Tucumán continúa en mora en leyes de acceso a la información

El 28 de septiembre de 2016 la Unesco celebró por primera vez el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. En esa misma fecha, en Casa de Gobierno, el gobernador Juan Manzur se comprometió públicamente a adherir a la ley de acceso a la información pública (N° 27.275, que entró en vigencia en octubre de 2017). “Es una ley nacional y nos adherimos como lo hicimos con otras leyes que son buenas para el país y para la provincia”, había expresado tras un encuentro con los directivos de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa). Dos meses después, el entonces secretario general de la Gobernación y hoy diputado, Pablo Yedlin, había dicho que “la ley nacional es muy buena, pero nos entusiasma más armar una propia, que sea más ambiciosa”. Sin embargo, pasaron cuatro años y la Provincia sigue sin tener normas que ayuden a transparentar los actos del Estado.

Por mesa de entradas de la Legislatura no ingresaron proyectos del Ejecutivo al respecto. Sí, en cambio, legisladores -del oficialismo y mayoritariamente de la oposición- presentaron en los últimos cuatro años una decena de iniciativas de adhesión a la ley nacional. Sin embargo, la mitad de ellas quedaron caducas y fueron archivadas, mientras que las demás ni siquiera cuentan con dictamen favorable.

Durante la actual composición de la Cámara que preside Osvaldo Jaldo, se presentaron dos proyectos de adhesión a la ley nacional: uno del radical José María Canelada, ingresado ni bien resumió la banca, en octubre de 2019; y otro de Federico Masso (Libres del Sur), presentado en enero de este año. Además, todo el arco opositor hizo presentaciones para promover una ley de Ética en la Función Pública.

Canelada, que en su primer mandato impulsó la adhesión, embistió contra el titular del Ejecutivo por la mora. “Hay una característica que la gestión de Manzur no cambia: decir una cosa y hacer otra. El compromiso de impulsar una ley de acceso a la información pública sólo puede explicarse en el gestualismo hipócrita de quienes no creen en las bases del sistema republicano. Mantener el secretismo en la gestión del Estado es clave para quienes pretenden manejar los recursos públicos sin control. Por eso no aceptan debatir el tema, no está, ni estará en su agenda. Nosotros vamos a seguir reclamando, en la convicción de que Tucumán necesita volverse una provincia con más calidad institucional”, dijo a este diario.

Masso, por su parte, reconoció que hubo avances en el Estado en cuanto a transparencia, pero que es necesaria esta norma para coronar esas tareas. Advirtió, no obstante, que depende de una decisión política de la mayoría legislativa. “El Estado no le pertenece a quienes son sus responsables. Esos dineros y las políticas públicas que genera el Estado son patrimonio de los tucumanos y las tucumanas”, expresó.

A su vez, el ex diputado resaltó que dicha norma ayudará a quitar de la sociedad una idea errada, por ejemplo, del manejo de la Cámara. “Se cree que un legislador gana $500.000 al mes, que tiene gastos de funcionamiento, y no es la Legislatura que estamos viviendo. La sociedad, por qué no, puede saber quiénes son los asesores de cada legislador”, indicó, y destacó que dicho Poder ya se avanzó con la digitalización de las boletas de sueldo.