El oficialismo se apresta a librar su batalla en la Justicia - LA GACETA Tucumán

El oficialismo se apresta a librar su batalla en la Justicia

10 May 2021 Por Irene Benito

“¿Quién se quedará con la cúpula judicial?” Los príncipes del foro vienen haciendo sus apuestas desde hace tiempo, pero, a partir de la semana pasada, el interrogante adquirió un tono más ansioso y menos conjetural. Ya no caben dudas de que el oficialismo dirimirá su disputa en la arena de los Tribunales: la pregunta es si la magistratura severamente golpeada en su credibilidad podrá soportar los embates. Después de dos décadas de hegemonía y pulverización de las instituciones de control, casi no queda trinchera de separación de poderes en la cual resguardarse. Las balas y las emboscadas proliferan en un campo donde los combatientes no se distinguen demasiado de quienes debieran arbitrar el conflicto.

El juego de denuncias penales es sólo una arista de la presión ascendente de los ex socios oficialistas sobre el Poder Judicial. Tras la fractura del bloque mayoritario de la Legislatura, aumentaron el número y el porte de las imputaciones de presuntos delitos dirigidas a desprestigiar a funcionarios públicos involucrados en la refriega peronista. Podría haber más causas si el Ministerio Público Fiscal actuara de oficio ante las acusaciones abiertas de abusos e irregularidades, pero con lo que se sabe que existe en términos de posibles exacciones ilegales y defraudación alcanza para convertir a Ciudad Gótica en un poroto. Pareciera que esos ataques golpean -por ahora- más a los legisladores alineados con el vicegobernador Osvaldo Jaldo. Por las dudas, este sector se aseguró el jueves el control de la comisión de Juicio Político que promueve las destituciones de las altas autoridades estatales y que en febrero mostró su capacidad depredadora con la expulsión de Enrique Pedicone, el magistrado que denunció al vocal Daniel Leiva, antigua mano derecha de Jaldo y ex fiscal de Estado del gobernador Juan Manzur.

Para entender los intereses en pugna basta con mirar la agenda y la trayectoria de Juicio Político -o lo poco que se conoce de ellas-. Durante el alperovichismo, este comité se dedicó a brindar protección a judiciales afines al poder hasta el punto de que en 2020 acusó por primera vez a un juez ordinario, Roberto Guyot, ante el Jurado de Enjuiciamiento incorporado en 2006. Juan Francisco Pisa, el “Oyarbide ‘trucumano’”, es un caso testigo de esos beneficios. Salvado en febrero por Manzur y la ministra Carolina Vargas Aignasse, quienes le aceptaron la renuncia condicionada al goce de la jubilación con el 82% móvil, Pisa podría volver a caer en manos de Juicio Político por sobreseer al femicida de Paola Tacacho si no pasa al sector pasivo hasta el 27 de este mes. Hay quienes consideran que, colocado contra las cuerdas, Pisa podría disparar contra Manzur, a quien aquel favoreció con un sobreseimiento -que había solicitado Washington Navarro Dávila, entonces fiscal, y hoy ministro público de la Defensa y vocal de la Junta Electoral- en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito. Se trata de un fallo célebre por haber permanecido tres años guardado.

Si bien son mínimas las posibilidades de que se reactiven las solicitudes de destitución de Pisa, Juicio Político aún debe expedirse acerca de la denuncia de mal desempeño que la madre de la víctima, Mariela Tacacho, y el legislador radical José María Canelada presentaron contra Mariana Rivadeneira, fiscala a quien su superior Edmundo Jiménez puso a cargo de recibir y manejar las acusaciones de corrupción en las causas del viejo y del nuevo Código Procesal Penal. Los legisladores de Juicio Político también disponen de la tercera -¿o cuarta?- denuncia del abogado Gustavo Morales en lo que va de la pandemia contra Jiménez por llevar más de un año de licencia con hipotética percepción de sueldo. Estas y otras impugnaciones ahora dependen del ánimo de los aliados de Jaldo, quienes incluso podrían tener el apoyo del bussista Mario Casali y del alfarista Raúl Pellegrini para habilitar las solicitudes de rendiciones de cuentas. Pero lo primero es lo primero y la nueva mayoría de Juicio Político debería antes desalojar al histórico presidente Zacarías Khoder, quien en la riña intestina quedó del lado de Manzur.

Posiblemente en el avance de los de Jaldo en el organismo legislativo más sensible para el Poder Judicial haya influido la foto que dos días antes Manzur se sacó en el propio Palacio de Justicia con los cinco vocales de la Corte; la ministra Vargas Aignasse; su par de la Nación, Martín Soria, y el número dos de aquel sospechado de manejar en los hechos la cartera más importante para el kirchnerismo, Juan Martín Mena. Después del comportamiento de Manzur y de Vargas Aignasse respecto de Pisa, y de que la Corte se declarara impotente para acceder a las 13 causas penales que promovió Tacacho, cuesta creer que el motivo de la reunión haya sido la política de Estado respecto del femicidio. Ello sonó más dudoso aún cuando Soria, en una entrevista con Telefé Tucumán, puso a la provincia como modelo -“tiene mucho para mostrar”, opinó- y convocó a sacar “las manzanas podridas” de la Justicia en referencia a los magistrados “cómplices” de la oposición. Las palabras de Soria incrementaron el enojo de los familiares de la víctima. “Mi hija tiene un femicida inmediato (Mauricio Parada Parejas). En la larga lista de funcionarios y funcionarias judiciales que se convirtieron en femicidas mediatos, Pisa es uno de los principales y zafó de rendir cuentas por eso gracias a su amistad con Manzur”, contestó Mariela Tacacho.

El abordaje del femicidio pasó definitivamente a un segundo plano hacia el mediodía del jueves, cuando la Corte de la Nación notificó su pronunciamiento reivindicatorio de la potestad de las autoridades porteñas para regular la asistencia a las escuelas. Fue la guinda que terminó de desinflar la demostración de influencia del gobernador en el Gabinete nacional, en especial luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner asimilara el fallo con una nueva clase “de golpe a la democracia”. Todo sirvió al fin para exponer e incomodar a los vocales provinciales, que tarde o temprano deberán decidir en la puja de Manzur y de Jaldo, y no ya en los términos políticamente correctos del ceremonial y del protocolo.

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