El Gobierno recupera un terreno tafinisto, pero detectan más usurpaciones en La Quebradita

La ocupación de tierras fiscales no cesa en Tafí del Valle. Si bien el Gobierno logró ayer la recuperación efectiva de una propiedad que había sido usurpada el año pasado, crecen las denuncias por conflictos similares en el área de La Quebradita. De hecho, la Dirección de Catastro analiza la presunta toma de más espacios de dominio público. Hoy los equipos técnicos terminarán de verificar la situación y, en caso de detectar irregularidades, elevarán informes a la Fiscalía de Estado.

El terreno que la Justicia restituyó ayer al Superior Gobierno de la Provincia, tras una sentencia favorable dictada en febrero de este año, tiene una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados. “Los plazos judiciales suelen ser bien largos. Este ha sido un caso rápido porque el demandado se allanó. La situación se debe a una acción de reivindicación de 2019 cuya ejecución se concreta hoy (por ayer). Es parte de la férrea defensa de los bienes e intereses públicos de propiedad provincial que llevamos a cabo por instrucción de nuestro gobernador”, expresó el fiscal de Estado, Federico Nazur.

El funcionario reiteró que continuarán los operativos para evitar nuevas usurpaciones y detectar las que ya están en curso. “Tafí del Valle está hoy sobre el tapete por las tierras que fueron recientemente ocupadas por comunidades indígenas, pero pasa en toda la provincia y sobre todo en puntos turísticos”, remarcó.

Grupos de propietarios del loteo de La Quebradita insisten en que hay más tomas sin atender en el histórico loteo. LA GACETA constató que en los terrenos señalados hay letreros y distintivos que pertenecen a agrupaciones indígenas. “Somos respetuosos de los procedimientos judiciales, del debido proceso y de los derechos que están en juego. Con la Comunidad Diaguita tuvimos una situación hace poco. Vamos a escuchar sus pretensiones y las canalizaremos por las vías correspondientes, pero nuestra obligación es la defensa del patrimonio público”, reiteró Nazur.

Alejandro Navarro, director de Catastro, destacó que la restitución del inmueble ocupado en 2019 ocurrió ayer sin inconvenientes. Adelantó, a su vez, que terminaban de verificar otras supuestas ocupaciones en “lugares cercados con palos y plásticos”.

“Las tomas continúan: aprovechan la noche para desmalezar y limpiar terrenos. Nos preocupa que se acerca la feria judicial y no se hicieron aún desalojos”, comentó Esteban Sanz, propietario en La Quebradita. Según los testimonios de los vecinos organizados, anoche avanzaba allí la ocupación de otro espacio verde.

Santos Pastrana, cacique de la Comunidad Diaguita, dijo ayer a este diario que la Policía y miembros de la Fiscalía realizaron operativos en la zona. “Servirá para que vean que los verdaderos usurpadores son los doble apellido, cuando todos dicen que somos ‘los indios’. Nuestra gente necesita viviendas y espera propuestas superadoras. Mientras, hacen el aguante”, manifestó.

Junto con otros referentes indígenas, Pastrana promueve una ley de tierras comunitarias que es acompañada por el legislador Jorge Yapura Astorga. En la Legislatura, este le contestó al intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, por sus reclamos ante la ola de tomas. “La casa de su padre está a 100 metros de una usurpación donde hay cabañas. Casi el 99% de los que están en La Quebradita han avanzado en contraposición de nuestra gente. Los usurpadores de espacios verdes son ellos”, reprochó el tafinisto y habló de derechos ancestrales.