¿Cuál es el plan?

02 Sep 2020 Por Marcelo Aguaysol

El Gobierno se acostumbró a vivir para la coyuntura. Es cierto, no hay crisis económica, sino financiera. Una gestión que administra $ 156.200 millones no puede aducir problemas de solvencia, sino de liquidez. La recesión que se arrastra desde hace más de tres años ha golpeado con fuerza las cuentas públicas provinciales de 2019. La explosión del gasto público ha sido tal que la administración del gobernador Juan Manzur debió arrancar su segundo mandato con un rojo fiscal. Luego vino la pandemia del coronavirus, que agravó aún más el cuadro financiero. Durante el primer semestre, la provincia tuvo que salir a pedir plata al agente financiero de la provincia y a los padrinos mágicos que residen en la Casa Rosada. Hacia fines de junio, pudo sacar la cabeza del agua y anunciar que se tornaba regular la inyección de fondos (producto de la recaudación propia y de la distribución de fondos coparticipables) con el que se abonan los salarios a los 110.000 estatales tucumanos. Aún así, es probable que este mes, el Ministerio de Economía deba pedir una ampliación del Presupuesto vigente para incorporar erogaciones por casi $ 20.000 millones (muchas de ellas producto de la pandemia) y también ingresos (ayudas federales más que locales, por efecto de la prolongada cuarentena). Son los recursos de los acuerdos Nación-provincias.

Los ingresos se están recuperando respecto de la fuerte caída de fines de marzo y todo abril. La brecha entre los gastos y los ingresos no es tan pronunciada. Por el lado de las erogaciones, además de los aportes realizados por los poderes Legislativo y Judicial y otros organismos públicos, a Tucumán la cuarentena le ha costado no menos de $ 3.000 millones extra para reforzar las partidas con las que se financia el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) y también para los programas sociales y alimentarios con financiamiento local. Sin embargo, el déficit seguirá siendo el signo de estos tiempos de covid-19. De mantenerse el actual esquema financiero, Tucumán cerrará el pandémico 2020 con un resultado negativo de no menos de $ 6.000 millones (el equivalente a una planilla salarial mensual del sector público). Esa cifra es un tercio de lo que había proyectado el propio gobernador cuando le fue a pedir plata directamente al presidente de la Nación, Alberto Fernández.

A dos meses de elevarse a la Legislatura el proyecto de Presupuesto para el año electoral 2021, la Provincia debe cerrar algunas cuentas pendientes que condicionan el rumbo financiero que se viene. Uno de esos problemas es la refinanciación de la deuda previsional con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que asciende a $ 1.345 millones. Durante el mes que acaba de pasar, los distritos subnacionales obtuvieron un “perdón” de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para postergar, por 45 días, el pago de esa obligación. En realidad, el pedido generalizado es que ese compromiso se abone a partir de enero del año que viene.

Manzur, en tanto, cree que la suerte comenzará a cambiar durante ese segundo semestre que transcurre. Hubo anuncios nacionales millonarios en obras para Tucumán que pueden llegar a movilizar no menos de 5.000 puestos laborales. Tucumán ha pasado el tamiz de los proyectos ejecutivos que se requieren para ser sujetos de crédito ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los tiempos dan para hacer campaña, anunciar licitaciones y cortar cintas en 2021. El gobernador necesita imperiosamente sostenerse en la consideración pública. En eso sustenta las salidas los siete días de la semana a localidades tan distantes en el mapa provincial. Pocos son los funcionarios que pueden seguirle el ritmo de 14 horas de recorridas. La cuarentena y los cambios de fase han golpeado su imagen. Empresarios desesperados, negocios cerrados, falta de cumplimiento social de las medidas de bioseguridad y quejas de actividades que no tienen el mismo trato que otras a la hora de los retrocesos para aislar más a la economía del virus forman parte de las demandas diarias hacia la Casa de Gobierno. La realidad epidemiológica de la provincia gobernada por un médico sanitarista muestra que Tucumán no es una isla y que la curva de contagios sigue creciendo porque la circulación viral comunitaria no da tregua. Hay culpas compartidas. Pero hoy es momento de encontrar soluciones y, de ser posible, intentar prevenir más contagios para que las postales y las imágenes que nos llegaron de otras partes del mundo no se repliquen en territorio tucumano.

En algún momento, el gobernador y su gabinete tendrán que salir de la cuarentena y empezar a pensar en el Tucumán pospandemia. Tal vez se esté haciendo, pero no es sistemático. Las entidades intermedias siguen reclamando participación; no en las decisiones, pero sí en la formulación de los proyectos del plan para encarar la nueva normalidad. A lo largo de su primer mandato, Manzur ha mostrado una impronta de pragmatismo y conciliación para acercar lo público con lo privado. Tal vez, para superar la prolongada cuarentena, sea hora de desempolvar viejas estrategias, apelar a una convocatoria amplia -no necesariamente presencial- y volver a discutir iniciativas más allá de la coyuntura institucional, política, económica, financiera, social y electoral. Allí, quizás, se encuentren las respuestas para salir de la crisis financiera, con medidas que tiendan a potenciar las actividades productivas, industriales y empresariales que redundan en una mejor recaudación.

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