El colectivo denominado “Penalistas Tucumán” solicitó el esclarecimiento de las irregularidades que ventilaron los fiscales de Instrucción de la capital, Claudio Bonari e Ignacio López Bustos, y sanciones para ambos. “Repudiamos las agresiones y abogamos por una Justicia independiente”, expresa el pronunciamiento firmado por los letrados Analía Domínguez, Gloria Hansen, Javier Ledesma, Gerardo Mignone y María Moya.
Los penalistas subrayaron el mutismo institucional que había alrededor del conflicto entre Bonari y López Bustos, donde el primero había afirmado que el segundo lo investigaba ilegalmente y hasta había sometido a la madre de su hijo a “violencia institucional”, y el segundo atribuyó dos episodios de amenazas al primero.
“El silencio habla”, dijeron. “¿Por qué existiría una investigación ilegal contra Bonari? ¿Por qué López Bustos dijo que había sufrido actos intimidatorios por parte de su par por investigarlo en una causa de violencia de género? ¿Corresponden sanciones para ambos? Sí. ¿Quién debe sancionar? El ministro público fiscal (Edmundo Jiménez)”, expresaron.
El grupo de Domínguez, Hansen, Ledesma, Mignone y Moya advirtió que las denuncias graves que los fiscales se hicieron recíprocamente atentaban contra su independencia, y planteó un interrogante acerca de quién controlaba al Ministerio Público Fiscal. “Hacemos un reproche moral a la conducta de los funcionarios puesto que ellos deben manejarse en la vida y en sus funciones de manera decorosa, y con respeto a la ética y a la moral”, observaron los penalistas.
