Tafí del Valle: “la legislación nos acompaña”, aseveró el cacique sobre las tomas

Evitan llamarlas tomas, pero cuando emplean el término niegan que sean ilegales. Los miembros de la Comunidad Diaguita repiten una y otra vez que poseen derechos ancestrales sobre las tierras fiscales que han ocupado recientemente en La Quebradita, Tafí del Valle, y exigen que el Estado les dé soluciones a sus problemas habitacionales. “La legislación y el Derecho nos acompañan. Lo que falta es voluntad política, pero no se sienta nadie. Esto puede traer conflictos, como cortes de ruta en el verano. Nosotros no queremos un caos”, advirtió el cacique Santos Pastrana tras el operativo desplegado por el Gobierno el miércoles en la zona.

¿Cuáles son los argumentos jurídicos que esgrimen los referentes indígenas ante la ola reciente de usurpaciones, que afecta tanto a dominios públicos como privados? En primer lugar, aluden a una serie de normas que reconocen su preexistencia étnica y cultural. Tras la reforma de 1994, la Constitución Nacional incluyó ese apartado en el artículo 75, incisos 22 y 17. “Nos reconoció la personería jurídica como comunidad, además de la posesión de nuestros territorios”, explican los miembros de la Comunidad Indígena del Pueblo Diaguita del Valle de Tafí (es el nombre completo), cuya inscripción 283 es de 2006.

Ese mismo año, la Constitución de Tucumán sumó los mismos derechos el artículo 149. Además, reivindican los postulados del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las comunidades nativas, entre otros tratados internacionales. “Hay muchos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos avalan”, arguyó Pastrana. Pero, por sobre todo, los protagonistas de las tomas en Tafí del Valle razonan que la ley 26.160 (2006), que versa sobre la posesión y la propiedad de las tierras, permitió que hicieran un relevamiento que demostraría sus derechos ancestrales.

Ahora bien, ¿qué sucede cuando los territorios reivindicados son de propiedad privada o pública, tal como acontece en la zona de La Quebradita por estos días? El abogado Manuel Santillán, especialista en causas indígenas, advirtió en primer lugar que siempre puede haber situaciones de oportunismo que opacan los argumentos reales de las comunidades, y que no es adecuado justificar tomas bajo necesidades habitacionales. Luego, repasó los pasos que conforman un relevamiento territorial según el decreto 1122/2007. “El Estado tiene la obligación legal de hacerlos, pero no los ha concluido y muy difícilmente lo haga”, manifestó.

Las tres etapas son la demarcación, la individualización o identificación y la titulación con su respectiva registración. “En la primera fase los equipos recorren y hacen un croquis de uso para documentar la preexistencia. El Estado sólo llegó hasta ese paso y es renuente a seguir para que los pueblos originarios tengan derechos afianzados”, sostuvo el letrado. Tras la explicación, ofreció un panorama del conflicto en curso en Tafí del Valle. “No estoy involucrado en el caso de La Quebradita; puede que el territorio haya sido incluido en la demarcación como perteneciente a la Comunidad. Yo creo que las partes deberían recurrir al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para que establezcan con GPS la real situación de las tierras”, opinó.

En ese caso, detalló que existen tres posibilidades: 1) que se demuestre una ocupación ancestral, tradicional y pública indígena; 2) que sean zonas en conflicto en donde hay superposición de pretensiones entre varios actores; o 3) que sean de terceros. “La Fiscalía de Estado debe haber pretendido hacer uso del poder de policía. El operativo del miércoles es un antecedente lamentable e irresponsable con los derechos indígenas”, recriminó Santillán.

“No fue un desalojo”

El fiscal de Estado, Federico Nazur, aclaró anoche que el despliegue que efectuaron varios organismos del Ejecutivo el miércoles sobre las tierras fiscales ocupadas en Tafí del Valle no fue un desalojo, sino que “tuvo la misión de sentar la presencia del Estado con fines disuasivos”. En uno de los predios, las comuneras de la Comunidad Diaguita habían denunciado que los agentes intentaron desalojarlas sin una orden judicial. “Va Catastro y determina con una app si un terreno pertenece al Superior Gobierno de la Provincia. En caso de confirmarlo y que no haya nadie, remueven los elementos de ocupación y colocan el letrero de propiedad pública. Ahora, en otros casos es imposible si se constata que hay gente con una situación consolidada. No queda otra que ir a la Justicia”, explicó.

El funcionario adelantó que analizaban la viabilidad de atender los reclamos habitacionales indígenas, pero “siempre por las vías legales adecuadas y en defensa de los bienes públicos”. “No queremos conflictos”, remarcó.