El abogado y peronista disidente Oscar López se presentó en la Justicia penal de esta capital, y pidió la investigación de los miembros de esa institución que debían sustanciar el proceso de 2002 contra 27 ex legisladores acusados de recibir coimas que apareció el año pasado bajo el armario del Juzgado de Instrucción en lo Penal N°5, según refirió la magistrada Carolina Ballesteros al hacerse cargo de esa unidad. López articuló la denuncia penal el jueves, y apuntó contra los ex jueces Mirta Lenis de Vera y Víctor Manuel Rougés; los magistrados Alejandro Tomas (N°1) y Juan Francisco Pisa (N°3); la fiscala Mariana Rivadeneira, y los funcionarios Jimena Suárez y Demetrio Kuchimpos. El denunciante expuso que ellos habían intervenido de algún modo en el expediente paralizado durante casi nueve años en función de los relatos de Ballesteros y de su secretaria, Karina Rivero, y de los auditores de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Mariana Tasquer y Agustín Ladetto. López precisó que sólo dejaba afuera de su presentación al juez Marcelo Mendilaharzu y al funcionario Carlos López: “con ambos he mantenido una relación de amistad que me inhabilita moralmente para denunciarlos, además de conocerlos como personas probas”.
El letrado instó a la Justicia a investigarse “a sí misma” con la convicción de que el hallazgo del caso frenado, con una resolución favorable a la continuidad de la pesquisa emitida en 2010 por Lenis de Vera sin notificar a los imputados, entrañaba la presunta comisión de delitos. La denuncia indica que los hechos son tan inusitados y graves desde el punto de vista institucional que su impunidad habilita la intervención del Poder Judicial. “Es la nueva manifestación de que existe una banda en la Justicia penal liderada por el ministro público fiscal Edmundo Jiménez y orientada a proteger al poder político. El conocimiento de esta información publicada en LA GACETA me obliga como ciudadano a sumar un esfuerzo más en el intento de restaurar la vigencia de la República perdida en el territorio de Tucumán y es por ello que efectúo esta denuncia”, dijo. López exigió la apertura de una investigación jurisdiccional (procedimiento especial a cargo de un juez por la existencia de fueros) y ayer confirmó que su causa había ingresado a la fiscalía de Rivadeneira, una de las denunciadas.
El proceso penal promovido por López se suma al sumario administrativo que, por los mismos hechos, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán abrió el 20 de agosto. Los vocales Daniel Posse, Antonio Daniel Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Leiva ordenaron una pesquisa interna para deslindar las anomalías detectadas en el Juzgado N°5, y encargaron esa tarea al presidente de la Cámara Penal de San Miguel de Tucumán, Fabián Fradejas. Cinco meses antes, Ballesteros había informado a la Corte la existencia de más de 200 -quizá 300- causas frenadas y de alrededor de 1.500 actuaciones contravencionales sin registrar. La jueza detalló el hallazgo de al menos 12 denuncias de pornografía infantil carentes de trámite. Además, dio cuenta al alto tribunal sobre el cajoneo de expedientes de altísima sensibilidad, entre ellos, la investigación contra los 27 parlamentarios a quien el hoy legislador Ricardo Bussi denunció por la supuesta cobranza de sumas variables de dinero para habilitar la reforma constitucional pretendida por el ex gobernador Julio Miranda. Finalmente ese proceso de enmienda no sucedió así como tampoco fue esclarecida la acusación de Bussi, que lleva 18 años en trámite.
