La Justicia ordenó una asamblea en un country conflictivo

El juez Lafuente anuló los actos de “autogobierno” previos en La Arboleda, como había pedido la vecina Terán Nougués de Moisá.

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Una nueva sentencia intentará ordenar el caos que se desató en el country La Arboleda luego del apartamiento de la administración impuesta por el fideicomiso que desarrolló el proyecto con 432 lotes. El juez Jesús Abel Lafuente, con la condición de subrogante del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº1 de esta capital, hizo lugar a la demanda de la vecina María Terán Nougués de Moisá y anuló los actos de “autogobierno” previos. 

A continuación, Lafuente ordenó la celebración de una asamblea de consorcistas con formalidades reforzadas cuya organización estará a cargo del administrador judicial provisorio, Fulbio Alberto Altieri, quien con esa tarea finalizará su gestión.

El fallo, que aún no está firme, podría ser el epílogo para cuatro años de una judicialización que empeoró el conflicto. Además de lidiar con deudas y una infraestructura deteriorada, los vecinos conviven con una inseguridad y violencia alarmantes, como acreditan las amenazas que informó Altieri, quien ya explicitó su interés de dejar el cargo.

La Justicia ordenó una asamblea en un country conflictivo

La temperatura en el barrio privado ubicado en la comuna de San Pablo y Villa Nougués se disparó a fines del año pasado, cuando la Justicia extendió hasta que el pleito finalice con una sentencia firme la intervención del consorcio que originalmente debía vencer el 26 de octubre de 2020. 

Un grupo se organizó para protestar en los Tribunales y en la vivienda de Benjamín Moisá, camarista civil y esposo de Terán Nougués. Según este sector, el magistrado hacía valer sus influencias en la Justicia y las de su cuñado, el funcionario nacional Sisto Terán Nougués, para separar de la administración al vecino Rodrigo Arias, quien reemplazó a uno de los socios fundadores del fideicomiso, Gonzalo Romero Monte.

En medio de las denuncias de irregularidades y manejo sospechoso de fondos atribuidas a Romero Monte, Terán Nougués de Moisá se opuso a que este fuese desplazado en forma anómala y a la “usurpación de la administración”. Ello derivó en la intervención judicial del consorcio y en el fallo de Lafuente que da la razón tanto a la cónyuge del camarista como a quienes reclaman el cese de Altieri y una asamblea inmediata.

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