12 Enero 2021
"Chiche" Aráoz, en 1991: Previsión Social
El Ipsst fue intervenido a principios del año 1991 por el Poder Ejecutivo, durante la intervención federal a cargo de Julio César Aráoz. “Fue sostenida desde entonces en forma permanente y de continuo hasta hoy”, detalla el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que le ordena al Gobierno regularizar ese ente.
En 1992, el gobernador Ramón Bautista Ortega designó otro interventor, al que reemplazó en 1993. En 1995 y 1996, el gobernador Antonio Domingo Bussi dictó sendos decretos manteniendo la intervención. En 1997 sólo cambio de funcionario. Ya en la gobernación de Julio Miranda, en 1999, la intervención fue declarada con los objetivos de “sanear” y “normalizar” Previsión Social. Pero la única variante fue que en 2001 cambió de interventor, al igual que en 2002. A partir de 2003, el alperovichismo sigue con las intervenciones, sin otra mención que la de “cubrir la vacante” en la conducción del organismo. En 2015 asume Juan Manzur quien designa al actual interventor, Fernando Avellaneda, invocando también la “necesidad” de la cobertura de la vacante.
“Cabe poner de resalto que la razón de ser institucional del Ipsst está definida por Ley 6.446 como la de ‘un servicio público con autarquía administrativa, personalidad jurídica e individualidad financiera", dice la sentencia. En ente debe ser administrado por un órgano pluralista de dirección colegiada cuyos integrantes deben ser elegidos por las autoridades políticas de la provincia y por el voto directo de los afiliados. Y será "administrado por un Directorio compuesto por un Presidente, un Vicepresidente y tres Vocales".
"Palito" Ortega, en 1991: Instituto de la Vivienda
El Ipvdu fue intervenido en noviembre de 1991 por el gobernador Ramón Ortega, “con el fin de disponer su reestructuración orgánica, acorde a los nuevos lineamientos de la política social que tiende a llevar el Gobierno de la Provincia". En enero de 1992 se dieron por finalizadas las funciones del interventor y declaró cumplida su misión. Sin embargo, de inmediato se invocó que el ente quedaba acéfalo y, en lugar de regularizarlo, se decidió que “continúe intervenido hasta tanto se realice la reestructuración general", detalla el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que manda hacer cesar esta situación en 60 días hábiles.
“A partir de 1995, lisa y llanamente, esta invocación de una ‘normalización’ del Ipvdu fue suprimida por completo en todos los decretos del Poder Ejecutivo hasta la actualidad. En los mandatos sucesivos de Antonio Domingo Bussi, Julio Miranda y José Alperovich se limitaron a efectuar designaciones sucesivas de interventores administrativos invocando nada más que la reiterada ‘necesidad’ de cobertura de la ‘vacante’ en el cargo de interventor”, mencionan los considerandos de la sentencia.
“De igual manera, el gobernador Juan Manzur no hizo ninguna mención de ‘normalización’ institucional y continuó con la práctica de invocar la "necesidad" de cobertura del cargo”, agrega. Destacan que Miranda, Alperovich y Manzur coincidieron en designar sucesivamente para el cargo a Gustavo Durán, quien duró 14 años como interventor: entre 2013 hasta su fallecimiento en 2017. Lo sustituyó Noemí Ferrioli, quien en 2019 fue reemplazada por la actual interventora, Stella Maris Córdoba.
Julio Miranda, en 2000: Instituto contra el Alcoholismo
“El IPLA viene siendo intervenido administrativamente en forma permanente y de continuo por el Poder Ejecutivo desde hace más de 20 años”, destacan los fundamentos del amparo colectivo concedido por el fuero Contencioso Administrativo que dispone su regularización.
En julio de 2020, el gobernador Julio Miranda consignó que el ente estaba vacante e invocó el objetivo de “posibilitar su normal funcionamiento”, conforme lo la ley de creación: la 6.600. A cargo quedó Mario Humoller. Lo sucedieron otros durante esa gestión, todos designados sin plazo. Apenas asumió, José Alperovich designó en el esas funciones a Alejandra Risso Patrón. Pero la motivación invocada fue “cobertura” del cargo de director. Sin embargo, la nombró interventora “por 60 días”. En diciembre, cuando venció el plazo, prorrogó su tarea "hasta tanto sea normalizada la designación de autoridades del IPLA conforme al mecanismo previsto por la ley 7.243”.
Luego, hasta el final de su mandato, decretó sucesivas intervenciones alegando “la proximidad del vencimiento del plazo legal de prórroga de la designación de autoridades del IPLA” y manifestando, en todos los instrumentos, que "este gobierno es absolutamente respetuoso de las instituciones". Ya en 2015, el gobernador Juan Manzur, dispuso la prórroga de la designación de Daniel Sosa Piñero como interventor del IPLA por el término de 60 días. La intervención administrativa continúa hasta la fecha.
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