Legisladores proponen una ley contra las riñas de gallos

En la previa al receso, ingresaron dos proyectos de ley que apuntan a prohibir la práctica.

26 Dic 2019
1

PRÁCTICA SUSPENDIDA. Las riñas de gallos son objeto de un juicio. reuters

Rigen normas nacionales en su contra, e incluso en septiembre de 2016 una ONG obtuvo una medida cautelar que impide su práctica. Pero desde hace casi tres décadas que está vigente en Tucumán la ley 6.048/1990, que regula las riñas de gallos en la provincia. En medio de esta controversia, en la nueva composición de la Legislatura apuntan a derogar la normativa y a prohibir dichos combates. Sin embargo, los “galleros” no están dispuestos a resignar una actividad que, a su criterio, forma parte de una tradición milenaria.

El bloque de Fuerza Republicana (FR) y legisladores radicales y alfaristas aliados a “Vamos Tucumán” elevaron sendos proyectos para derogar la ley 6.048. Si bien no hay sesiones a la vista al menos hasta febrero o marzo -salvo que se produzcan situaciones de emergencia que ameriten una reunión extraordinaria-, la discusión sobre las riñas de gallos quedó instalada en la agenda legislativa para 2020.

El origen de la legalidad

La organización de riñas de gallos es legal en Tucumán desde octubre de 1990, cuando la Legislatura -entonces bicameral- le dio sanción a un proyecto que buscaba sacar de la clandestinidad estos combates. Se dispuso que la Secretaría de Deportes oficiara como autoridad de aplicación de la norma. Se incluyeron además dos prohibiciones: la presencia de menores de 18 años en estos eventos, salvo que estén acompañados por sus padres o tutores; y la venta y consumo de bebidas alcohólicas dentro de los locales. Y se advirtió que “las reuniones deberán contar con la supervisión de un profesional veterinario”, además de fijarse la obligatoriedad de que sean “controladas por la Policía” de la jurisdicción.

En cuanto a lo presupuestario, en la reglamentación de la ley 6.048 se estableció el reparto de los ingresos provenientes de las entradas -se distribuyen entre entidades benéficas y deportivas, y se destinan partes para reequipamiento escolar y de las fuerzas de seguridad; y se fija que el arancel para la autorización y percepción de entradas es el equivalente a 100 litros de nafta súper (unos $6.000).

En la Legislatura, sobre todo en la última década, hubo distintos proyectos de ley tendientes a derogar la 6.048 y a prohibir las riñas de gallos. Los textos no prosperaron. Sin embargo, la ONG Asociación Animalista Libera Tucumán, encabezada por Ivana Acevedo, Patricia Govetto y Constanza García Romano, entre otras ambientalistas, obtuvo una medida judicial que clausuró de manera formal la práctica en los últimos años. A través de una cautelar, dictada el 26 de septiembre de 2016 por el vocal de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Rodolfo Novillo, se ordenó a la Secretaría de Deportes de la Provincia que “se abstenga de emitir autorizaciones para la realización de riñas de gallos”.

La Federación Tucumana de Galleros, que preside José Ernesto Villeco desde su creación, en 2005, intentó a través de una representante legal participar de ese juicio. Incluso, el 18 de este mes, esta organización presentó una nota en mesa de entradas de la Legislatura para solicitar una audiencia con el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, a fin de transmitirle sus inquietudes por la situación que atraviesan.

En este contexto, la oposición legislativa propone la derogación de la ley de “Riñas de Gallos”. El viernes 13, José María Canelada (UCR), Walter Berarducci (PJS), Federico Masso (Libres del Sur) y José Ricardo Ascárate (Hipólito Yrigoyen) firmaron un proyecto para avanzar con la prohibición de esa práctica. Destacaron la vigencia de leyes nacionales (como la 14.346) que disponen penas por tratos crueles contra los animales, además de cuestionar los “subsidios” del Estado provincial en favor de estos encuentros. El lunes 16, los republicanos Ricardo Bussi, Paulo Ternavasio, Horacio Vermal y Mario Casali, entre otros, impulsaron una propuesta en ese sentido, aunque incluyeron multas (equivalentes a 100 litros de nafta) a afrontar por los infractores, ya sean organizadores, anfitriones o dueños de animales. “Resulta necesario tomar acciones concretas para terminar con el maltrato animal”, sostuvo el bussismo.

Comentarios