Por Luis María Ruiz
03 Enero 2020
ARCHIVO LA GACETA
Será un hecho sin precedentes en la historia reciente del Poder Legislativo. Producto de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (causa “Iriarte”), los legisladores tratarán en sesión extraordinaria, el martes 28 de este mes, la suspensión por 180 días de su dieta, única remuneración habilitada por la Carta Magna de 2006 por la labor parlamentaria.
De este modo, los haberes de los representantes del pueblo permanecerán “congelados” en $135.515 brutos, monto equivalente a ocho veces el salario mínimo, vital y móvil vigente desde octubre de 2019.
La medida fue establecida a través del decreto 0001-A/2020, firmado ayer por el presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado, y por el prosecretario administrativo (a cargo de la Secretaría) Oscar Humberto Fioritto. Esta decisión, impulsada por el vicegobernador Osvaldo Jaldo (en uso de licencia por vacaciones), es ad referéndum del cuerpo colegiado.
En paralelo, a través de un decreto subsiguiente, se resolvió la suspensión de los incrementos salariales a los funcionarios que integran el Poder Legislativo (secretarios, prosecretarios y tesorero general), también durante 180 días.
Amado confirmó que estas disposiciones no alcanzarán al Poder Ejecutivo y al Judicial. Sin embargo, bloques opositores elevaron planteos para que el resto de las “cabezas” del Estado provincial se sumen a las medidas de “solidaridad” y “austeridad”, aprobadas por el Congreso de la Nación, en el marco de la declaración de emergencia económica solicitada por el presidente, Alberto Fernández.
Historial de polémicas
La historia de las dietas legislativas está signada por las controversias y las tensiones.
En la Constitución provincial de 1990, sancionada durante el bussismo, se estableció que los aumentos en los haberes, por ley, sólo enterarían en vigencia “después de una elección para legislador”. Además, se definió que el concepto de dieta incluía “cualquier suma de dinero, cualquier asignación en especie, cualquiera que sea la denominación con que se las mencione, que en razón de sus funciones reciba el legislador”. En otro párrafo se ordenó que el monto no podía exceder “la remuneración acordada al vicegobernador”.
La composición parlamentaria que asumió tras la intervención de Julio César Aráoz (1991) comenzó su gestión con un mensual de $3.801. Eran los tiempos de la “convertibilidad”, y el valor del peso estaba fijado en un dólar.
Sin posibilidades de reelección en la banca, los legisladores de entonces -y las gestiones siguientes- desistieron de sancionar incrementos para las futuras integraciones de la Cámara provincial. Así, la dieta permaneció en $3.801 hasta la reforma constitucional de 2006.
Con la entrada en vigencia de la nueva Carta Magna se modificó el régimen anterior, y se facultó al vicegobernador -en carácter de presidente de la Legislatura- a fijar el monto mensual de la dieta.
En 2007, José Alperovich fue reelecto en el Ejecutivo, esta vez en fórmula con el hoy gobernador, Juan Manzur. El binomio anunció un incremento en los haberes de los legisladores, que llegó a $5.000, aunque había representantes que solicitaban llevar dicha suma a $9.000, que era el equivalente al sueldo de un ministro.
Con el correr de los años, los aumentos en el cuerpo colegiado quedaron atados a las subas salariales dispuestas por el Gobierno provincial, a partir de las paritarias con los gremios estatales. La cifra, siempre siguiendo la Carta Magna vigente, era dispuesta por resolución del vicegobernador.
En 2018, sin embargo, los constitucionalistas Luis Iriarte y Carmen Fontán obtuvieron -tras siete años de litigio- una sentencia favorable de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán sobre una acción declarativa de inconstitucionalidad dirigida a una serie de artículos de la Constitución. Entre ellos, el artículo que habilitaba al presidente de la Cámara legislativa a fijar las remuneraciones de los legisladores. A criterio de los demandantes, esta facultad implica un avance de un poder -ya que el vicegobernador es electo en fórmula con el gobernador- sobre otro. Y si bien la Provincia recurrió en queja extraordinaria ante la Corte nacional, se considera que el fallo del alto tribunal local debe ser acatado.
