DE ACUSADOR A ACUSADO. Pedicone planteó la nulidad del proceso. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Un informe pericial encargado por el juez de Impugnación Enrique Pedicone es la principal novedad presentada por sus abogados, Arnaldo Ahumada y Fernanda Battig, en el marco de la defensa ante el Jurado de Enjuiciamiento. Con un escrito de 112 páginas, los letrados respondieron la acusación que ha formulado la comisión de Juicio Político de la Legislatura y ofrecieron el estudio como prueba.
Como se recordará, Pedicone denunció ante el Ministerio Público Fiscal que el vocal de la Corte Daniel Leiva le pidió el 28 de julio que “maneje la intensidad” de la causa contra el legislador Ricardo Bussi por presunto abuso sexual y corrupción, según el opositor fuera más o menos funcional al oficialismo. Y asegura que grabó esa conversación. Los audios fueron publicados el 6 de septiembre por LA GACETA. Leiva desmintió la acusación, sostuvo que la conversación nunca existió y afirmó que los audios fueron “armados y editados”. Además, contradenunció a Pedicone, al que acusó de actuar en represalia ya que la Corte lo sancionó por haber actuado presuntamente sin competencia en la clausura de un billar. Y aseveró que el camarista había dictaminado el cese de prisión preventiva para más de un centenar de procesados por delitos graves en menos de un año.
Contra Leiva se presentaron seis pedidos de remoción y todos fueron archivados. Contra Pedicone se promovieron siete planteos de destitución y todos fueron admitidos.
Entre los cargos formalizados por Juicio Político contra Pedicone se encuentra el de presunta violación de la garantía del derecho de privacidad y de la confidencialidad de las conversaciones privadas. Justamente, en ese contexto, Ahumada y Battig presentaron un “análisis informático forense” del iPod con el que Pedicone afirma haber grabado al miembro del alto tribunal. “Desde el punto de vista informático, no se detecta manipulación del archivo de audio en cuestión”, consigna el informe firmado por el licenciado en Informática Javier José Vallejo Martínez y el técnico en Grabación Julián Gianetti, ambos de Buenos Aires.
Además, el “Análisis forense del audio digital” concluye respecto de la grabación que “no se detectó ningún tipo de anomalía que pueda indicar que la pista de audio analizada haya sufrido algún tipo de manipulación”.
“Agradecemos que la comisión de Juicio Político formule una acusación respecto de los audios porque con ello permite que las grabaciones, finalmente, lleguen a un tribunal”, manifestó Ahumada en diálogo con LA GACETA. Precisamente, además del informe impreso, la defensa de Pedicone presentó un “pendrive” con la grabación en cuestión.
Dos capítulos
El texto de la defensa de Pedicone puede separarse en dos grandes capítulos. El primero, de índole general, hace hincapié en que aunque el proceso de destitución contra el juez es de índole político, en su naturaleza no deja de ser juicio. Por lo tanto, debe respetar una serie de garantías, como el derecho a la defensa, el debido proceso legal y la conformación de un tribunal imparcial que -sostienen los abogados del magistrado- le han sido negados al acusado.
“Planteamos que la acusación es nula no sólo porque los cargos son completamente vagos e imprecisos, sino porque a la hora de someter a un proceso de remoción a un juez se pone en crisis la garantía constitucional de la inamovilidad mientras dure su buena conducta. Es decir, hay que probar una mala conducta de Pedicone y la juridicidad de sus fallos echa por tierra cualquier cuestionamiento”, contrastó Ahumada.
El segundo capítulo de la defensa responde, en particular, cada uno de los cargos formulados contra el juez.
Por ejemplo, uno de los argumentos comunes en la mayoría de los planteos de remoción versa sobre la presunta actuación sin competencia de Pedicone en la causa de los billares así como en el dictamen de liberación de un procesado por amenazas de muerte agravada por el uso de un arma blanca, Ahumada y Battig sostienen que la comisión de Juicio Político “confunde los conceptos de jurisdicción y competencia, que sólo se otorgan por ley, con los de asignación de funciones, de los que se encarga la Corte”. Por ello, sostienen que se trata de un asunto de “puro derecho”, que sólo puede resolverse en la Justicia y no ante el jury.
A ello agregan los defensores que el magistrado ya ha sido sancionado por esa presunta falta con un apercibimiento, mediante la Acordada 730. Esta, además, fue ratificada con la Acordada 1.299, que rechazó el planteo de nulidad interpuesto por Pedicone. “Entonces, pretenden sancionar al juez dos veces por una misma causa”, argumentaron.
“Justicia mafiosa”: debate universitario sobre los tribunales
“¿Justicia democrática o justicia mafiosa en Tucumán?”, es el tema del “debate universitario” en el que hoy, a las 19, disertarán Carmen Fontán, titular de la Cátedra B de Derecho Constitucional de la UNT, Ramón Eduardo Ruiz Pesce, titular de Filosofía de la Historia de la UNT; y Marcos Rougés, ex juez y ex docente de Derechos Reales de la UNT. El ciclo, en la plataforma virtual de “Agora News”, será moderado por el abogado e investigador del Inecip Ángel Alberto González.
