“El concurso es el camino a la transparencia institucional”

Otra entidad intermedia local sumó su voz al rechazo de las designaciones y de los ascensos discrecionales de parientes de autoridades del Poder Judicial provincial. “No es nuestra intención poner en duda la capacidad de las personas, pero estamos convencidos de que abrir concursos que establezcan quiénes son los ciudadanos aptos para ocupar dichos espacios públicos es el camino hacia una mayor transparencia institucional”, dijo la Sociedad Rural de Tucumán en un pronunciamiento en el que también se opuso a la reforma tribunalicia federal y nacional que debate el Congreso de la Nación.

La organización de productores que preside Sebastián Murga se dirigió a las cabezas de la Justicia que quedaron implicadas en las revelaciones de nepotismo. “Queremos llamar a la reflexión a los funcionarios judiciales de Tucumán que en los últimos días fueron noticia por el nombramiento de familiares directos en cargos de tanta relevancia”, manifestó la Rural. Y añadió: “debemos defender nuestra república. Estamos obligados a hacerlo para poder caminar hacia la Argentina que queremos”. En otra parte del comunicado, la entidad agradeció y saludó a los ciudadanos que salieron a la calle de manera espontánea el lunes 17 de agosto para reclamar “institucionalidad, republicanismo, transparencia y defensa de la propiedad privada”, y repudiar la reforma judicial que propone el presidente Alberto Fernández. La Sociedad Rural dijo que esos cambios ponían en alerta a la sociedad: “no conducen a nada en los tiempos de extrema crisis sanitaria que estamos viviendo agravada por la situación económica que atraviesa nuestro país. Es momento de respetar la Constitución Nacional y las leyes”.

Reacciones y justificación

La declaración antinepotismo de los ruralistas se suma a las expresiones de rechazo que antes habían formulado los colegios de Abogados por medio de los directivos Marcelo Billone y Carlos Casal (Capital), y Gustavo Geria Lépore (Sur), y los gremialistas judiciales Alejandra Martínez y Omar Maldonado. Los radicales José Cano (diputado) y José María Canelada (legislador) también condenaron la práctica, así como otros ciudadanos y profesionales a título personal (Oscar López, Gustavo Morales, Nicolás Pedro Brito y Nicolás Mirande).

Canelada, por su parte, pidió acceso detallado al plantel del Ministerio Público de la Defensa que dirige Washington Navarro Dávila y, junto a sus pares Walter Berarducci, Federico Masso, José Ascárate, Raúl Pellegrini y Raúl Albarracín, presentó un proyecto de ley para que los auxiliares de defensor y de fiscal sean escogidos por concurso y no discrecionalmente, como sucede ahora. Martínez, Morales y Luis Romero Abadie por su parte judicializaron el último de los dos ascensos interinos que Navarro Dávila otorgó a su hija, la auxiliar Magdalena Navarro Vitar, y solicitaron a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que se abstenga de promover a cuatro agentes vinculados a jueces y altos funcionarios, dos de los cuales ya lograron ascender (se informa por separado).

El debate sobre el nepotismo comenzó hace casi un mes, cuando la Corte publicó la acordada de ascenso interino de la funcionaria Lucila Bercovich, hija de la presidenta Claudia Sbdar, a relatora del vocal Daniel Posse. Esta incorporación implica que la mayoría de los integrantes de la Corte tiene hijos que trabajan en esa esfera en virtud de decisiones discrecionales. A finales de 2017, Posse había designado a su hijo, el licenciado Facundo Posse, como secretario privado. En septiembre, el vocal decano Antonio Estofán nombró a su hija, la abogada litigante María Marta Estofán, como su relatora. Antes, el ingeniero Juan Pablo Estofán se había integrado a la Dirección de Sistemas de los Tribunales. Estos nombramientos prosperaron sin la firma del progenitor. En el de Bercovich, que había accedido a su primer empleo judicial por concurso, intervinieron los vocales Estofán, Posse, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos.

Una semana después de la incorporación de Bercovich, el ministro público Navarro Dávila formalizó el segundo ascenso interino en menos de ocho meses para su hija, la funcionaria Navarro Vitar. Por medio de la misma resolución, el jefe de los defensores promovió también a Anabella Maza Villalba, hija de Silvio Maza Villalba, titular de una Defensoría Oficial. Al igual que Navarro Vitar, Anabella Maza Villalba había recibido un ascenso previo en diciembre de 2019. Ambas habían ingresado por concurso, según las fuentes judiciales.

Ninguna de las autoridades consultadas quisieron hacer comentarios sobre el nepotismo, con la excepción de Estofán, quien reivindicó las designaciones discrecionales de parientes siempre que estos sean “idóneos”. “Cada vocal es dueño de designar a quien quiera y el resto no puede oponerse, siempre y cuando los elegidos cumplan con el requisito de idoneidad”, dijo el 2 de agosto. Y agregó: “de frente he designado a mi hija (María Marta Estofán) porque es idónea: la ley no dice que deba ser la mejor. El relator tiene que disponer de la absoluta confianza y de la lealtad del vocal”.