A mayor edad de los argentinos, mayor experiencia en crisis

Más de la mitad de los ciudadanos de entre 45 y 54 años y un 64% de aquellos que tienen más de 55 años creen que este 2021 será con conflictividad social, debido a las medidas que debe adoptar la gestión del presidente Alberto Fernández para encarrilar el rumbo económico del país y para cumplir con los compromisos que debe asumir, particularmente con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El sondeo de D´Alessio Irol y Berensztein observa que hasta desde las propias filas de votantes del Frente de Todos hay una convicción de que el escenario que se le presentará al Gobierno nacional en este año electoral será difícil. De hecho, el año arrancó con esa conflictividad, particularmente con la pelea con el campo por las restricciones para exportar maíz que originaron el cese de comercialización dispuesto por la Comisión de Enlace Agropecuaria. Al final, esa medida de fuerza se desactivo porque la Casa Rosada retrocedió en la decisión.

Pero además, el Gobierno enfrenta otras cuestiones que impactan en el bolsillo de los argentinos. En tan solo 12 días de transcurridos el nuevo año, se avalaron dos incrementos en el precio de los combustibles, una decisión que tiene un efecto multiplicador en los precios finales de varios productos. La suba de las naftas es una consecuencia de la postergación de definiciones por efecto de la pandemia del coronavirus del año pasado. En la misma situación se encuentra, por lo menos hasta marzo, los incrementos en el precio de la electricidad (en Tucumán ya fueron dados a conocer y será del 37% en dos tramos) y del gas. Además, este mes se produjeron idas y vueltas por el reajuste en el valor de las cuotas de las empresas de medicina prepagas.

Todo esto recalentará las discusiones que a partir de marzo se dará tanto en el sector público como en el privado para la recomposición de los salarios. Las consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central han estimado una inflación cercana al 50% anual.

Asimismo, este año entra en vigencia la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria y los propios jubilados y pensionados han manifestado su temor que la nueva fórmula signifique un incremento a menor ritmo que la inflación y la consecuente caída del poder adquisitivo del haber.