Quieren saber si hay lotes alterados en La Quebradita

Los conflictos recientes de propiedad en Tafí del Valle han llegado a la Legislatura provincial. Sobre tablas y al final de la última sesión, celebrada el martes 22, los legisladores aprobaron una resolución que solicita a la Dirección General de Catastro la elaboración de un informe sobre la situación actual en el loteo de La Quebradita. En particular, la iniciativa -promovida por el ex intendente tafinisto, Jorge Yapura Astorga- procura determinar si en los últimos tiempos se han modificado de forma ilegal los límites de propiedades privadas en detrimento de espacios verdes.

Durante el último mes, se han multiplicado las denuncias de particulares por ocupaciones de la Comunidad Diaguita en tierras que pertenecen a la Provincia y en una reconocida estancia turística. Los miembros de la organización, conducida por el cacique Santos Pastrana, aducen derechos ancestrales sobre el territorio y justifican las tomas por “el enorme déficit habitacional” que dicen padecer. Además, contradenunciaron que existen propiedades privadas que han corrido sus cercas perimetrales para avanzar sobre espacios públicos.

Fue justamente sobre ese último argumento que Yapura Astorga, acompañado por los legisladores oficialistas Marta Najar y Francisco Gómez, presentó el proyecto de resolución -ya aprobado- que también exhorta que la Fiscalía de Estado inicie “en forma urgente” las acciones judiciales pertinentes en caso de detectar ocupaciones ilegales.

“Adjuntamos al texto los planos originales de La Quebradita, que incluye las subastas y las medidas de los lotes. Sabemos que hay propietarios que han corrido más de 1.000 metros cuadrados sus alambres. Catastro tiene todas las herramientas para corroborarlo así el Estado corrige las situaciones y se haga justicia”, dijo a LA GACETA el autor de la resolución. Incluso, el tafinisto acusó a personas cercanas a la gestión actual del intendente Francisco Caliva de ocupar espacios verdes.

“Esto se trata de demostrar que los nuestros no son los verdaderos okupas. Molesta que los que incitan los desalojos de miembros de la comunidad hayan corrido sus terrenos durante años. A veces lo hacen con la excusa de que otra gente no se instale”, inculpó Yapura Astorga. Además, afirmó que busca ser el “nexo” con el Gobierno provincial para crear planes específicos de vivienda para el Valle de Tafí. Ese es uno de los mayores reclamos de las comunidades indígenas habitantes.

“Los terrenos están dolarizados. Es imposible acceder a una casa en Tafí. Queremos ir a Bienestar Social una vez que termine esto (los conflictos actuales) para avanzar con el tema”, adelantó el ex jefe municipal. La resolución que presentó indica que, tras la realización del relevamiento parcelario, Catastro debe informar la factibilidad de crear un banco de tierras “para evaluar la posibilidad de generar desarrollos urbanísticos de viviendas sociales”.

Consultado por este diario, el director de la repartición, el agrimensor Alejandro Navarro, aseveró que hasta última hora del miércoles no había sido notificado sobre lo dispuesto por la Legislatura. “A pesar de que se licenció al 80% del personal para enero, seguro iniciaremos el relevamiento cuando llegue la resolución. Haríamos algunos vuelos con drones fotogramétricos, así detectamos rápidamente las distintas situaciones”, previó.

En las últimas semanas, Catastro participó de numerosos operativos en Tafí del Valle, además de otras zonas turísticas de Tucumán para detectar ocupaciones ilegales de tierras fiscales.