Grietas en los cimientos de la nación

03 Jul 2020 Por Álvaro José Aurane
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“La Constitución, en todas sus disposiciones, pretende hacer una Unión indestructible compuesta por Estados indestructibles”. Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en el fallo “Texas vs. White”, de 1869.

No hay capacidad de asombro que pueda agotarse en la Argentina. Pese a la chatura impuesta por la cuarentena, la segunda mitad del año del encierro ha comenzado con la propuesta de “empezar a pensar en serio” la separación de Mendoza del territorio nacional.

El diputado nacional Alfredo Cornejo, ex gobernador de ese distrito cuyano, reaccionó así ante el conflicto interjurisdiccional en torno del proyecto de ingeniería eléctrica “Portezuelo del Viento”, que se emplazaría en Malargüe sobre el río Grande. La obra, de algo más de U$S 1.100 millones, fue autorizada durante la presidencia de Mauricio Macri, pero ahora Río Negro, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires reclaman un nuevo estudio de impacto ambiental. De modo que Cornejo, presidente de la UCR, sostiene que la Casa Rosada impulsa esta demora “por maldad” y para “perjudicar” a su provincia, que “tiene todo para vivir como un país independiente”. Salvo por el hecho de que la política económica del Gobierno de Alberto Fernández afecta su calificación de riesgo internacional, el acceso al crédito internacional y la inversión extranjera.

La pretensión de Cornejo redimensiona el calibre de los dislates políticos argentinos. El primer “objeto” de los “representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente”, es “constituir la unión nacional”. Pero lo del ex mandatario provincial no sólo colisiona con la letra y el espíritu de la Carta Magna, sino con la historia misma de la Argentina como estado nacional. El proceso constituyente originario de este país está marcado a fuego por dos batallas. La Constitución Nacional (y la nación argentina que ella alumbró) pudo ser realidad porque se ganó Caseros, con el costo de que Buenos Aires quedase afuera del territorio. Y luego, en la que tal vez sea la batalla más extraña de la historia argentina, el triunfo inverosímil de Buenos Aires en Pavón lo hace analizar la Carta Magna, decidir la estructura de la unión federativa e incorporarse. El resultado es, precisamente, que la Argentina no es una confederación, donde las partes conservan el derecho a secesionarse. Aquí, las provincias nunca se reservaron la posibilidad de desmembrarse. Por ello, precisamente, la soberanía sólo es de la Nación.

De modo que la idea de que Mendoza pueda convertirse en un país sólo deja dos alternativas: o un baño de sangre (ahí están como prueba los 750.000 muertos de la guerra civil estadounidense, librada para evitar la secesión de estados) o un proceso constituyente dispuesto a rifar territorio nacional.

Luego, no debiera el presidente de un partido con más de un siglo de prédica institucional y republicana plantear un anatema de la organización nacional como alternativa contra las políticas de un Gobierno surgido de las urnas. Cornejo demuestra que el radicalismo está perdiendo la batalla cultural contra el kirchnerismo. La ex presidenta Cristina Fernández hacía gala de su atropello contra el equilibrio republicano cuando vociferaba: “si no te gusta cómo gobierno, armá un partido y ganá elecciones”. Gracias al sistema de relaciones y contrapesos de las instituciones, las mayorías tienen derechos, y las minorías también. Cuando prima el constitucionalismo, funciona la democracia. En ese contexto, que el titular de la UCR proclame “si no me gusta cómo gobiernan, saco la provincia de la federación” es un triunfo de la lógica de la política sin límites.

Aunque genuinamente irracional, el brulote de Cornejo no ha dejado de tener resonancia. No ha dejado de “dar que pensar”. Ese eco, ese resabio, es la hendija a través de la cual se advierten dos deudas históricas de los sucesivos gobiernos: con la forma de gobierno y con el pueblo de la Nación.


Primera deuda

El programa constitucional argentino ha sido cumplido de manera incompleta. “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal”, manda el primer artículo de la Carta Magna. A fuerza de las dictaduras que estragaron el siglo XX argentino, hay cabal conciencia de gobernantes y gobernados acerca de lo imprescindible que es vivir en un sistema donde la democracia consagra a los representantes y donde la república les asigna funciones específicas e intransferibles a los poderes del Estado. Pero la mora con el federalismo es crónica y comienza a tornarse insoportable. El brulote de Cornejo, más allá de su paroxismo, funciona como una alarma en este punto.

Buenos Aires, por sus dimensiones, desbalancea la estructura federativa. Allí vive el 40% de los votantes argentinos. Y su superficie (308.000 km²) es equiparable a la de Alemania (357.000 km²). La Constitución de 1853-1860 buscó morigerar ese desequilibró: cuando al Presidente de la Nación lo elegía un colegio electoral, Buenos Aires sentaba allí el 27% de los electores. Pero la reforma de 1994 fijó el voto directo: ello implicó la “conurbanización” de la política argentina, dado el peso electoral de ese distrito.

