MALESTAR. La asociación comenzó con los planteos en abril, y en octubre hizo una presentación por escrito con siete puntos de conflicto a solucionar.
“Esto es como pedir el divorcio: es cuando no hay salida, cuando te has cansado de que la otra parte lo único que hace es dañarte. Esto nos ha llevado a pedir el divorcio”. Con esa frase, Eduardo Vega Olguín, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Tucumán (Acyst), graficó a LA GACETA la decisión de rescindir el convenio con el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Ipsst o Subsidio de Salud). El acuerdo quedará extinto desde el 31 de diciembre. Lo que ocurrirá en adelante es incierto -por ahora-, dado que las conversaciones se estancaron y desde ambas partes se perciben ánimos crispados. En el medio, hay 330.000 afiliados expectantes.
La Acyst, que nuclea a 22 establecimientos privados de salud, decidió en noviembre dar de baja el acuerdo. Denuncia demoras administrativas, incumplimientos de los plazos para los pagos de las prestaciones y la no actualización de los aranceles desde 2019, entre otros puntos. Afirma que la pandemia de covid-19 dejó a los asociados en una situación de quebranto. “¿Cómo pretendés que alguien gaste diez, cobre seis y te siga atendiendo? Y si los cobrás a esos seis...”, expresó Vega Olguín, director del Sanatorio Rivadavia. Y agregó: “es un divorcio porque estamos hartos. No creemos, ese es el problema. No creemos y ya no nos alcanza”. De no hallar una solución, estimó que las clínicas deberán readecuarse y reducirse un 30%.
El interventor del Ipsst, Fernando Avellaneda, remarcó desde el inicio del conflicto que la institución que representa no puede otorgar una suba del 45% si los aportes de los beneficiarios este año se incrementaron un 13%. La comisión de Salud de la Legislatura y la Defensoría del Pueblo intervinieron, pero hasta ahora no lograron destrabar el problema.
El secretario de la asociación, Fernández Nougués, afirmó que en el Subsidio hay unas 2.300 carpetas de pacientes retenidas, sin poder ser cobradas, lo que representa meses de trabajo adeudado. A su vez, destacó el rol del sector privado en la pandemia. “Hemos sido los que más le hemos puesto el hombro. Hemos atendido más que el sistema público, incluso. Hemos recibido ‘toneladas’ de pacientes del sistema público al privado”, sostuvo. Por otra parte, denunció trabas para el cobro de internaciones de pacientes derivados con covid. Dijo que les reclamaron acreditaciones a pesar de que llegaban con una copia de la historia clínica con PCR positivo.
Los directivos cuestionaron también complicaciones a causa del coseguro y que se reconozca sólo $504 por una consulta médica. A su vez, aseguraron que la Provincia contrató por covid-19 camas básicas por unos $8.000 cada una, mientras que -dijeron- el Subsidio les reconoce a ellos sólo $2.526 por una cama de piso, con insumos y profesionales.
Conversaciones
En diálogo con este diario, Avellaneda buscó llevar tranquilidad a los afiliados y remarcó que el contrato actual rige hasta fin de año. “Estamos tratando de encontrar alguna salida, pero los pacientes se siguen atendiendo en los sanatorios”, dijo. Reconoció que aún no arribaron a un punto de encuentro con la asociación, pero afirmó que a pesar de las denuncias les están pidiendo ampliación de coberturas. “Si estuvieran cortados todos los puentes no estarían pidiendo ellos sumar prestaciones”, expresó.
Según Avellaneda, no es correcto que haya 2.300 carpetas retenidas, y afirmó que hay ocasiones en que se retrasan los pagos porque las clínicas piden prórrogas. A su vez, aseguró que la deuda que había con los prestadores fue cancelada. “Hoy nosotros deudas exigibles por contrato no tenemos nada; estamos al día con todos”, sostuvo.
El interventor remarcó que el Isspt no tiene los fondos para otrogar la suba que se les exige, pero que puede otorgar un 13%, y luego continuar negociando en enero. Afirmó también que el gobernador Juan Manzur está al tanto del conflicto. “Manifestó preocupación por la intransigencia de ellos”, aseguró.
Avellaneda, por último, consideró que los techos prestacionales de algunas prácticas son necesarios para controlar a los prestadores. A su vez, dijo que hubo acompañamiento de parte del Ipsst. “No es que la obra social los ha maltratado siempre, sino se hubieran ido antes”, opinó.
