Espinoza fue asesinado con una pistola Jericho, de las que recibió la Policía hace seis meses

A fines de 2018, el Gobierno había gastado U$S 8,5 millones en armas; una de esas mató al obrero rural.

TRISTE DEBUT. La pistola Jericho, que integraba el paquete de armas que el Gobierno había comprado por U$S 8,5 millones, se cobró la vida de un inocente.

28 Mayo 2020

La pistola Jericho 9 mm, que formaba parte del paquete de armas que a fines de 2018 había adquirido el Gobierno de Tucumán para la Policía por U$S 8,5 millones, debutó con una dolorosa ironía: fue utilizada para asesinar a un inocente.

De acuerdo a las pericias realizadas en el Laboratorio de Criminalística del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), de una de esas pistolas provino la bala que acabó con la vida del trabajador rural Luis Armando Espinoza (31 años, padre de seis hijos).

El viernes 15, Espinoza había recibido un disparo en el omóplato izquierdo cuando se producían incidentes entre policías y asistentes a una carrera cuadrera. Juan Espinoza contó que su hermano lo había intentado defender del castigo de los agentes. Relató tabién que, en medio del episodio, sintió un disparo, y que vio que arrastraban a Luis hacia el monte. Una semana después, el cuerpo del obrero rural fue hallado en un precipicio del camino que lleva a Catamarca.

Horas antes, mediante el microscopio del Comparador Balístico, el ECIF había analizado el plomo y las vainas servidas que fueron levantadas en el lugar del hecho. El procedimiento habría establecido científicamente que el proyectil que causó la herida mortal de Espinoza había salido del arma del oficial José Morales.

Ahora se comprobó que Morales era uno de los policías tucumanos que portaban la pistola Jericho 9 mm, entregadas a la fuerza de seguridad por las autoridades del Gobierno de la provincia a fines del año pasado.

Además de Morales, por este asesinato están procesados el subcomisario Rubén Montenegro y el equipo que formó para esta ocasión, integrado por los sargentos René Ardiles y Víctor Salinas; por los cabos Claudio Zelaya y Miriam González; por el agente Esteban Rojas González, por el vigía ciudadano de la comuna Sergio Santillán, además de otro civil, que sería hermano de uno de los efectivos.