Un conflicto en un country expone que acudir a la Justicia puede ser la decisión menos feliz - LA GACETA Tucumán

Un conflicto en un country expone que acudir a la Justicia puede ser la decisión menos feliz

Todo se agravó desde que empezaron los litigios por el control del consorcio de La Arboleda. A los problemas de administración ahora hay que sumar la violencia interna y las costas de los pleitos.

09 May 2021 Por Irene Benito
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La sentencia “más vale un mal arreglo que un buen pleito” es la única certeza que obtuvieron en el country La Arboleda tras cuatro años de judicialización del funcionamiento del consorcio. El barrio privado no sólo no encontró soluciones en los Tribunales, sino que sus dificultades se agravaron. Y si bien las partes en pugna mantienen sus posiciones, todas coinciden en el cuestionamiento hacia el Poder Judicial, y la forma en la que permitió que los conflictos crezcan, se complejicen y se encarezcan. Además de lidiar con deudas y una infraestructura deteriorada, los vecinos conviven con una inseguridad y violencia alarmantes, como acreditan las amenazas que informó el administrador judicial provisorio Fulbio Alberto Altieri, quien ya explicitó su interés de dejar el cargo.

Hasta adentro de la Justicia admiten que el entuerto original se desmadró. Y ofrecen un diagnóstico del fracaso: imposibilidad de dirigir y ordenar la transición de la administración surgida del fideicomiso que desarrolló el emprendimiento inmobiliario a otra gestionada por los propietarios de los 432 lotes. Al menos media docena de jueces civiles actuó en distintas instancias, pero nadie consiguió que los consorcistas pudiesen darse sus propias autoridades en una asamblea respetuosa del estatuto del country y de las leyes.

Las patologías del proyecto ubicado en la comuna de San Pablo y Villa Nougués llegaron hasta el punto de que un grupo de vecinos decidió pasar a la acción directa para tratar de conseguir por la presión lo que las instituciones no dieron “por las buenas”.

En ese clima de hostilidad, el juez Jesús Abel Lafuente ha de tomar una decisión en el juicio que promovió en 2018 la propietaria María Terán Nougués, esposa del camarista civil Benjamín Moisá, proceso 2.284/18 que se conecta con el abierto en 2017 para conseguir que la Justicia convoque a una asamblea a los fines de sustituir a Gonzalo Romero Monte (357/17). Este empresario administró La Arboleda desde 2010 por la cláusula que reservaba a los desarrolladores y socios fundadores Augusto Martín Bruchman; Juan Carlos Perea; Dante Vicente Chiarello; Rubén Darío Marchioni y al propio Romero Monte el derecho de elegir las autoridades de la sociedad civil durante su primera década de existencia.

La gestión de Romero Monte desembocó en tensiones y acusaciones cruzadas de anomalías. La consorcista Fabiana Wehbe enumeró una serie de reproches en 2017 en LA GACETA. 

El sector que integraba Wehbe impulsaba la investigación del primer administrador y de su apoderada, Jacqueline Darelli, pero ello tampoco ocurrió. En su momento, Romero Monte había dicho que él iba “a esperar a que hablaran los jueces” y que, mientras tanto, guardaría silencio porque no comulgaba con la descalificación pública. El entonces abogado del desarrollador, Juan Andrés Robles, había expresado que las denuncias eran infundadas y que ello iba a ser probado oportunamente. Consultados de nuevo este jueves por separado, Romero Monte dijo que él estaba desvinculado del fideicomiso hacía 11 años y que se mantendría en silencio mientras que Robles comentó que había dejado el caso.

Jurídicamente imposible

La pretensión de sanear la administración derivó en un carrusel irrefrenable. El 24 de mayo de 2017, los vecinos celebraron una asamblea instada por Romero Monte, quien en agosto de 2016 había renunciado de manera indeclinable a los cargos administrativos. Esa reunión ungió como nuevo presidente y administrador al consorcista Rodrigo Arias. Pero Romero Monte alegó, con la asistencia de Robles, que la asamblea había sido irregular y logró, por medio de una medida cautelar, que el juez Pedro Pérez (Nº8) lo repusiera al frente del consorcio el 6 de julio de 2017.

