Los 19 hitos del conflicto judicial que tensiona a las instituciones provinciales
Una audiencia solicitada por el legislador Ricardo Bussi fue el punto de partida de los sucesos que desembocaron en la acusación del juez Enrique Pedicone contra el vocal Daniel Leiva y la interposición de siete pedidos de destitución en total en la Legislatura. Para desenredar esa madeja hay que seguir el hilo de tiempo que presenta las acciones, las reacciones y los posiciones de los protagonistas del conflicto.
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28 de julio
Audiencia en el caso “Bussi”
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Enrique Pedicone, juez de la entonces Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, celebra una audiencia oral y pública por pedido de Juan Colombres Garmendia (h), defensor del legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana). Asisten el abogado de Bussi y el de la víctima, Salvador Iovane (h), y el fiscal Alejandro Noguera. Tras el debate, Pedicone autoriza al legislador denunciado por supuesto abuso sexual e irregularidades en cuentas bancarias a acceder al proceso, y aparta al juez a cargo de la investigación jurisdiccional (procedimiento especial para fueros), Raúl Cardozo.
16 de agosto
La clausura del billar
Carlos Picón, fiscal de la Unidad Especial de Enfermedades Sanitarias, clausura el Bar y Billares Punto y Banca de esta capital con el argumento de que habría transgredido las medidas de prevención de la covid-19. Picón aprehende a 22 clientes y empleados; secuestra autos y cierra el billar, según Arnaldo Ahumada, defensor del comerciante Eduardo Marti.
17 de agosto
Comienza la miniferia
El fuero penal de la capital entra en el receso hasta el 31 de agosto inclusive dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán a los fines de implementar el nuevo Código Procesal Penal (2016) el 1 de septiembre. La Acordada 533 otorga las funciones de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción que integraban los jueces Pedicone y Eudoro Albo a la Sala VI de la Cámara Penal de San Miguel de Tucumán.
19 de agosto
Ingresa el hábeas corpus
Ahumada presenta un amparo, que entra a la órbita de la Cámara de Apelaciones. En ese escrito, el abogado aduce que la Fiscalía de Picón reclama tres lavarropas industriales para el Hospital del Este a cambio de levantar la clausura. El defensor de Marti expresa que no tiene acceso a las actas del procedimiento y solicita una audiencia de control de la actuación de Picón.
20 de agosto
Ruptura en la Corte
El camarista Pedicone ordena por la mañana la celebración de la audiencia para tratar el planteo de Ahumada, y cita a este; a Picón; al fiscal ante la Cámara de Apelaciones, Alejandro Noguera y a los jefes policiales encargados de practicar el procedimiento en Punto y Banca. De inmediato, Tomás Robert, secretario judicial del Ministerio Público Fiscal, invoca que la competencia estaba en la Sala VI, según la Acordada 533, y “desconoce” la orden judicial. Picón hace lo mismo a posteriori. Por la tarde, la Corte emite la Acordada 730 que ratifica que Pedicone y Albo no están afectados a la miniferia. La decisión prospera con los votos de los vocales Antonio Daniel Estofán, Daniel Leiva (foto) y Eleonora Rodríguez Campos mientras que Claudia Sbdar y Daniel Posse firman en disidencia: según la minoría, Pedicone y Albo debían ser afectados al receso.
21 de agosto
“Bochorno institucional”
Pedicone recibe a Ahumada y a su cliente, y a la Policía (Ricardo Fresneda y su abogado Roque Yñigo) en el pasillo de la Cámara de Apelaciones, y declara “estéril” la audiencia en atención a la Acordada 730 y envía las actuaciones a la Sala VI (ni Picón ni Noguera acuden al acto). El juez aduce que un relator de Leiva, Andrés Garmendia, lo había incitado a pedir la afectación en la feria y expone el intercambio de WhatsApp; informa que Mariana Merletti, directora de la Oficina de Gestión de Audiencias, le había negado la sala “por decisión de la Corte” y pide a los vocales que esclarezcan “el bochorno institucional”. Por la tarde, Marti cambia de abogado, y consigue la reapertura del billar y una rebaja en la reparación: al final entrega dos lavarropas al Hospital del Este.
