Por Juan Martín de Chazal
17 Diciembre 2020
REIVINDICACIÓN INDÍGENA. Una treintena de personas, en su mayoría mujeres y niños, se turnan cuatro veces al día para ocupar los toldos precarios. LA GACETA / FOTOS DE FRANCO VERA
-¿Cuál es la orden judicial para desalojarnos?
-¿Pero qué papeles tienen que demuestren su propiedad?
-Como comunidad indígena, Tafí del Valle nos pertenece. Somos preexistentes al Estado.
-Está trabajando la Fiscalía de Estado y Catastro en esto.
-Lo hacen por los terratenientes. Vienen de afuera y corren los alambres. Hacen lo que quieren.
El diálogo tenso ocurrió ayer a la mañana entre miembros de la Comunidad Diaguita del Valle de Tafí y el secretario de Seguridad de la Provincia, Luis Ibáñez. Fue en medio del operativo que organizó el Gobierno para recuperar las tierras fiscales ocupadas hace tres semanas en La Quebradita. A pesar del despliegue de fuerzas policiales y el desmantelamiento de una veintena de carpas precarias, persiste la toma protagonizada por referentes indígenas en dos toldos. “Nos vamos a quedar hasta que haiga un diálogo. Este puestito va a seguir hasta que vengan con soluciones”, insistió el cacique Santos Pastrana.
El terreno se ubica en las cercanías del río Blanquito. Se accede por la avenida Gobernador Campero, tras pasar el Puente de los Suspiros, y está rodeado de casas de veraneantes. Tras las denuncias de los vecinos, la Fiscalía de Estado corroboró, por medio de la Dirección de Catastro, que los terrenos usurpados pertenecen al Superior Gobierno de la Provincia. Ayer, los agentes estatales colocaron un cartel que reivindica la propiedad, pero los miembros de la comunidad lo retiraron al pasar las horas.
CACIQUE. Santos Pastrana dice que necesitan soluciones habitacionales.
En el lugar hay banderas Wiphala, apachetas y letreros que exponen la supuesta posesión ancestral de la Comunidad Diaguita. También hay leñas, postes y plásticos que utilizan los ocupantes para pasar las jornadas. “Nos han tratado de ladrones. La gente del Gobierno decía que las tierras son de ellos. Les preguntamos quiénes eran y no nos querían dar los nombres, sólo sus cargos. No tenían una orden de desalojo”, contó a LA GACETA en el predio Maura Lorena Díaz, una de las delegadas de base de la comunidad indígena.
Según su testimonio y las imágenes grabadas en video, camiones de Vialidad levantaron numerosos elementos usados para la usurpación. Sin embargo, tras la resistencia de los ocupantes (la mayoría son mujeres), quedaron en el lugar y serían usados para reconstruir las casillas. “La gente ha hecho ranchos con la poca plata que tenía y los han hecho pedazos. Lo que queremos es que el Gobierno nos dé una solución porque no tenemos dónde vivir. Nos han tratado muy mal y nos han mandado a trabajar”, recriminó la comunera Noemí Díaz.
Además de Ibáñez, participaron en el operativo de ayer Guadalupe Barthe, encargada del área de Inmuebles Fiscales; Federico Correa, abogado de la Fiscalía de Estado; Javier Tirone, jefe del departamento de Inmuebles Turísticos del Ente Tucumán Turismo; y Jorge Hernández, agrimensor de Catastro. Ellos aseguraron que detectaron una “usurpación en flagrancia” y que debieron retirar los palos, además de labrar un acta policial y dar intervención a la Justicia.
La toma desde adentro
Consultado por los próximos mecanismos de acción ante la persistencia de las tomas en espacios públicos, el fiscal de Estado, Federico Nazur, dijo anoche a este diario que aún no había recibido los informes finales del despliegue gubernamental. Hoy debería haber novedades al respecto, adelantó.
Díaz estimó que hay 160 familias detrás de las ocupaciones en La Quebradita y afirmó que la mayoría son madres solteras con niños. Viven entre Santa Rosa, El Churqui, La Banda y El Infiernillo. “¿Por qué deberíamos comprar un terreno si esto nos pertenece por nuestros ancestros? No nos alcanza; trabajamos el día a día. Les hemos dicho que no íbamos a permitir que detengan a nadie. Nos querían tomar los datos y tampoco les dimos”, cuestionó la referente. “Hemos pasado lluvia, granizo y viento con los chiquitos que duermen en un colchoncito. No se ha hecho presente nadie del Gobierno de la Municipalidad. Han querido decir que nos han desalojado pero acá estamos y seguiremos”, añadió.
CON PLÁSTICOS. Había más de 20 de carpas similares; sólo quedan dos.
Según la versión de los miembros de la Comunidad Diaguita, su intención es “llamar la atención” de la Provincia para negociar soluciones habitacionales. Además, dijeron que no planean quedarse a vivir en los toldos precarios. “Nuestra necesidad es grande. Más que casas hechas, buscamos terrenos para ir construyendo de a poco”, expresaron.
Pastrana aseveró que ya existe un compromiso oficial para atender esa problemática, pero insistió en que las tierras ocupadas en La Quebradita “están relevadas y tienen reconocimiento por preexistencia”. “Vino la parte represora del Estado. Los espacios verdes serán del Gobierno, pero la posesión de toda la vida es nuestra”, definió y repasó normativas legales que -dice- los amparan. “Nadie dice nada cuando los propietarios corren los alambrados de sus terrenos ilegalmente. Nos sacan porque somos los más humildes, pero nosotros tenemos más derechos que ellos”, reprochó por su parte la delegada Mónica Méndez.
Vecinos expectantes
Tanto propietarios de La Quebradita como miembros de la Comunidad Diaguita evitan el contacto entre ellos. Hasta el momento, no se han producido enfrentamientos. Ayer, el primer grupo seguía con atención las novedades del operativo desplegado por el Gobierno. “Nuestro mensaje es apoyar las medidas que hacen las autoridades. Hoy (por ayer) se notó la decisión de tomar cartas en el asunto. Fue un primer paso; somos conscientes de que esto lleva tiempo. Falta una orden de desalojo”, comentó Leandro Bustos, integrante del comité de vecinos del loteo, que ya tiene unos 80 miembros.
El propietario, cuya vivienda se localiza a metros de las tomas que bordean el río Blanquito, remarcó que “es un delito” que los ocupantes hayan retirado uno de los carteles reivindicativos del Estado. “Aún no recibimos notificaciones formales. Estamos expectantes”, manifestó anoche.
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