Pese a haber logrado lo que se proponía, el socio fundador desistió de judicializar la asamblea y Pérez puso en posesión del cargo a Arias mediante otra cautelar emitida el 28 de agosto de 2017 en el expediente 357/17.

A continuación, Moisá, vocal de la Sala II de la Cámara Civil de la capital, decidió involucrarse como abogado patrocinante de su esposa y socia del consorcio, Terán Nougués, y, en ese carácter, los cónyuges recusaron por prevaricato y parcialidad manifiesta a Pérez, y recurrieron la cautelar. El juez Nº 8 rechazó la impugnación. Entonces, el caso subió al tribunal que integra Moisá. Allí se inhibieron los magistrados Raúl Bejas, por su calidad de copropietario de un terreno en La Arboleda, y Carlos Ibáñez, por su amistad con Moisá. Finalmente los camaristas Laura David y Alberto Acosta desestimaron la recusación de Pérez por considerarla extemporánea mediante la resolución del 7 de diciembre de 2017.

Todo aquel trámite resultó vano porque en marzo de 2018 Pérez se desprendió del caso alegando “violencia moral”, excusación que resultó observada por el ex juez Nº 1 y hoy camarista Álvaro Zamorano. La causa volvió a la Cámara donde la presidenta Marcela Ruiz acogió el argumento de Pérez y en junio de 2018 dispuso que el expediente 357 fuera manejado por Zamorano. Luego, este fue recusado sin causa por uno de los abogados de Arias, Alejandro Lisiak. El juez Nº1 se apartó y el Nº 2, Carlos Arraya, objetó la inhibición. El litigio volvió a subir a la Cámara y Ruiz ratificó a Zamorano en diciembre de 2018.

Para entonces el juicio 357/17 instado para convocar una asamblea ordinaria ya tenía cinco cuerpos y Arias seguía interinamente al frente del consorcio por la decisión de Pérez. El 22 de abril de 2019, Zamorano revocó aquella cautelar tras constatar irregularidades en la elección del reemplazante de Romero Monte.

El juez Nº 1 subrayó que en la reunión de consorcistas del 24 de mayo de 2017 se hizo constar que al invitar a los presentes a “pasar y firmar el registro de asistencia las personas habilitadas” hubo “un gran desorden, en razón de que se encuentran presentes personas que no son propietarios; otros que concurren de a dos o tres por propiedad, y otros que no presentan poderes o identificación, lo que produce que ninguno de los concurrentes firme el registro de asistencia”.

Una de las actas refiere que los gritos proferidos a Romero Monte impidieron la votación; que los presentes cambiaron el orden del día y resolvieron proponer un solo candidato al fideicomiso desarrollador, y no una terna como expresaba el estatuto; y que, sin identificación de los votantes, la mayoría eligió a Arias.

Zamorano subrayó que lo acontecido violó el artículo del estatuto que establecía que sólo los socios fundadores podían designar administrador por el término de diez años: “frente a esto, la elección de presidente-administrador por la asamblea no resulta jurídicamente posible”.

La nulidad de la asamblea que había otorgado el control del consorcio a Arias aún no está firme: a comienzos de 2020, el expediente retornó a la Cámara Civil, y el 29 de marzo de 2021, los vocales Acosta y David devolvieron “la compleja trama de argumentaciones” al Juzgado Nº 1 con una medida para mejor proveer. Para entonces, Zamorano ya había sido ascendido a camarista civil y jurado como tal.

Escalada incontenible

En paralelo y en el mismo Juzgado Nº 1, Terán Nougués de Moisá articuló una demanda para desplazar a Arias y conseguir la intervención judicial del consorcio (causa 2.284/18). Según la abogada, existía una usurpación sostenida a partir de maniobras procesales dilatorias y de abusos.

