Solicitud de sumario administrativo para un juez del alto tribunal

El abogado Nicolás Mirande y el ingeniero Fernando Sergio Vera del Barco, ambos del Pro, se dirigieron a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Sbdar, para solicitarle que disponga un sumario respecto de uno de sus compañeros del alto tribunal, Daniel Leiva, y lo suspenda preventivamente hasta que quede aclarada su responsabilidad penal. Mirande y Vera del Barco dijeron que, más allá del resultado de la denuncia interpuesta por el juez Enrique Pedicone contra Leiva, correspondía determinar si la conducta era pasible de una sanción administrativa.

Mirande y Vera del Barco fundaron su requerimiento en los hechos ventilados el 1 de septiembre, cuando Pedicone denunció a Leiva por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de influencias, coacción y violación de los deberes de funcionario público. El nudo de esa acusación es la atribución al vocal de un intento de influir en la marcha de la causa por supuesto abuso sexual e irregularidades con cuentas bancarias contra el legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana). “Leiva manifestó que el pedido se hacía en nombre del gobernador Juan Manzur y de su vice Osvaldo Jaldo, según se desprende del audio que grabó Pedicone”, expresaron.

El abogado y el ingeniero consideraron que la titular de la Corte tenía que abrir una pesquisa interna: “el artículo 15 de la Ley Orgánica de los Tribunales establece la facultad de la presidenta para cuidar la disciplina del cuerpo. Por esta razón, es responsable de arbitrar los medios para que el máximo tribunal aplique las sanciones pertinentes”. Mirande y Vera del Barco afirmaron que los vocales del alto tribunal no debían ser eximidos, bajo ninguna circunstancia, de la aplicación de sanciones durante su mandato, del mismo modo que cualquier funcionario público de rango inferior y de acuerdo con el principio constitucional de igualdad ante la ley. “Todos los funcionarios públicos que juraron ante la Constitución (incluso los de la Corte) están sujetos a los procedimientos disciplinarios que la ley determina”, reiteraron.