Cobertura de vacancias: los pliegos de jueces desafían la grieta oficialista - LA GACETA Tucumán

Cobertura de vacancias: los pliegos de jueces desafían la grieta oficialista

Manzur remitió al Poder Legislativo los nombres para llenar 12 cargos en la Justicia por primera vez desde la ruptura del bloque peronista.

11 May 2021 Por Irene Benito

El acuerdo legislativo para los jueces designados por el Poder Ejecutivo fue una “mera formalidad” durante las últimas dos décadas, salvo excepciones. Al peronismo le bastaba una conversación interna para despachar el trámite de control y así forjó la Justicia actual, incluida la cúpula judicial. ¿La ruptura del oficialismo a partir de la cobertura del cargo del defensor del Pueblo obligará a revisar también la dinámica para los nombramientos de los Tribunales? Habrá una respuesta en el corto plazo en función de lo que suceda con los 12 pliegos que el gobernador Juan Manzur envió a la Legislatura.

Las coberturas judiciales desafiarán la grieta oficialista porque ni el sector de legisladores afines a Manzur (Lealtad Peronista) ni el que responde al vicegobernador Osvaldo Jaldo (Justicialista de Todos) disponen en la comisión de Peticiones y Acuerdos de los cuatro votos que requiere la mayoría absoluta. El reparto actual de los siete lugares de esa mesa confiere tres para “los leales” al gobernador (la presidenta Sandra Mendoza, el vicepresidente Sergio Mansilla y Zacarías Khoder); dos para la versión justicialista del vicegobernador (Raúl Ferrazano y Daniel Alberto Herrera); uno para la Unión Cívica Radical (José María Canelada) y uno para Fuerza Republicana (Ricardo Bussi).

El bloque alineado con Manzur necesita solamente un voto adicional para dar el visto bueno a los nombres, siempre y cuando no cambie la conformación como ocurrió el jueves respecto de Juicio Político, donde dos “leales” fueron desplazados por el bloque de Jaldo. Si los legisladores encolumnados con el vice se niegan a colaborar u objetan las decisiones del Gobierno, los opositores serán decisivos. Bussi y, en particular, Canelada fueron críticos en el pasado respecto de coberturas judiciales polémicas, y en distintas oportunidades las rechazaron.

La tanda de 12 pliegos para la sede tribunalicia de San Miguel de Tucumán recién llegada luce diseñada para una prueba, con sólo dos nombramientos definitivos, los de Carmen López Domínguez para un despacho del Trabajo, y de Carlos Rivas para el Juzgado en Documentos y Locaciones N°3. López Domínguez ocupaba el segundo lugar en la terna que encabezaba Leticia Miqueleiz y cerraba Alejandra Moyano. Rivas, por su parte, lideraba el terceto que componían Leonardo Violetto y Fernando García Hamilton -fue descartado ya en al menos seis ocasiones-.

El Gobierno eligió para las coberturas en propiedad -las únicas que cumplen los requisitos constitucionales que garantizan la independencia- fueros considerados técnicos o poco sensibles desde el punto de vista del poder político. Entre los 10 nombres de interinos hay dos cargos de la máxima relevancia institucional: las vocalías de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que provisoriamente podrían ser ocupadas por una funcionaria del Poder Ejecutivo, Felicitas Masaguer, y un relator del tribunal, Cristian Schurig. También aparecen cinco nombres de temporarios para el fuero penal, donde existe una carencia crónica de magistrados.

Regularon la selección de un funcionario académico: el Consejo Asesor de la Magistratura aprobó el reglamento que aplicará para el concurso de la Dirección de la Escuela Judicial

El Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) que preside Eleonora Rodríguez Campos, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, dio el visto bueno al reglamento que regirá el concurso para renovar la Dirección Académica de la Escuela Judicial de la institución. El procedimiento, que consta de tres fases (evaluación de antecedentes, oposición y entrevista personal), procura generar una terna de candidatos que quedará a decisión de los consejeros. La Dirección lidera, junto al Consejo Académico, el brazo educativo del CAM, que ofrece una capacitación costeada con fondos públicos a quienes aspiren a la judicatura.

El cargo en cuestión está reservado para abogados mayores de 30 años con más de 5 de experiencia; ciudadanía en ejercicio y domicilio en la provincia, que gocen de buena conducta y carezcan de una condena penal firme por delito doloso, y que no figuren en el Registro de Deudores Alimentarios. Específicamente en el campo del curriculum, los consejeros dispusieron que recibirán hasta 5 puntos adicionales a los 35 posibles los postulantes que acrediten haber ocupado cargos de gestión, dirección y conducción académica de ámbitos de formación jurídica superior; escuelas judiciales o instituciones de capacitación de jueces, o de aspirantes a la magistratura. Esta distinción incrementa las chances de que la Dirección Académica quede en manos de postulantes que provengan de las conducciones universitarias de la provincia. Las restantes etapas del concurso, prueba y entrevista, distribuyen respectivamente 50 y 10 puntos. Quien ocupe la Dirección Académica recibirá un salario equivalente al del juez de primera instancia -el mandato dura dos años prorrogable por períodos iguales a criterio del CAM-. El primer y único concurso celebrado para esa posición otorgó el cargo a Fernando Ganami, hoy relator del vocal Daniel Posse. Aquel procedimiento fue judicializado con resultado adverso por la constitucionalista Carmen Fontán.

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