En septiembre de 2018, Zamorano advirtió que las desinteligencias y la conflictividad eran ostensibles, y ordenó -con otra cautelar- que el administrador objetado de la sociedad civil se abstuviera de modificar cualquier situación de hecho y derecho susceptible de afectar negativamente los intereses de la entidad.

El 28 de mayo de 2019, y luego de que la demandante denunciara el incumplimiento de la medida de no innovar, el entonces juez Nº 1 intervino la administración de La Arboleda con la finalidad de “frenar la escalada del conflicto”. Además del proceso 2.284/18, Zamorano tuvo en cuenta el estado del 357/17.

“Dos presidentes (Arias y Romero Monte) se arrogan la administración del consorcio; uno de ellos (Arias) continúa ejerciendo dicho rol pese a que la cautelar del 22 de abril de 2019 revocó la que lo había puesto en posesión de dicho cargo; y el otro (Romero Monte) no ha efectuado gestión alguna a los fines de reasumir su rol de administrador. Todo esto configura una grave circunstancia de virtual acefalía que atenta contra la normal administración y convivencia en el country”, criticó.

El juez expresó que el administrador judicial provisorio debía evitar las consecuencias perjudiciales sobre el patrimonio de las decisiones tomadas por una autoridad endeble, “así como aventar eventuales suspicacias en el desenvolvimiento societario, y asegurar la transparencia y regularidad del funcionamiento institucional de la entidad”. Para ello, Zamorano otorgó facultades para ejecutar todo acto de administración ordinaria dirigido a normalizar la situación y encauzar la marcha del consorcio en términos de la intendencia, el mantenimiento, de la gestión y de la contratación de los servicios, y ordenó el sorteo de un contador que debía informar al juzgado en forma mensual y al término de su misión, y auditar del estado de gestión.

Un sorteo colocó al frente de La Arboleda al contador Dante Fabio Arcas. Pero pronto comenzaron las agresiones y reproches. El 23 de octubre de 2019, Zamorano se vio obligado a colocar una consigna policial en el country para proteger la integridad física de Arcas; a remitir la denuncia de posibles delitos a la Justicia penal, y a exhortar a los copropietarios y moradores del country a abstenerse de intimidar y maltratar a su auxiliar. En febrero de 2020, Arcas, a quien también le adjudicaron anomalías, fue sustituido por el contador Altieri -aquel solicitó $ 627.000 en concepto de honorarios-. En mayo el juez Zamorano advirtió que Romero Monte se había allanado a la demanda de Terán Nougués de Moisá; que Arias no la había contestado; y corroboró que no existían hechos controvertidos para fallar en el fondo. Pero esa resolución sigue pendiente: es la que, por el ascenso de Zamorano, deberá emitir Lafuente debido a que, en el ínterin, la jueza Viviana Inés Gasparotti de Yanotti se inhibió por amistad con Terán Nougués de Moisá.

Un planteo del abogado de Arias, Juan Carlos Múkdise, llevó el caso 2.284/18 a la Cámara Civil, que desestimó el recurso el 12 de agosto con los votos de Acosta y de su par Dolores Leone Cervera. Los trámites se extendieron y venció el plazo otorgado a la administración judicial, que originariamente debía cesar el 26 de octubre de 2020 porque en esa fecha se extinguía el derecho de los socios fundadores de La Arboleda a controlar el consorcio. Ello obligó a la Justicia a ampliar la medida provisoria hasta que el litigio concluya con una sentencia firme, tesitura que confirmaron el 21 de marzo pasado los camaristas Acosta y Leone Cervera, y que desató la bronca en el vecindario.

Devorar lo custodiado

Aunque al comienzo la pelea era contra Romero Monte, ahora el grupo de residentes formado por Carlos Gentile, Juan Manuel Ortis, Néstor Romero, Javiera Díaz, Sebastián Valdez y Alejandro Ruiz Campo, y que auspicia la plataforma “Fuera!!! La intervención judicial en La Arboleda” apunta contra el camarista Moisá.

Ruiz Campo, vocero de esta porción de vecinos, expresó que el juez hacía valer sus conexiones e influencias en Tribunales -la demandante Terán Nougués es hermana del funcionario público nacional Sisto Terán Nougués-. “Es imposible pelear así”, dijo y reivindicó la gestión de Arias.

