21 Septiembre 2020
Trabajo esencial, pero precarizado. Esta definición sobre los servicios de cadetería, conocido como “delivery” muestra los problemas de uno de los fenómenos laborales más importantes en medio de la emergencia de salud por el coronavirus. El servicio, que ya era inestable e inseguro antes de la crisis generada por la pandemia, creció geométricamente en estos seis meses de aislamiento y flexibilización y convirtió a los mensajeros y repartidores en figuras centrales en la comunidad.
Se calcula que antes de la pandemia había 4,000 cadetes en la provincia, pero en estos meses de requerimientos constantes de envíos de todo tipo de productos, se incorporaron unos 2.000 trabajadores informales al servicio de entrega con motocicleta y bicicleta, principalmente. “La actividad creció un 50%. Hoy cualquier almacén de barrio tiene un delivery, ya que mucha gente no puede salir de sus casas y necesita que alguien le lleve los productos”, explicó un referente de estos trabajadores.
Agregó que no están registrados formalmente, de lo que se infiere que las cifras son también precarias. “Estamos con mucha demanda. Crece día a día el servicio de mensajería pero también crece la informalidad. Está descontrolada. No hay orden ni reglas de juego claras”. Un estudio de 2019 del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) da cuenta de que había unos 60.000 cadetes en el país; que cuatro de cada cinco eran hombres y con una edad promedio de 38 años. Ciertamente, estas cifras se modificaron con la pandemia. Hoy los cadetes son protagonistas no sólo del disminuido mercado laboral sino también de daños colaterales: inseguridad y accidentes. “Hay muchos hechos denunciados; nos quitan el dinero, nos quitan la moto y en algunos casos también la vida”, dijo el referente, que graficó: “nos están cazando; todos los días nos ponen pistolas en la cabeza”. Dos cadetes fueron asesinados en Tucumán. En este sentido, a nivel nacional se hicieron al menos tres paros de cadetes en protesta. Cuando surgió la pandemia, una empresa hizo una campaña para llamar “héroes” a los cadetes. Ellos respondieron: “no somos héroes ni heroínas. Queremos medidas de seguridad”.
Este tipo de trabajo está fuera de las consideraciones laborales: la vinculación laboral es laxa -se externalizan los gastos ya que ellos aportan su teléfono y su medio de movilidad, y son considerados “colaboradores” por quienes los contratan-; carecen de servicio de salud y de cobertura de riesgos de accidentes; y las jornadas de trabajo pueden extenderse hasta 16 horas. Además, en muchos casos no se identifica al empleador, como ocurre con empresas que se extendieron como plataformas tecnológicas que contratan servicios sin tener oficinas o responsables en Tucumán, como explicó el referente.
La respuesta del sistema político ha sido de desconcierto. En la Capital Federal hay una ley de 2016 que se aplica a medias (la “Ley delivery”, N° 5.526) y a nivel nacional hay proyectos en el parlamento. Tucumán aún no ha enfocado este problema complejo. En lo inmediato, cabe esperar que se resuelvan asuntos básicos: cómo mejorar la seguridad -el referente dijo que nunca han podido reunirse con la Policía ni con la Secretaría de Trabajo- y cómo generar seguro de riesgos de trabajo. Se trata de un fenómeno que requiere la atención de los responsables de la sociedad. No se puede ser esencial y precarizado.
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