A la par, los sucesivos gobiernos poco hicieron por fortalecer el federalismo. Por el contrario, el centralismo se concentró por doble vía. La última Ley de Coparticipación Federal (la 23.548, de 1988, en la presidencia de Raúl Alfonsín) fijó una distribución primaria de sólo el 42% para la Nación, y de nada menos que el 58% para las provincias. En uno de sus últimos discursos presidenciales, Cristina expuso que hace cinco años las provincias ya recibían sólo el 30% de la recaudación: el 70% restante era para la Nación.

La mencionada norma nacional creó también los mentados Aportes del Tesoro Nacional, para que el poder central auxiliara a las provincias con “emergencias o desequilibrios financieras”. Se convirtió, sin embargo, en un instrumento de la majestuosa discrecionalidad de la Casa Rosada. Y esa discrecionalidad no fue federal. Los tucumanos lo vimos en 2010. Ese año, la Nación envió $ 480 millones a esta provincia, de una torta de $ 10.000 millones en ATN que había acumulado el Gobierno. Era una coincidencia curiosa: ese monto coincidía con lo que hubiera correspondido a Tucumán si los ATN se asignaran con los porcentajes de coparticipación que fija la Ley 23.548, pero son aportes que no se rigen por esa pauta. Con el mismo criterio, a Buenos Aires le habrían tocado $ 2.000 millones, pero el kirchnerismo le otorgó el doble: $ 4.000 millones.

El federalismo, en la receta de la forma de Gobierno, es el pegamento de la unión nacional. Sin él, la federación se fisura.


Segunda mora

Hay otro elemento que conspira contra la unidad nacional y es, justamente, la segunda deuda histórica de los gobiernos. La deuda con el pueblo de la Nación, porque está vinculada directamente con la idea misma de “nación”.

A diferencia de la “vía alemana” (Fichte, en sus “Discursos a la Nación alemana” -1808- destaca la importancia de la lengua, la sangre, la tierra, la historia y las costumbres), la “vía francesa” alumbra una idea de “nación” casi en los términos de un contrato virtuoso. Desde la Revolución Francesa, el término cobra una característica más definida que la mera unidad lingüística y geográfica. Se identifica con el pueblo, sin diferencias jerárquicas. Un pueblo unido por intereses e ideales comunes: para el caso de 1789, libertad, igualdad y fraternidad.

De “Las provincias unidas en el Río de la Plata” que declaran en Tucumán la independencia de los reyes de España el 9 de Julio de 1816, no todas conforman hoy la Argentina. Este país surge como tal con la constitución de Juan Bautista Alberdi: sus provincias son aquellas que se reconocen en esa norma. Un amigo del prócer tucumano terminó de pautar la vinculación entre “nación” y el contrato social que es la Carta Magna. “Vosotros no tenéis patria; sólo el ciudadano tiene patria: la ley se la da y la tiranía se la quita”, escribió Esteban Echeverría.

Cuando aquí no pudieron ejercerse los derechos ciudadanos, miles de argentinos se fueron a buscar patria, precisamente, en otras naciones.

El concepto latino de “nación”, entonces, es abierto. Conjura atrocidades como las que engendró el nacionalismo exacerbado del III Reich. Pero también ha demostrado que, en tanto contractual, tambalea peligrosamente frente a cuestiones como las crisis económicas.

Cuando el siglo XXI comenzaba, resonaban los reclamos de Santa Cruz de la Sierra, que planteaba su escisión de Bolivia en nombre de que toda la riqueza de su región no quedaba allí sino que financiaba otros departamentos del país. Con argumentos similares estalló en esta década el secesionismo de Cataluña, el corazón industrial y financiero de España. En el decenio anterior, cuando el fracaso de la Alianza implicó una debacle para la Argentina, vecinos de Frías manifestaban su vocación por desgajarse de Santiago del Estero (entonces bajo la égida juarista) e incorporarse a Catamarca.

Mucho se ha dicho acerca de la “deuda económica de la democracia”, en nombre de que las sucesivas crisis desacreditan el valor del sistema democrático entre los sectores de la población histórica y sistemáticamente pobres. Pero resulta impensable suponer que los argentinos quieran otra cosa que la democracia. La deuda de estabilidad y prosperidad económica es con la nación. El bienestar general es un objetivo del preámbulo. Una orden constitucional. Un mandato del contrato de nación. Y su negación crea profundas hendijas en la naturaleza del cimiento nacional.

Esas sí que son grietas.

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