Ruiz Campo subrayó que las deudas por expensas -sólo $ 4.100 mensuales- alcanzaron los $ 29 millones, donde los principales morosos serían el concesionario del Club House y el fideicomiso, y que hay obligaciones también millonarias incumplidas con la firma de seguridad y la AFIP.

“No buscamos llegar a la administración, sino la correcta administración. No hemos logrado nada con la Justicia: empezaron a oírnos cuando comenzamos con los escraches y las marchas. Hay 270 familias perjudicadas por el capricho y el interés de Moisá, y la mala actuación de los interventores y los jueces”, resumió.

Arias afirmó que los juicios siguen en pie por la intención de la familia Moisá-Terán Nougés de cobrar “honorarios” y consideró que los gastos de la litigiosidad iban a “ser pagados por todos”.

“A mí no me interesa volver al consorcio porque tengo que trabajar. Es un sacrificio porque se trata de un cargo ad honorem y debe ser así. Las administraciones judiciales hicieron un desastre. Tenemos los pastos altos; las calles destrozadas; alimañas… Y el clima general es muy malo. Todo empeoró cuando acudimos a la Justicia”, reflexionó.

Consultado al respecto, el camarista Moisá se excusó de hacer comentarios y reiteró que quien pleiteaba era su cónyuge. En el juicio 2.284/18 consta que Terán Nougués solicitó al menos cinco veces la emisión de una sentencia. En marzo dijo que coincidía con Altieri en cuanto a la necesidad de llamar a una asamblea, pero que antes correspondía decidir el fondo. Terán Nougués opinó que no había que esperar a la resolución del caso 357/17 y avanzar cuanto antes en la normalización del consorcio requerida por ella en 2018.

La consorcista dejó constancia allí de los “métodos patoteriles” que se habían instalado en el barrio y consideró llamativo que, después de tanto desgaste, pretendieran que renunciara a las costas: “el clima de tensión social llegó al punto tal de que un grupúsculo de vecinos de no más de 20 sobre un universo de 400 unidades, los mismos violentos de las asambleas cuya nulidad se pretende, quienes amedrentan y amenazan a quienes osen oponérseles, encabezados por el codemandado Arias, se presentan con frecuencia por lo menos semanal en mi domicilio para atacarme a mí y a mi marido, y provocar desmanes como cortar el acceso a mi casa, tirar bombas de estruendo, tocar bocinas, hacer sonar sirenas, insultar, etc. Estos hechos están acreditados en sus propias publicaciones de Facebook que he resguardado para hacer las correspondientes acciones penales y civiles”.

Pareciera que en La Arboleda la fuerza le ganó a la razón y al derecho, y la justicia, si llega, ya no compondrá los daños causados en esta pequeña comunidad emplazada en un paisaje de ensueño. Sin prisa ni pausa, la judicialización devoró la paz social que debía preservar.

Los problemas ya en 2017

Sin pavimento ni capacidad para escriturar

Fabiana Wehbe, una de las consorcistas de La Arboleda que alentó el cambio de administración en 2017, había enumerado los siguientes reproches contra la administración de Gonzalo Romero Monte ese año:

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El fideicomiso no concluyó las obras hídricas, de pavimentación y de infraestructura eléctrica ni respetó los espacios verdes.

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El derecho de propiedad está discutido sobre parte de las tierras y, por ello, unos 100 vecinos no han podido escriturar.

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El consorcio no se ajustó al nuevo régimen de propiedad horizontal del Código Civil y Comercial vigente desde 2015.

4

La administración carece de transparencia, e incurrió en deudas, y gastos excesivos o de índole personal. Y omitió la rendición de cuentas.

5

El salón cubierto de uso común fue entregado para su explotación comercial a un vecino (Raúl Griet) que lo usufructúa con exclusividad.

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El alquiler de ese local para fiestas somete al barrio a intensos ruidos molestos y también a disturbios.

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