A cinco años de las valijas de la Legislatura: las causas cerradas y las que siguen sin sentencia

Cinco años atrás, los fondos públicos que administraba el Poder Legislativo eran transportados en valijas, de una sucursal bancaria hasta la espejada sede de Muñecas 951.

Tras el escándalo por el manejo discrecional de ese dinero bajo el formato de subsidios o ayudas en efectivo a personas, régimen conocido como “gastos sociales”, se iniciaron cerca de una decena de expedientes en distintas órbitas judiciales.

Según las documentaciones a las cuales había accedido LA GACETA a lo largo de la investigación, más de $ 600 millones (unos 60 millones de dólares al cambio de entonces) habían sido destinados a asistencia social en el año electoral.

En 2016, la Legislatura eliminó el concepto de “gastos sociales”. Y con el correr del tiempo, la mayoría de las causas terminaron en el archivo, sin que se constataran delitos ni irregularidades. ¿En qué estado se encuentra cada uno de esos casos?

Causas judiciales por las "valijas legislativas"

1) Lavado de activos. El primer expediente abierto por presuntos delitos en el manejo de los fondos públicos de la Legislatura fue en el fuero federal. Tras las fotos y los informes de LA GACETA, el fiscal federal general Antonio Gustavo Gómez inició de oficio una investigación preliminar por posible lavado de activos. A partir de un pedido del entonces legislador Manuel Fernández, el caso pasó a manos del juez federal Daniel Bejas y del fiscal federal Pablo Camuña. Finalmente, se desestimó la pesquisa ya que no se logró identificar el delito preexistente necesario para considerar que se está frente a un posible lavado de activos.

2) Evasión Impositiva. El abogado penalista y ex candidato a legislador por la oposición Oscar López formuló una denuncia a partir de los datos publicados por LA GACETA para solicitar que se investigara a los autoridades y legisladores de la composición 2011-2015 por el supuesto delito de evasión impositiva, al interpretar que en rigor los “gastos sociales” formaban parte de los haberes de dichos funcionarios públicos y que no se estaba tributando ante el fisco los impuestos relativos a esos ingresos. El fiscal federal Carlos Brito había impulsado la investigación y había solicitado informes al Poder Legislativo sobre las dietas y otros datos administrativos-financieros. En agosto de 2018, tras un recurso planteado por el ex legislador Iván Llorens Dip, el camarista Ricardo Sanjuán dirigió el expediente a la Justicia provincial, al interpretar que no había indicios de posibles delitos de alcance federal.

3) Fraude a la administración pública. El abogado opositor López radicó una denuncia en el fuero provincial, en paralelo a la planteada en el ámbito federal, por presunto fraude a la Administración Pública y otros delitos mediante el manejo de los denominados “gastos sociales”. En un primer momento, el entonces fiscal de Instrucción Washington Navarro Dávila (hoy ministro Pupilar y de la Defensa) dispuso el archivo del caso por considerar que no había indicios de delitos, sobre todo basándose en el testimonio de contadores y abogados del Tribunal de Cuentas que habían trabajado en las distintas etapa de revisión de la ejecución de esos fondos. Pero el ministro fiscal Edmundo Jiménez resolvió retirar del archivo el expediente, que fue “desdoblado” –se inició en paralelo un caso contra el secretario de la Legislatura, Claudio Pérez- y girado a la Fiscalía de Instrucción a cargo de Claudio Bonari. A instancias del requerimiento elevado por el representante del Ministerio Público Fiscal, a mediados de 2019 el entonces juez de Instrucción Facundo Maggio (hoy vocal del Tribunal de Impugnación) dispuso el archivo del expediente. El trámite fue ratificado luego por la Cámara de Apelaciones.

4) Contra un funcionario legislativo. A partir de la denuncia del opositor López se abrió en paralelo una investigación por presunto enriquecimiento ilícito en contra del secretario de la Legislatura, Claudio Antonio Pérez, quien había sido tesorero del cuerpo legislativo cuando estalló el escándalo de las valijas. Este expediente permanece abierto, pero a partir del pedido del fiscal auxiliar Diego Hevia (en reemplazo del fiscal titular Ernesto Salas López), el proceso quedó a un paso de ser archivado, explicó López a LAGACETA.com. El caso depende ahora de la resolución del juez conclusional, Francisco Pisa.

5) Por la supuesta inconstitucionalidad. El ex legislador macrista Luis Brodersen planteó en 2016 a través de su abogado, Carlos Correa, una acción declarativa de certezas ante el fuero Contencioso Administrativo por la supuesta inconstitucionalidad en el manejo de los fondos para subsidios para personas por parte de la Legislatura. En el marco de este proceso, Brodersen aportó como evidencias las declaraciones periodísticas de su ex colega en el recinto, Reneé Ramírez (fue reelecto en 2019), en el cual reconocía que percibía $150.000 mensuales para “gastos sociales”. Poco después de que el legislador peronista expresara esa frase, la Legislatura resolvió derogar el régimen de ayudas sociales a personas. Este expediente continúa abierto, todavía sin sentencia de fondo.

6) Pedido de acceso a la información pública (I). El ex legislador radical Eudoro Aráoz planteó una acción de amparo, también ante el fuero administrativo, para lograr el acceso a la información relativa a las rendiciones de cuentas de los fondos aplicados en el marco de los gastos sociales. El 19 de septiembre pasado se dictó una sentencia interlocutoria en la cual se rechazó un recurso de casación interpuesto por la Provincia. Aunque el tribunal le dio la razón en este punto, Aráoz no ocultó su malestar porque el caso todavía no cuenta con un fallo de primera instancia. “La causa tuvo una tremenda injerencia directa e indirecta del poder político, y eso ha motivado que hasta ahora el expediente no tenga sentencia de fondo; era un simple amparo por información pública, lleva cuatro años sin esa decisión, y se le permite al Gobierno de la Provincia que dé trámite a chicanas procesales”, rechazó el ex presidente del Colegio de Abogados.

7) Pedido de acceso a la información pública (II). En un planteo similar al formulado por el legislador Aráoz, los abogados Rafael Eduardo Villagra Delgado y Raúl Moreno (ex concejal), entre otros, requirieron el acceso a la información referida a los desembolsos del Poder Legislativo bajo el concepto de subsidios. Este expediente también permanece abierto, sin sentencia de fondo, explicó Moreno a LAGACETA.com. “Es parte del deterioro de la Justicia de Tucumán”, lamentó Moreno.

8) Otros casos administrativos y penales. El Poder Judicial de Tucumán también desestimó los planteos formulados en paralelo por el abogado López (como representante del Partido Fe) ante el fuero administrativo y por el ciudadano Carlos Duguech (ante la Justicia penal). Ambos habían objetado el manejo de fondos por parte del cuerpo colegiado. Incluso, antes que estallara el escándalo de las valijas legislativas, Duguech ya había formulado planteos y denuncias en distintos ámbitos por los “gastos sociales”.