Exigen el llamado a indagatoria del ex presidente de la SAT, en un juicio que lleva 10 años

Lo acusan de ser uno de los responsables de la contaminación del Río Salí.

19 Dic 2019 Por Camila Carceller
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CONTAMINACIÓN. Residuos en el Río Salí. LA GACETA/ ARCHIVO

Contaminación, mala filtración y derrames cloacales. En un juicio contra la Sociedad de Aguas del Tucumán (SAT) que lleva más de 10 años, la querella exige la indagatoria del ex presidente del organismo, Alfredo Calvo

Los argumentos contra Calvo responden a la responsabilidad de las autoridades sobre conductas que afectan directamente el bien jurídico protegido de “Salud Pública”, contemplado en la Ley 24.051.

La causa iniciada por María Elba Ledesma lleva más de 10 años. Comenzó como la denuncia de una vecina/ usuaria a la SAT por derrames de aguas cloacales dentro de su propia casa, puntualmente en su patio. 

Por la falta de respuestas, Ledesma decidió investigar más a fondo la red cloacal y el tratamiento del agua, y determinó la presencia de factores contaminantes. Con esos elementos, la mujer se presentó en la Justicia y pidió explicaciones.

Desde el 2007 -cuando se da inicio a la causa- hasta el día de hoy, la querella no recibió una solución por parte de la Justicia.   

En los 10 años, hubo varios cambios de jueces y fiscales por "falta de acción" y ahora, la causa se encuentra paralizada a la espera de la designación de un nuevo magistrado y de fiscales. 

No sólo la SAT fue acusada en esta causa sino también la planta de tratamiento San Felipe, por arrojar agua contaminada al Río Salí. 

No es la primera vez que la querella presenta el pedido de indagatoria a Calvo. Según exponen, la respuesta de la Justicia siempre fue que "no tenían pruebas suficientes sobre la contaminación y que los volúmenes no atentaban contra la salud pública, cuando no es así".

"La negativa definitivamente truncó el debido avance de la instrucción penal", expresó el abogado Jerónimo Suárez Casadey.

Es por ello, que reiteran una vez más la exigencia del cumplimiento de los pasos procesales en el orden correspondiente y el llamado a indagatoria de los responsables tanto de la SAT como de la planta San Felipe, para responder a las pruebas presentadas. 

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