes”, explicó García Biagosch. “No hubo dilaciones, sino una investigación minuciosa que se volvió más compleja debido a las propias trabas de quien denuncia, aunque resulte paradójico”, concluyó Bataglia.