28 de agosto
Sanción y división
Los vocales Estofán, Leiva y Rodríguez Campos aplican un apercibimiento a Pedicone por haber actuado “sin competencia” y “falta de decoro”. La presidenta Sbdar (foto) y su par Posse vuelven a disentir con la mayoría, y votan a favor de esclarecer el “bochorno institucional” que había descrito Pedicone. La decisión dividida consta en la Acordada 782/20.
1 de septiembre
Denuncia penal explosiva y estreno del Nuevo Código Procesal Penal
Horas después de que empezara a regir el nuevo Código Procesal, Pedicone interpone su denuncia contra Leiva. El escrito refiere que el vocal de la Corte habría intentado influirlo para que “manejara las intensidades” de la causa de Bussi en una conversación sostenida antes de la audiencia del 28 de julio en la confitería Ohana de esta capital. Según Pedicone, Leiva hizo el pedido invocando los nombres del gobernador Juan Manzur (foto) y del vicegobernador Osvaldo Jaldo (foto). El denunciante presentó un acta manuscrita del secretario Fernando Valladares firmada ese mismo 28 de julio en la que consta que el actuario oyó por el altavoz la propuesta de Leiva para conversar unos “minutitos” antes de la audiencia y, luego, anotó lo que el juez le comentó que había sucedido en Ohana. Además, Pedicone dijo a la Justicia que iba a entregar los audios que había grabado cuando lo citaran a declarar. Ese mismo 1 de septiembre, Leiva negó los hechos: dijo que “jamás se había reunido con una magistrado para influir en una causa”, y que Pedicone lo denunciaba en devolución del apercibimiento impuesto el 28 de agosto y porque estaba inquieto por la suerte de un centenar de fallos en los que había liberado a presos con preventiva.
2 de septiembre
Conmoción y envío al viejo sistema de tramitación de causas
La noticia de la denuncia de Pedicone contra Leiva conmueve las estructuras del poder. Manzur y Jaldo “niegan los hechos”, e indican que su dilucidación corresponde a la Justicia. Bussi se presenta como “víctima” de una maniobra pergeñada por el Gobierno de Manzur para obtener los votos necesarios a los fines de habilitar la reforma constitucional que le permita la reelección indefinida. El Colegio de Abogados de la Capital pide una investigación urgente y transparente mientras que la Asociación de Magistrados de Tucumán exhorta a tratar el tema con seriedad, y ratifica su “plena confianza” en la independencia e imparcialidad de la judicatura. El mismo día, Daniel Marranzino, ministro público fiscal subrogante (reemplazaba a Edmundo Jiménez) resuelve enviar la denuncia de Pedicone a la fiscala Mariana Rivadeneira para que considere la posibilidad de darle el trámite de la investigación jurisdiccional del Código de 1991. Marranzino alega que los hechos habrían ocurrido el 28 de julio y que el artículo 6 de la Ley 8.934 obligaba a mandar la causa “Leiva” al esquema de conclusión de procesos iniciados con el antiguo sistema. El juez Juan Francisco Pisa se erige en candidato firme a dirigir la pesquisa.
3 de septiembre
La Iglesia y Jaldo fijan posiciones
En un inédito comunicado conjunto, los obispos tucumanos Carlos Sánchez y Melitón Chávez advierten que la denuncia contra Leiva ponía en tela de juicio el “mismo sistema republicano y democrático” de la provincia, y que “la situación era peligrosa”. “Repudiamos enérgicamente cualquier acto que vaya en contra de la independencia judicial”, manifiestan los pastores. Jaldo, por su parte, intima públicamente a Pedicone a entregar las grabaciones que aquel había mencionado en su denuncia. “No hay dudas de que la acusación es grave ni de que causa conmoción social e institucional. Pido y exijo como segunda autoridad de la provincia que Pedicone presente ante la Justicia las pruebas que dice tener porque es preocupante que un magistrado, que debe hablar por medio de sus sentencias, se pasee como un actor de cine mostrando (un pendrive) o diciendo tener elementos probatorios que debió presentar ante los Tribunales”, dice.
