El IPV acelera las gestiones ante la Nación para la entrega 750 casas en el Gran San Miguel

Stella Maris Córdoba indicó que hay obras ejecutadas en más de un 90% en zonas como Lomas de Tafí, Las Talitas y San Andrés.

17 Feb 2020 Por Martín Soto
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LOMAS. Unas 18.000 personas se inscribieron para el sorteo de 166 casas. TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolver los problemas que quedaron pendientes de la gestión anterior y agilizar el diálogo entre la Nación y las provincias son dos de las prioridades que la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, le transmitió a la interventora del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV), Stella Maris Córdoba.

En un encuentro que mantuvieron las funcionarias en Buenos Aires la semana pasada, por un lapso de 40 minutos, acordaron una comunicación totalmente fluida y permanente. En ese sentido, la ex legisladora mencionó que en la gestión de Mauricio Macri hubo cierta dificultad de diálogo con algunas provincias y que incluso se había desnaturalizado el Sistema General de Beneficiarios (Sigebe), lo que impidió fluidez en el envío de fondos a la provincia.

“El temperamento que nos ha transmitido la ministra es: resolver los problemas que hay. No buscar culpables, sino a tratar de resolver los problemas pendientes sin echar culpas al Gobierno anterior. Aceptar la realidad y resolverlo”, explicó la titular del IPV en una entrevista con LA GACETA.

En ese lineamiento, Córdoba explicó que la prioridad son acelerar las gestiones por expedientes que están estancados desde agosto de 2018, sin devolución. “Eso nos impide avanzar y cobrar la deuda que la Nación tiene con nosotros. Entonces ya hemos comenzado un trabajo en conjunto con los técnicos del Ministerio para poder avanzar”, manifestó.

Viviendas a un 90%

Córdoba, que asumió en octubre en el organismo en reemplazo de Noemí Ferrioli (actualmente subinterventora), indicó que planteó en Buenos Aires que es necesario darle prioridad a los expedientes con los listados de adjudicatarios de obras casi concluidas. En un recuento veloz, afirmó que se tratan de unas 750 viviendas sociales, mayormente en el Gran Tucumán.

“Tenemos obras que están en más de un 90% de ejecución física y corremos el riesgo de que no se puedan entregar las casas si no tenemos aprobados el listado de adjudicatarios; necesitamos resolver el trámite de esos expedientes y que nos liberen los fondos”, argumentó.

La interventora del IPV señaló que estas viviendas a las que hace referencia se encuentran en Yerba Buena; Las Talitas; Trancas; San Andrés; Lomas de Tafí (son las 166 sorteadas el año pasado); y Aguilares, donde ya hubo una usurpación. Luego del diálogo con Bielsa, se mostró optimista de que esos inmuebles lleguen pronto a los tucumanos: “se tienen que entregar este año”.

Córdoba explicó que la mayoría de las 750 viviendas ya tienen los postulantes. Lo que resta es que Nación envíe la devolución con los posibles adjudicatarios aprobados por el Sigebe. En los casos sin titulares, estos saldrán de cupos para víctimas de violencia de género o en situaciones de emergencia, entre otros.

Nuevos lineamientos

Entre las modificaciones a aplicar, Bielsa le transmitió a Córdoba que la mirada no estará puesta sólo en la vivienda tradicional sino que se pondrá mucho énfasis en el mejoramiento de vivienda, hábitat y de la infraestructura básica. “Se busca que quienes viven en su propio terreno o casa, pero en una condición indigna, como con falta de agua, la puedan tener”, dijo. Para ello, señaló que apostarán por nuevas tecnologías, como la provisión de termotanques solares. También afirmó que trabajarán en la integración de las barriadas populares con el resto de las urbanizaciones.

Estaba previsto que el gobernador Juan Manzur asistiera a la reunión, pero no pudo por cuestiones de agenda. De todos modos, Córdoba adelantó que está pautado -en el corto plazo- un nuevo encuentro entre Bielsa y el mandatario del que saldrán importantes anuncios para Tucumán.

Reactivación de la obra: Manantial Sur, uno de los principales problemas a destrabar con la nueva gestión

A la hora de profundizar sobre cuáles son los problemas que el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) debe destrabar con la Nación, Stella Maris Córdoba señaló que la obra de Manantial Sur es una de las prioritarias. Son en total 1.214 viviendas sociales, en los sectores C y D, cuya obra se paralizó y no pudieron ser entregadas, principalmente por demoras y complicaciones de infraestructura. Ahora deben ser restauradas ya que se deterioraron por el paso del tiempo.
“El Gobierno de Tucumán está haciendo un esfuerzo para que se puedan terminar las casas y también un esfuerzo para que se puedan terminar lo que son las instalaciones sanitarias. Lo que nos toca a nosotros es poder completar lo que es el sistema de asignación de adjudicatarios”, manifestó la titular del IPV.

Córdoba indicó que la obra se encuentra en un 50% y que el inicio de los arreglos de las casas aún no se inició porque el pago a las empresas aún no se realizó. No obstante, aseguró que está próximo a hacerse efectivo.

Poner nuevamente a punto a las viviendas de Manantial Sur, tras la paralización o las demoras en las obras, demandará a la Provincia un egreso extra de casi $ 105 millones, según consta en el DNU 2/3 ME, que fue convertido en ley en la sesión legislativa del 22 de noviembre.

Antes de asumir como presidente, Alberto Fernández rubricó un petitorio que le acercó el gobernador Juan Manzur en materia de obras públicas. Entre otras cosas, se solicitaba la construcción de 4.000 viviendas sociales, además de la ejecución de obras viales y de saneamiento.

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