Arroyo fue sobreseído por una polémica compra de alimentos al inicio de la pandemia

Arroyo fue sobreseído por una polémica compra de alimentos al inicio de la pandemia

El juez Casanello consideró que hubo "urgencia y emergencia" y que no se comprobó ningún delito.

Arroyo fue sobreseído por una polémica compra de alimentos al inicio de la pandemia FOTO TOMADA DE TWITTER.COM/LICDANIELARROYO
23 Febrero 2021

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, recibió hoy el sobreseimiento en la causa penal por presuntos sobreprecios en compras de alimentos durante la pandemia de coronavirus, tras descartarse la existencia de delito.

El juez federal Sebastián Casanello dispuso en los fundamentos de su fallo que "el estudio de los expedientes de contrataciones por emergencia del Ministerio de Desarrollo Social denunciados, demuestra que se ha cumplido con la normativa y reglamentación vigente para llevar adelante en forma debida la adquisición de los alimentos de primera necesidad allí alcanzados".

Asimismo, detalló que "las razones de urgencia y emergencia que llevaron a esa cartera ministerial a celebrar las contrataciones aquí denunciadas, resultan claras y justificadas".

También explicitó que las contrataciones "tuvieron como objeto cubrir la demanda de un sector de la población que precisaba de la asistencia del Estado para poder afrontar la situación de emergencia -tanto sanitaria como económica- provocada por la pandemia Covid-19”.

En la conclusión, Casanello dictaminó que “la hipótesis introducida en las denuncias que conforman estos actuados no exterioriza la comisión de conducta ilícita alguna".

La denuncia había sido presentada el 20 de abril del año pasado por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, para que se investigaran posibles anomalías en contrataciones directas por emergencia autorizadas por el Ministerio de Desarrollo Social.

Las compras cuestionadas fueron de aceite comestible, fideos, azúcar, lentejas y arroz, tramitadas en cinco expedientes.

Se gastaron $543.408.400 de pesos y la PIA sostuvo que habrían sido adjudicadas a "un grupo reducido de empresas" que "en su mayoría cotizaron por encima del precio testigo proporcionado por la Sindicatura General de la Nación"

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