Concepción: un funcionario fracasa al intentar sanear la actuación nula de un juez

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán ratificó que el comedimiento del juez Guillermo Acosta en un caso de supuestos hechos de corrupción terminó jugándole en contra al funcionario público denunciado, Franco Morelli. En una sentencia notificada ayer, los vocales Claudia Sbdar, Daniel Posse y Daniel Leiva declararon la inadmisibilidad del recurso que la defensa de Morelli había articulado para sanear el sobreseimiento dictado por Acosta. El 3 de noviembre, el Tribunal de Impugnación de Concepción y Monteros anuló de oficio la sentencia favorable al titular de la Unidad Ejecutora del Gobierno de Juan Manzur por considerar que estaba fundada en evidencias que el juez había introducido en violación de la garantía de imparcialidad.

Los camaristas de Impugnación Jorge Carrasco, Paul Hofer y Edgardo Sánchez centraron sus reproches en el hecho de que Acosta había buscado unas supuestas copias de las actuaciones que guardaba en su despacho y que introdujo por sí mismo en el proceso mediante la exhibición de los papeles en la cámara que filmaba la audiencia virtual. Con base en esos documentos, el juez manifestó que el caso “Morelli” (también implicaba a Osvaldo Morelli, el legislador oficialista fallecido en 2020) había estado parado 21 meses y achacó la inacción al Ministerio Público Fiscal que en la causa representa Mariano Fernández. “Hubo una violación al principio de separación de las funciones de juzgar, acusar y defender”, analizó el Tribunal de Impugnación. En ese momento ejercía la querella por la Municipalidad de Concepción el secretario de Gobierno, Julio César Herrera (falleció luego y fue reemplazado por su hijo, Francisco Herrera, y Sergio Faiad).

Tras analizar el recurso que el defensor de Morelli, Agustín Guerinau, había presentado a los fines de salvar la declaración de inocencia pronunciada por Acosta, la Corte consideró que este debía ser desestimado por carecer de los requisitos legales. Los vocales expresaron que la defensa no había probado la arbitrariedad del fallo de Carrasco, Sánchez y Hofer, ni el hecho de que este fuera contradictorio con la doctrina sentada en una jurisprudencia previa en materia de nulidad. “Mediante la lectura de la resolución se pueden apreciar las extensas y completas razones aportadas por los tres vocales de Impugnación para anular la sentencia de sobreseimiento emitida por Acosta”, dijeron Sbdar, Posse y Leiva. Y añadieron: “el acto jurisdiccional criticado exhibe suficiencia (argumentativa) sin que se verifique una grave transgresión lógica o normativa que autorice a abrir el recurso intentado”.

La Corte desechó que la anulación objetada contradiga una decisión anterior suya sobre idéntica cuestión porque la defensa omitió identificar el precedente específico. “La doctrina que cita es genérica y apunta a las exigencias comunes de procedencia de las nulidades, pero no invoca ninguna concreta referida a la misma temática que analizó el Tribunal de Impugnación”, observaron los jueces supremos.

El alto tribunal dejó habilitada la vía para que Fernández formule cargos contra Morelli. Este fue denunciado junto a su padre y ex intendente por la administración de Roberto Sánchez en virtud de irregularidades detectadas en las obras de la cooperativa Miguel Lillo. Según la denuncia, dicha entidad estaba integrada por empleados del Municipio y carecía de un estatus regular. Entre 2011 y 2015, dicha cooperativa habría recibido de parte de la Municipalidad alrededor de $ 20 millones equivalentes a 
U$S 7 millones de la época.