Vidas amenazadas por la crisis - LA GACETA Tucumán

Vidas amenazadas por la crisis

07 Sep 2020 Por Irene Benito

Se pregunta la ciudadanía qué pasará con el denunciado Daniel Leiva, vocal de la Corte de Tucumán; con el denunciante Enrique Pedicone, juez del Tribunal de Impugnación, y con la Legislatura, con el Poder Ejecutivo y con la propia Justicia ahora que las piezas sustanciales del descalabro que los involucra han quedado expuestas. Quizá hoy lunes 7 de septiembre de 2020 algunos de esos interrogantes comiencen a quedar despejados o tal vez no, y surjan preguntas y giros nuevos que estrangulen más este rizo mortífero. Después de lo visto en los últimos días y tiempos, cualquier cosa puede acontecer. Si hasta la fe pública judicial ha quedado estropeada tras los vaivenes del secretario Fernando Valladares. La institucionalidad está pulverizada y la provincia transita por una zona de peligro, como lo señalaron con todas las letras los obispos Carlos Sánchez y Melitón Chávez. Es que cuando se desmoronan las convenciones concebidas por la civilización para asegurar la paz social, retornan el canibalismo y la pulsión salvaje. De sobra sabe “Trucumán” las tragedias que puede producir ese estado de naturaleza regido por la ley del más fuerte.

Inquieta el final abierto de la escalada de tensiones que coincide con una coyuntura estresada por la pandemia; la escasez material; la impunidad, y la lucha política devastadora de la palabra y la verdad, pero lo más preocupante es que en estas jornadas delicadísimas el Estado y sus agencias especializadas se abstuvieron de activar los mecanismos de protección de las vidas de los dos seres humanos claves de esta historia: Leiva y Pedicone, o Pedicone y Leiva, como guste la audiencia. No consta, efectivamente, que el Gobierno de Juan Manzur y el propio Ministerio Público Fiscal hayan actuado para preservar la integridad física de los jueces implicados en la disputa y de sus entornos. Esto ni siquiera ha ocurrido luego de que Pedicone se emocionara en los estudios televisivos mientras relataba que sus parientes estaban sufriendo como consecuencia de su decisión de denunciar los presuntos delitos cometidos por el vocal.

Parece evidente por qué hay que cuidar al denunciante: es el testigo directo de los supuestos hechos ilícitos que narró; el que solicitó el acta vapuleada y el que presentó las grabaciones incriminatorias. Pedicone, además, ya dijo que no confía en la Justicia que debe investigar su denuncia: el viernes objetó la decisión de Daniel Marranzino, sustituto del ministro público fiscal Edmundo Jiménez, que remitió el proceso al sistema “escrito y secreto” del antiguo Código, que por cierto nunca llegó a nada respecto de los cientos de casos contra funcionarios públicos tramitados con la impotente pesquisa jurisdiccional. El juez también ha dicho que carece de acceso al dictamen de Marranzino -sacó una licencia oportuna el viernes- y de garantías, y que sólo le queda apoyarse en la prensa y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tal vez esté naturalizado, pero es un miembro del Poder Judicial el que en este caso asegura que esa organización no le ofrece certezas de un proceso justo y transparente. Da para pensar, ¿no? El oficialista Javier Morof, quien evidentemente no se ve en la piel ni se pone en los pies de quienes tienen que enfrentar a unos Tribunales en los que no creen, opinó que era un mero pretexto esta cuestión de las garantías.

Agrade a quien le agrade lo que dicen y hacen, Pedicone y Leiva son magistrados de la Constitución: la preservación de sus personas importa per se y sin más explicaciones, pero también por lo que representan. Desde el momento en el que juraron en sus cargos y, más aún, desde la interposición de la denuncia, su existencia es una cuestión de Estado de primera importancia y las autoridades podrían ser responsabilizadas por las vicisitudes que aquellos corran. Sobran los ejemplos de tragedias: hay que tener la sabiduría de salir de la lógica facciosa y entender que en estas horas la prioridad es evitar cualquier acontecimiento que pueda resquebrajar aún más el escenario.

Más allá de los embates que enfrenta, Leiva goza de la presunción de inocencia hasta que una sentencia indique lo contrario, máxime cuando él ha negado al menos tres veces en este diario haber “intentado influir a Pedicone o a cualquier magistrado en la decisión de una causa”, y alega que es víctima de una falsedad sostenida sobre actas y audios apócrifos. Aún una eventualísima condena no daría derecho a nadie, mucho menos a quienes ejercen el poder estatal, a cometer abusos. Estas son las reglas, y valen indiscriminadamente y no según el antojo de quien las aplica: la cláusula de la igualdad ante la ley es, al final, el último remedio contra la tiranía. Existe un motivo adicional para resguardar al vocal de la Corte: es alguien que ha trabajado durante décadas en los circuitos del poder y, como conocedor de primera mano de ciertos entresijos, podría ser el depositario de información que algunos o muchos preferirían esconder. Es lo que se conjetura en el foro a partir del currículum del juez supremo y de cierto temor de que, en un momento de debilidad del Estado de derecho, algunos se sientan tentados a emular los procederes de “El Padrino”, la obra maestra de Mario Puzo.

Quizá en medio de tanto ruido alrededor de lo que pasó antes de la audiencia oral y pública solicitada por la defensa del legislador Ricardo Bussi se pierdan de vista las amenazas latentes en una jurisdicción que no se ha caracterizado por proteger a los testigos en casos críticos (véase el proceso “Lebbos” para más ilustración) y que, al menos en causas de interés público, no ha aplicado la Ley del Arrepentido, aunque, para algunos, la “presentación espontánea” de Valladares, otro personaje que ha de ser protegido, pueda llegar a configurar un estreno en esas lides en cuanto, al controvertir la versión de Pedicone, también habría admitido un delito. La crisis, en fin, es muy opresiva y desafía a quienes deben resolverla. Pero lo primero es poner a salvo el valor supremo que justifica la democracia y la república porque, como dijo André Malraux, “he aprendido que una vida no vale nada, pero nada vale una vida”.

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