4 de septiembre
La Legislatura pide a la corte los fallos de Pedicone que citó Leiva
Regino Amado, presidente subrogante del Poder Legislativo, dirige una nota a Sbdar, presidenta de la Corte, con copia a Leiva, en la que solicita el detalle de las sentencias de Pedicone relativas a liberaciones de presos que había citado el vocal denunciado. A modo de fundamento, cita la Resolución 45/20 del 11 de junio referida a las excarcelaciones producidas en la cuarentena más estricta. Firman esa solicitud los legisladores Gerónimo Vargas Aignasse, Javier Morof y Javier Ferrazzano. Por separado, el defensor del Pueblo, Fernando Juri Debo (foto), realiza idéntica petición. Por separado, la sindicalista Alejandra Martínez y el abogado Gustavo Morales reclaman a la Corte que sustancie un sumario administrativo respecto de Leiva. Pedicone por su parte responde a Jaldo que entregará los audios si los fiscales Marranzino y Rivadeneira le ofrecen garantías, y les avisa que irá a la prensa y a instancias internacionales, así como comienza a demandar la aplicación del nuevo Código Procesal.
5 de septiembre
El actuario Valladares se retracta y aparecen sus grabaciones
Valladares (foto) se presenta ante el Ministerio Público Fiscal y declara que el acta manuscrita del 28 de julio no es veraz. El actuario manifiesta que Pedicone le había dictado el contenido del instrumento público y que él obedeció “por temor reverencial”. Consultado al respecto, Pedicone afirma que había grabado también al funcionario judicial antes y después de presentar la denuncia “porque sabía que iban a ir por él y el acta”. “Allí pueden escuchar que Valladares ratificó por completo lo que escribió y que yo le advertí que lo presionarían”, añade y adjunta los archivos. Por su parte, el presidente del Colegio, Marcelo Billone, propone que los jueces tomen una licencia “por el bien de la institución” a la que pertenece y desliza que habría que analizar si la Legislatura no se inmiscuyó en el terreno de otro poder del Estado al requerir el listado de fallos de Pedicone confeccionado por Leiva.
6 de septiembre
Publicidad para los audios y casos
A las 11 de la mañana, LA GACETA pone a disposición de sus audiencias las grabaciones que tomó Pedicone con un iPod (foto) y que acreditarían los supuestos delitos endilgados a Leiva. Ese mismo día, el Poder Legislativo difunde un listado remitido por el vocal denunciado de 104 causas (no 107) correspondientes a presos liberados por Pedicone. Esteban Jerez, defensor del juez supremo y ex fiscal anticorrupción, sostiene que los audios ”son fabricados”, al igual que el acta, y reitera que la conversación nunca existió. Además, el abogado de Leiva afirma que el denunciante amedrentó a Valladares.
7 de septiembre
Pedicone toma licencia y entran los primeros tres pedidos de expulsión
Pedicone saca licencia en el Tribunal de Impugnación; propone al denunciado peritar sus respectivos teléfonos; solicita a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán que le preste el Aula Magna para hacer una audiencia con su denunciado; cuestiona el listado de causas y comunica su situación a una serie de embajadas de países democráticos, entre ellos Italia, por su condición de ciudadano de esa nación. Por separado, dos militantes de Pro, el abogado Nicolás Mirande y el ingeniero Fernando Vera del Barco, y la gremialista Martínez y el letrado Morales solicitan la destitución de Leiva a la Legislatura. El ex juez y abogado jubilado Carlos Mayer pide a ese órgano del Estado que eche a Pedicone en representación de una víctima de delitos. Manzur por su parte insiste con que “el tema” pertenece a la órbita de la Justicia y que allí deben resolverlo, y afirma que él no había pedido a Leiva que haga gestiones ante Pedicone por la causa de Bussi. En otro pronunciamiento del presidente Marcelo Billone y el vicepresidente Carlos Casal, el Colegio de Abogados objeta las conductas de la Legislatura, del vice Jaldo y del defensor del Pueblo. Jerez informa que Leiva no tomará licencia “porque la denuncia es falsa”.