Con estos antecedentes, y tras la resolución del Congreso de congelar las subas para senadores y diputados, en la mesa de autoridades de la Legislatura consultaron con los letrados de confianza y les aconsejaron llevar la cuestión al recinto. “Nunca se pensó en no hacer una sesión”, comentó Amado ayer a LA GACETA. Las citaciones a sus pares, en ese sentido, ya fueron giradas a los respectivos despachos. En el temario, además, podrían figurar proyectos que están siendo elaborados en la Casa de Gobierno, también enmarcados en la emergencia económica y las políticas de “austeridad” y “solidaridad” dispuesta por la Nación.
Los recursos legislativos
Afirman que la dieta alcanza los $135.515: “es el único ingreso de los legisladores”
“La dieta es el único ingreso que tienen los legisladores”, aseveró el presidente subrogante de la Cámara, Regino Amado, quien ya había ocupado ese cargo entre 2009 y 2015. Así lo establece de hecho el artículo 68 de la Constitución provincial: “los legisladores percibirán mensualmente una suma de dinero que se denominará dieta, tendrá carácter compensatorio de la función y será fijada por la Presidencia del cuerpo”. Esta última parte es la que fue fulminada por una sentencia de Corte provincial. Amado confirmó a LA GACETA que el monto de dicha retribución asciende a $135.515. Además, según consultó este diario a legisladores, cada uno cuenta con recursos humanos (unos 15 contratos para asesores, aunque la cantidad puede ser ampliada o reducida, según la categoría de los empleados) y con viáticos en caso de viajes. Por otra parte, tienen la posibilidad de gestionar la entrega de subsidios para organizaciones sin fines de lucro (fundaciones, clubes, etcétera).
Propuestas
Opositores quieren instar al Poder Ejecutivo y a la Justicia a sumarse a la medida
En la oposición plantearon de manera oficial la posibilidad de que los Poderes Ejecutivo y Judicial de la Provincia se sumen a las medidas de “austeridad” impulsadas por la Legislatura. “La situación económica obligó al gobernador (Juan) Manzur a tomar crédito por $3.000 millones para hacer frente al pago de sueldos, quedando al desnudo la fragilidad económica de Tucumán. Para Fuerza Republicana (FR) es una cuestión primordial bajar el gasto de la política”, indicó Ricardo Bussi, jefe de FR. Remarcó que el proyecto de resolución propuesto por su espacio invita “a municipios, concejos deliberantes, Tribunal de Cuentas, Defensoría del Pueblo y demás estamentos a sumarse”. El legislador Federico Masso (Libres del Sur) aportó una iniciativa similar, además de un proyecto -en este caso de ley- para congelar las dietas legislativas durante 180 días. “A la crisis social y económica que vive la Argentina, se suma una crisis de valores”, indicó. Y agregó: “es una inmoralidad que haya vuelto el hambre a la mesa de nuestros compatriotas, en un país productor de alimentos por excelencia”.
Los fundamentos
“Hacer un ajuste significa contribuir a la credibilidad”, dijo el reemplazante de Jaldo
El presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado, firmó ayer los decretos sobre las dietas, enmarcados en la ley nacional 27.541, de Solidaridad Social, sancionada por el Congreso por impulso del presidente, Alberto Fernández. El reemplazante del vicegobernador, Osvaldo Jaldo (de licencia por vacaciones), explicó que la Cámara local resolvió sumarse a esas disposiciones. “Sabemos que este Gobierno nacional asumió hace poco tiempo con una situación complicada en el país. Y creemos que, en este contexto, la clase política es la primera que debe dar el ejemplo y dar señales positivas a los argentinos y, en nuestro caso, a los tucumanos. Hacer un ajuste significa contribuir a la credibilidad (de la ciudadanía) y a lo que nos pide el Presidente”, indicó Amado. El dirigente de Monteros remarcó que, además del cuerpo colegiado, la medida alcanzará a las autoridades políticas de la Cámara legislativa. Advirtió que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial de la Provincia deberán resolver si adhieren por su cuenta.
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