EL HECHO. Franco fue acribillada a balazos el 14 de marzo de 2018, cuando tenía 38 años.
La fiscalía de Brasil afirmó que “no hay duda” de la culpabilidad de los dos políticos acusados de ordenar el asesinato de la concejala Marielle Franco, durante el inicio de un juicio, ocho años después de este crimen que conmocionó al país.
Ícono de la causa negra y LGTB y ferviente opositora a las milicias que operan en Rio, Franco fue acribillada a balazos el 14 de marzo de 2018, cuando tenía 38 años, mientras viajaba en su auto por el centro de Rio de Janeiro, la ciudad de la que era concejala. Murió en el acto, al igual que su chofer Anderson Gomes.
El tirador y un cómplice ya fueron condenados a largas penas de cárcel en 2024. La fiscalía acusa al ex diputado Chiquinho Brazao y a su hermano Domingos, ex legislador de Rio, de haber ordenado el homicidio. Con las pruebas presentadas no hay duda de la“autoría delictiva de los hermanos en los homicidios, dijo a los jueces de la Corte Suprema en Brasilia el vicefiscal Hindenburgo Chateaubriand.
Según la acusación, Franco se oponía en el concejo municipal a propuestas de los hermanos para legalizar la apropiación de tierras por parte de milicias, grupos criminales que controlan zonas de Rio.
Influyente
Procedente ella misma de una favela, Marielle defendía a los habitantes de barrios pobres, sobre todo de jóvenes negros, mujeres y personas de la comunidad LGTB y “se perfiló como un riesgo para los intereses de los hermanos Brazao”, apuntó el vicefiscal.
Anielle Franco, hermana de la concejala asesinada y ministra de Igualdad Racial del gobierno de izquierda de Luiz Inácio Lula da Silva, asiste al juicio, al igual que otros miembros de su familia. Debe dejar de ser “admisible que una concejala sea asesinada”, sostuvo.
Formadas en Rio hace 40 años por ex policías como células de autodefensa contra el narcotráfico, las milicias se convirtieron en bandas que practican todo tipo de extorsiones. Beneficiadas por políticos de alto nivel, se apropiaron de terrenos públicos para construir ilegalmente viviendas o edificios comerciales. “Personas que se consideraban intocables están hoy en el banco de los acusados”, observó Jurema Werneck, directora de Amnistía Internacional en Brasil.
