Por Soledad Nucci
16 Febrero 2020
ASÍ ESTÁ AHORA. El emprendimiento cuenta con un subsuelo y cuatro plantas. Por una demanda, se impuso una millonaria multa a la constructora. la gaceta / fotos de josé nuno
A Raúl Mamaní le extraña que digan que el edificio de Grandi, como lo conocen todos, está clausurado. “Siempre hay obreros. No se han detenido: avanzan como hormigas”, observa. Tiene un local comercial cerca de esa obra y los comentarios son frecuentes entre quiénes pasan por ahí (“¿qué va a pasar?”, cuenta que pregunta la gente). La noticia que Mamaní no sabe es que la Justicia, en primeras instancias, confirmó una multa de $ 3,5 millones y advirtió que, de no pagarse, se rematará el edificio.
Se trata de una demanda de apremio en contra del fideicomiso Barrio Cerrado Las Dos Rotondas, llevada a cabo por la Municipalidad de Yerba Buena. En noviembre del año pasado, la jueza Ana María Antún de Nanni resolvió que se lleve adelante la ejecución. La titular del Juzgado Civil en Cobros y Apremios tomó esa decisión pese a que, ante la intimación de pago y la citación a remate, el abogado Jorge Ghiringhelli, en representación de la parte demandada, había argumentado que no fueron notificados de la infracción que dio lugar a la multa. También había planteado que los gobernantes impusieron una sanción onerosa.
Pero Antún de Nanni consignó, en su resolución, que tenía a la vista el expediente a través del cual se le notificó a la fiduciaria de la sanción de clausura.
En los párrafos siguientes, mencionó posteriores notificaciones e intimaciones. “A la luz de estos antecedentes, cabe concluir que fue efectivamente notificada y que ella se limitó a desconocer esos avisos”, escribió.
El caso guarda algunas similitudes con las torres de la constructora AG Naum, de Naum Alperovich. Ambas construcciones se encuentran sobre la avenida Perón. Ambas fueron habilitadas por Daniel Toledo, quien gobernó esa ciudad por dos períodos consecutivos (2008 a 2015). Y ambas fueron observadas por el intendente posterior, Mariano Campero.
LA FASE INICIAL. La imagen fue tomada en 2016, cuando se realizó la primera clausura. Se observa un subsuelo y tres plantas.
Posturas diferentes
La obra consiste en un barrio cerrado de dos torres de planta baja, cuatro pisos y subsuelos. Está ubicada frente a la rotonda de Horco Molle. Una de las noticias iniciales al respecto trascendió en agosto de 2016, cuando se produjo la primera clausura.
Según la documentación que se tramitaba por esos días en el Tribunal de Faltas local, el emprendimiento no contaba con factibilidades esenciales, como provisión de agua potable; provisión de energía eléctrica; propuesta de desagües pluviales con destino final de aguas; propuesta de desagües cloacales y certificado de Aptitud Ambiental.
Al mes siguiente, inspectores municipales constataron que, a pesar de la suspensión, se estaban haciendo encofrados. Tras eso, hubo una segunda y tercera clausuras. Además, el director de Planeamiento Urbano, Ernesto Marchetti, había observado que se violaban normativas del Código de Ordenamiento Urbano, en cuanto a retiro obligatorio; alturas; subsuelos y densidad habitacional.
Las acusaciones no le pasaron inadvertidas al empresario Miguel de la Cruz Grandi, cuyo nombre figura en el cartel de obra como director técnico. Por aquella fecha, había afirmado que aunque “espejaron” el edificio -en referencia a un giro de 180° en relación a la posición originalmente propuesta-, lo hicieron manteniendo la superficie ocupada. También había asegurado que sí contaban con las factibilidades requeridas. Y por último objetó un planteo de la Municipalidad con respecto a que el subsuelo no había sido cavado lo suficiente, lo que daba por resultado casi un piso más (”el terreno ya estaba hundido”, había dicho en esa ocasión).
Este viernes -ante una nueva consulta periodística- Grandi ofrece menos detalles: afirma que están detenidos por falta de fondos y que no existe ninguna notificación en concreto, ante la pregunta por la demanda de apremio. “Si vos tenés alguna papelería, hacela llegar por favor”, responde.
La mirada del intendente es diferente. Destaca que la sentencia del Tribunal de Faltas de hace un año (febrero de 2019) ordena la clausura definitiva y la demolición de los excedentes con respecto al código. “Vamos a seguir con los pasos administrativos y judiciales. Nuestro equipo de abogados llegará hasta las últimas consecuencias. Depende de ellos, que no se llame a remate. Tienen que pagar la multa y hacer algunas demoliciones”, declara.
Al contrapunto se le suma un concejal, el peronista Héctor Aguirre. Acusa a Campero de haber permitido el avance de la edificación, desde 2015 hasta ahora. Y lo apura: “el Estado tiene las herramientas jurídicas necesarias para ordenar medidas concretas”.
Ajeno a esas idas y vueltas, el vecino Mamaní plantea una inquietud final, más doméstica pero no menos importante. Advierte que, de noche, esa obra en ruinas es un peligro. “No hay iluminación ni vigilancia. Cuando oscurece, queda totalmente abandonado”, concluye. En 2017, el empresario fue noticia por otro caso, cuando un grupo de personas denunciaron haber sido estafadas en la compra de sus departamentos en pozo.
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