Sin margen para “parches”

23 May 2020 Por LA GACETA

El conflicto que afecta al transporte público de pasajeros está lejos de aplacarse y se repite, con distintos matices locales, en varios puntos del país. En Tucumán, podría profundizarse en los próximas días, a partir de la sanción en la Legislatura provincial de un proyecto que establece en qué deben emplearse los subsidios nacionales y provinciales que reciben las empresas locales.

La huelga de los choferes de colectivos lleva más de una docena de días y es la más extensa de la década. Es sólo la última expresión de un sistema de funcionamiento que parece agotado. Las autoridades vienen teniendo espasmódicas acciones en relación al transporte, sólo cuando la situación pasa por puntos críticos. No hay, sin embargo, definiciones de fondo ni políticas a largo plazo ¿Quiénes terminan padeciendo cada capítulo tormentoso? Los más de 4.000 trabajadores del sector y los más de 350.000 tucumanos que a diario se trasladan por ese medio. Los sucesivos paros y el servicio deficiente de muchas líneas se han convertido en una realidad lamentablemente habitual y naturalizada para los comprovincianos.

La relación entre los empresarios y el Gobierno provincial pasa, en paralelo, por su peor momento. El propio presidente, Alberto Fernández, en su paso por estas tierras se refirió al conflicto y dijo hace pocas horas que su administración poco y nada puede aportar a la solución. Advirtió que el transporte no es la única actividad económica que atraviesa por dificultades en un contexto de pandemia y de parate generalizado. Añadió, sin embargo, que hay que encontrar una solución y adelantó que recién el miércoles habrá una telereunión en el ámbito nacional para intentar destrabar las posturas de las partes.

El planteo medular de las empresas que aseguran estar al borde de la quiebra vuelven a ser los subsidios. No sólo reclaman más sino también una distribución más equitativa entre Buenos Aires y el resto de las provincias.

La respuesta de la Provincia a los episodios conflictivos que se dieron a fines del año pasado fue proponer que se comience a transitar un camino hacia la estatización por parte de la provincia. Un sistema que, de acuerdo con el gremio que representa a los empleados, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), no es tan sustentable ni libre de conflictos de acuerdo con experiencias en otros distritos del país. Los municipios, sobre todo el de San Miguel de Tucumán, tampoco ven con buenos ojos esta posibilidad y levantan la bandera de las autonomía.

La Cámara aprobó en la última sesión una iniciativa con el aval del Ejecutivo que dispone que las compensaciones provinciales y nacionales otorgadas a las empresas prestatarias del servicio “deberán ser destinadas prioritariamente al pago de los sueldos y cargas sociales de todo su personal”. Penaliza el incumplimiento con la pérdida del beneficio. Una particularidad que irritó a las cámaras empresarias: deben poner a disposición de la Provincia los montos salariales y CBU de los empleados para que se acredite directamente allí el dinero.

UTA celebró. Aetat, la asociación que reúne a los transportistas, tildó la norma de inconstitucional y advirtió que será imposible seguir operando. Reclamó que el Ejecutivo les facilite el acceso a algún crédito mediante entidades como el Banco Macro o la Caja Popular y que los empleados acepten el pago dividido. Estos serán los detalles de la nueva propuesta que harán para avanzar en una solución. Todas las opciones que se escuchan son placebos para una problemática profunda que ya no soporta parches y que promete profundizarse.

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