8 de septiembre
Llegan otros planteos de juicio político y Jaldo critica al colegio
Diez dirigentes de Juntos por el Cambio se unen para pedir la destitución de Leiva mientras que el ex legislador Juan Eduardo Rojas requiere la de Pedicone en representación de otras dos víctimas de delitos. “El reclamo por el que el Colegio de Abogados considera que se vive una grave afectación a la institucionalidad no se condice con la extrema gravedad que esta Legislatura viene atendiendo desde junio, cuando por unanimidad, mediante la Resolución 45/20, solicitó un informe pormenorizado de las excarcelaciones dispuestas durante la cuarentena”, dice Jaldo. El vicegobernador agrega que en Tucumán rige la división de poderes y la independencia judicial. Por su parte, los consejeros de la Facultad de Derecho rechazan el pedido del Aula Magna y se limitan a solicitar una investigación urgente.
9 de septiembre
Pedicone ratifica la denuncia y Leiva dice que no hay delito
En un acto virtual con abundante asistencia, Pedicone corrobora la presentación del 1 de septiembre y requiere a la fiscala Rivadeneira (foto) que aplique el “procedimiento oral y público” del nuevo Código, o le permita acordar condiciones de transparencia con Leiva en virtud de una cláusula vigente incluso para el viejo sistema. Por escrito, la defensa del vocal vuelve a negar todo; plantea que si el diálogo hubiese existido, tampoco configuraría delito, y solicita a Rivadeneira que archive la denuncia. Además, trasciende que la presidenta Sbdar había dicho a la Legislatura en julio que todo el Poder Judicial había liberado 235 presos en la cuarentena al responder el informe de la Resolución 45/20. La Legislatura sesiona e impide que el bussismo haga manifestaciones sobre el caso “Leiva”.
10 de septiembre
“Bocinazo”, interés por los fallos de otros jueces y Zoom apagado
En auto y con el ruido de las bocinas, protestan contra el llamado “Leivagate”. El legislador Vargas Aignasse opina que la Corte jamás envió los nombres de los jueces que habían liberado presos pedida en la Resolución 45/20 mientras que Pedicone informa a Jaldo que él sólo excarceló a 6 de los 235 contados por Sbdar. “¿Quiénes liberaron a los 229 restantes?”, interroga el denunciante. Además, se filtra que hubo empate en la elección del Colegio de Jueces de la capital y que el acto terminó abruptamente por la desactivación del Zoom.
11 de septiembre
Propuesta de licencia para Bussi y nuevo round Colegio-Jaldo
El legislador alfarista Raúl Pellegrini sugiere que Bussi debe tomar licencia por la denuncia existente en su contra, y porque tendría que votar en los procedimientos de destitución de Leiva y de Pedicone. Billone y Casal envían una respuesta durísima a Jaldo: le dicen que no se ajusta a la verdad y advierten que la Legislatura prejuzgó a Pedicone al solicitar el listado de causas. Por separado, fracasa el intento de apartar a Leiva del Jurado de Enjuiciamiento del juez Roberto Guyot: sólo Bussi vota a favor del planteo mientras que el defensor Jerez avala a su cliente. María Balcázar llega a la presidencia del Colegio de Jueces por el abandono de la contienda del juez Federico Moeykens mientras que Carlos Caramuti se erige en titular del Tribunal de Impugnación en un Zoom donde Pedicone expone reproches contra el representante y Facundo Maggio. En una capacitación virtual de la Asociación de Magistrados de Tucumán, Eugenio Zaffaroni, juez interamericano, critica la prisión preventiva y la define como una pena previa sin condena.
13 de septiembre
Siete denuncias en la Legislatura
El tablero de las peticiones de destitución registra cuatro denuncias contra Pedicone (dos de Rojas; una de Mayer y otra del abogado Carlos María Gallardo) y tres contra Leiva (Mirande y Vera del Barco; Morales y Martínez, y dirigentes de Juntos por el Cambio). LA GACETA remite un cuestionario con las mismas 20 preguntas para los abogados de las partes: Ahumada y Fernanda Battig, por Pedicone, insisten en que Leiva debe renunciar mientras que el letrado Jerez se excusa de contestar y alega que el conflicto debe ser dirimido en el Poder Judicial.
