La Corte y los buenos entendedores

Algunos habían dado por hecho que la Corte Suprema tucumana iba a plegarse con avidez y solicitud a las restricciones materiales dispuestas por el gobernador Juan Manzur, pero al final prevaleció una solución sui generis. Con el pronunciamiento administrativo difundido el viernes, el alto tribunal apenas reveló su solidaridad respecto de las estrecheces que afrontan y avizoran los sectores público y privado. La resolución está calculada al nanómetro y es una muestra del perfil que la vocal Claudia Sbdar ya imprime a su presidencia. Aquellas cinco oraciones-párrafo (o párrafos unioracionales) sin duda entrañan más ideas que las que su textualidad expresa. La conclusión obvia es que el Poder Judicial reconoce la emergencia económica, pero se reserva la opción de alinearse con el oficialismo. Aunque no es mucho lo que pueden hacer ahora para contrarrestar el ajuste, las máximas autoridades de la Justicia escatimaron el respaldo aunque más no sea para salvar las formas de la república.

En la Argentina, los Tribunales cumplen sobre todo el rol de reparar -tarde- las consecuencias injustas de las malas praxis financieras y las crisis cíclicas. El ejemplo más elocuente es la judicialización del “corralito”. Si los órganos de gobierno de la magistratura adhiriesen sin más a los recortes políticos, la Justicia perdería la razón que justifica su existencia. Coyunturas de zozobra como la actual desafían en particular a la judicatura, que, por un lado, padece los ataques a la billetera en su carácter de brazo del Estado, y, por el otro, debe analizar la constitucionalidad del proceder de los administradores públicos y, eventualmente, indemnizar los daños causados. Por ello, y en las antípodas de los gestos de acompañamiento hacia la Casa Rosada sometida quizá a la máxima presión y fragilidad desde el retorno de la democracia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en febrero de 2002 a favor del ahorrista Carlos Antonio Smith y sentó el criterio que derivó en la avalancha de litigios contra la pesificación de los depósitos en dólares.

De modo que invitar al Poder Judicial a que se sume de manera explícita a medidas del tipo de la suspensión de la cláusula gatillo, como lo hizo Manzur el 6 de enero en el Decreto 1-1/2020, resulta equiparable a proponer una suerte de suicidio institucional. Acceder a ese convite implicaría, para ponerlo en los términos de un príncipe del foro, una deslegitimación de la que los jueces supremos ya no podrían regresar más allá de que quedarían afuera de los pleitos que, ni lerdos ni perezosos, los gremios comenzaron a promover contra el Gobierno. La comunicación escueta del 24 de enero que firmaron Sbdar, y sus pares Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos alivió a quienes, en función de las versiones, aguardaban algo todavía más grave que una reducción de ingresos: la bancarrota de la división de poderes.

Apegada al manual de la supervivencia que manda que la caridad empieza por casa, la Corte local esquivó la coparticipación de las desgracias que le propuso Manzur, pero no quiso parecer ajena e insensible a las penurias de la sociedad, y dispuso la “profundización” de las medidas de contención del gasto judicial en general y en plural. El mensaje gira alrededor de un sustantivo cuya elección no puede ser casual: supone la existencia de una política de ahorro previa que los vocales, en su manifiesto lacónico, no detallaron. Debe ser una voluntad que permanece in pectore del cuerpo puesto que la palabra “austeridad” no aparece en el buscador de acordadas que reúne las decisiones de superintendencia tomadas desde 2011 aunque sí consta que el “staff” advirtió cierto voto de pobreza en el último brindis del alto tribunal. A diferencia del “catering” generoso de antaño, en diciembre sólo hubo sidra y pan dulce.

Importan el nivel, la razonabilidad y, en especial, la eficacia de las erogaciones del pasado, pero cuentan más las que la Corte hará en adelante. Su declaración, otra vez, evita las precisiones, aunque advierte que el ahorro no podrá “afectar el servicio” en línea con aquella idea de que el sistema judicial desprestigiado encuentra en la emergencia una oportunidad para redimirse con su labor restaurativa de la equidad y de los contratos (esa necesidad de justicia frente a la sensación de que “los vivos” que mandan nunca pagan los desaguisados que generan explica, tal vez, la aceptación de la película “La odisea de los giles”). No hay certeza a qué se refieren Sbdar, Posse y Rodríguez Campos con el anuncio de que ceñirán “aún más” la canilla de los fondos. Algunos se preguntan, por ejemplo, si llegarán al extremo de frenar las designaciones discrecionales en la vapuleada Justicia de Paz. E, incluso, si aprovecharán este estado calamitoso de cosas para echar por la borda aquel bolsón de acomodos e instaurar las ayudantías por concurso que tanto beneficiaron la imagen de los Tribunales ordinarios. Sería esta una manera de redoblar la apuesta de Manzur, cuyo Decreto 1-1/2020 congela los cargos de la planta permanente y prohíbe la incorporación de personal transitorio, todos cubiertos por la dedocracia más rancia.

“Se viene un tiempo de creatividad”, afirman en el Palacio de Justicia con un optimismo que llama la atención en el contexto de depresión e incertidumbre generalizados. Desde luego esa búsqueda de respuestas fuera de lo común no incluirá, al menos en principio y corto plazo, una decisión tan drástica y compleja desde el punto de vista de la intangibilidad constitucional como la disminución de los salarios de los jueces y funcionarios semejante a la rebaja que dispuso el vicegobernador Osvaldo Jaldo durante las vacaciones de Manzur. Paradójicamente los judiciales son los que, desde el punto de vista de las retribuciones, mejor plantados están para enfrentar la crisis: habrá que ver cómo la tramitan puertas afuera. El posicionamiento de la Corte deja espacio para expectativas múltiples y hasta contradictorias para los gobernantes y los gobernados, que por el momento no tienen otra que adscribir al refrán de las pocas palabras y los buenos entendedores.