Por Álvaro José Aurane
07 Mayo 2021
Ya no hay vuelta atrás en la pelea entre el gobernador y el vicegobernador. Ya no es una interna, sino una guerra de poder sin cuartel. Su declaración fue consumada cuando se modificó la integración de la comisión de Juicio Político. Ese es el umbral donde se rechazan o se aceptan los pedidos de remoción contra el ombudsman, los vocales del Tribunal de Cuentas, el ministro Fiscal, la Corte, los ministros del Ejecutivo, el gobernador y el vice. Es decir, es la encrucijada donde las carreras públicas de los poderosos del Estado siguen el camino del éxito o del escarnio.
Con el reemplazo de dos manzuristas por dos jaldistas, ahora el vicegobernador controla los dos tercios (ocho de los 12 escaños) de esa estratégica comisión. Con ello, Jaldo puede iniciar un proceso de destitución contra cualquier ministro de Manzur.
Todo proceso de remoción tiene dos partes. El primer capítulo es que la comisión rechace un pedido de juicio político, o que lo promueva. Si este es el caso, hay segundo capítulo: la acusación pasa al recinto, donde los otros 37 legisladores se convierten en juzgadores. De esa cifra, hay que reunir 25 votos (otra vez, los dos tercios) para declarar culpable al funcionario. Hoy, el vicegobernador no tiene los votos para echar a nadie: su bloque tiene 20 miembros y ya hay ocho en la comisión acusadora. Pero eso no le impide someter ministros al desgaste del proceso acusador.
Para proceder contra el gobernador son otras cifras: se necesitan los tres cuartos de la comisión de Juicio Político para acusarlo (nueve de 12 miembros) y se requieren los tres cuartos del Tribunal Legislativo para deponerlo (28 de los 37 juzgadores). Pero eso es hoy. En la Corte Suprema de la Nación está para la firma, en la última vocalía, el juicio promovido por los constitucionalistas Luis Iriarte y Carmen Fontán, que objeta la mayoría agravada (los tres cuartos) para juzgar al gobernador y al vice. Y tiene dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Si el superior tribunal nacional les da la razón, los dos tercios jaldistas de la comisión de Juicio Político alcanzarán para acusar a Manzur.
Por eso es la “guerra”. El bando manzurista ha enviado dos mensajes a la Nación. El primero es la solicitada de ayer en LA GACETA: 13 de los 15 intendentes justicialistas y 92 de los 93 delegados comunales, junto con 14 legisladores, se declaran leales al peronismo y a Manzur. El segundo: afirman que el jaldismo está dispuesto a afectar la “gobernabilidad” en el año electoral.
Jaldo, a la vez, terminó de blindarse hacia adentro de la Legislatura y ha demarcado que ese será su terreno de batalla.
Todos los puentes han sido dinamitados desde uno y otro sector. La suerte de decenas de políticos ya está echada.
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