Caminó siete horas junto a un desconocido para huir de los abusos de sus hermanos

Si existe un infierno, probablemente se parezca a todo lo que vivió L. en los apenas 20 años que lleva de vida. Tal vez las siete horas que caminó para escapar junto a un completo desconocido expliquen la desesperación de esa joven, a la que ni siquiera le permitieron llevarse a su pequeño hijo. Toda una historia de abusos y maltratos quedaron en esa casa, a la que no quisiera regresar más que para recuperar al niño.

L. creció en un pequeño pueblo de Santiago del Estero, ubicado en el departamento de Pellegrini. Con ciertas dificultades, la joven intentó resumir toda una vida de sufrimiento durante una audiencia judicial que se desarrolló en Tucumán hace dos sábados. Relató que allí, en su propia casa, fue víctima de múltiples abusos desde niña. Son cinco los acusados de haberla violado: sus cuatro hermanos y un quinto hombre, que no está del todo claro si se trata de su padre biológico o de un padrastro.

Contó que cuando era una adolescente de 15 años dio a luz a un bebé, que sería producto de esos abusos. Fueron tantos los ataques sexuales que sufrió que también se desconoce cuál de esos cinco hombres engendró al niño. Pero ella lo parió y convivió con él.

En su testimonio también dijo que hace un tiempo conoció a un hombre, oriundo de Buenos Aires, a través de Facebook. Esta persona le prometió que la rescataría y viajó para buscarla. Abandonar esa casa tampoco sería sencillo para ella, a quien le impidieron llevarse a su hijo y terminó huyendo junto a ese desconocido, con el que caminaron durante siete horas hasta conseguir ayuda y llegar a Tucumán.

La idea de esta nueva pareja era mudarse a Buenos Aires y rehacer su vida allá, pero hubo dos obstáculos en el camino. Por una parte, L. se negaba a irse sin haber recuperado a su hijo, que hoy tiene cinco años. Y por otra, la pandemia del coronavirus ya había llegado al país y se prohibieron los viajes.

Ya lo había denunciado

Embarazada de esta nueva pareja, la joven se presentó hace dos semanas aproximadamente en la comisaría de Banda del Río Salí para poner en conocimiento de la Policía de todo lo que había vivido. La denuncia llegó a la Unidad de Atención Temprana del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Marcelo Leguizamón. Pero como los hechos habían ocurrido en otra provincia, su titular le pidió a la jueza María Alejandra Balcázar que declare su incompetencia. Fue así como llegaron a esa audiencia donde L. dejó a todos paralizados con su historia.

Según dijo, ya había denunciado los abusos en Santiago del Estero dos veces, siempre sin respuestas. Fue entonces cuando la magistrada se preguntó: “ante un caso como este, extremadamente sensible, cuya víctima -una persona con múltiples vulnerabilidades- decide denunciar los hechos que constan en el legajo, con las consecuencias personales que ello importa, ¿debemos aplicar sin más las normas de competencia territorial procesales o por el contrario cabe efectuar un análisis más profundo?, ¿qué normas legales deben primar, las reglas de competencia territoriales previstas en el código procesal local o el derecho de la víctima a acceder a la justicia, consagrado en Pactos Internacionales de Derechos Humanos que poseen jerarquía constitucional?”.

En el fallo que lleva su firma, Balcázar sostuvo que “aplicar a rajatabla las reglas de competencia territorial sin un adecuado control de convencionalidad para el caso influiría de forma directa y negativa sobre el derecho de la víctima de obtener una tutela judicial efectiva, configurándose claramente una situación de denegación de justicia”.

Y agregó: “en este punto me posiciono no como jueza tucumana sino como operadora del Estado Argentino, en dicho rol tengo la obligación de garantizar que la señorita L. pueda acceder a la justicia y debo escoger el camino que sea más adecuado a tal fin, sorteando cualquier obstáculo o impedimento incluso formal que coarte esa posibilidad”.

Siguen esperando

De esa manera, la jueza resolvió rechazar el planteo de incompetencia formulado por Leguizamón y ordenar que la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual tome urgente intervención en el caso “a fin de realizar todas las medidas investigativas que sean necesarias y que se vinculen de forma directa con la víctima (entrevistas psicológicas, exámenes médicos, declaración testimonial, etc.), a fin de garantizar el derecho de la víctima de acceder a la justicia y que su causa avance y se investigue, permitiéndole con ello participar de las mismas, evitando situaciones que impliquen molestias innecesarias hacia su persona y que puedan derivar en una situación de revictimización”.

Por otro lado, “tomando en cuenta la extrema vulnerabilidad económica y social en que se encuentra inmersa la víctima”, resolvió que se oficie a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y a la Secretaría de Bienestar Social para que “pongan a disposición de la víctima de forma urgente tanto la posibilidad de realizar un tratamiento psicológico como también la posibilidad de acceder a una ayuda o apoyo económico que le permita subsistir en la provincia durante el tiempo que dure el proceso”.

Por último, envió un oficio a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio Público Fiscal y a la Jefatura de Policía de Santiago del Estero “a fin de que informen si existen causas que sindiquen a L. como víctima y, en caso afirmativo, se indique número de expediente o legajo, carátula, fecha de inicio del proceso, delito que se imputa, etapa procesal que transita y las resoluciones que se hubieran dictado en el marco de las mismas”.

Una semana más tarde, según aseguraron fuentes judiciales, no ha llegado una sola respuesta desde la vecina provincia.

¿Cómo sigue el caso?

Si bien el fallo de la jueza María Alejandra Balcázar rechaza el pedido de incompetencia presentado por el fiscal Marcelo Leguizamón, por tratarse de un hecho ocurrido en otra provincia, no es esta la última palabra. La causa deberá pasar ahora por un tribunal de impugnación para que resuelva si los abusos denunciados por L. serán investigados en Tucumán, donde se encuentra la víctima, o en Santiago del Estero. En paralelo, se inició un proceso civil con el objetivo de que la joven pueda recuperar a su hijo, que quedó en la vecina provincia y actualmente convive con los presuntos abusadores denunciados.