LAZO. El caso Queiroz vincula a Bolsonaro con el crimen de Marielle Franco.
RÍO DE JANEIRO, Brasil.- A menos de un mes de completar un año de gobierno, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió un duro revés judicial ya que la fiscalía y la policía de Río de Janeiro allanaron oficinas y domicilios de sus amigos, familiares y ex asesores del senador Flavio Bolsonaro, su hijo mayor, en una causa que investiga casos de corrupción y desvío de dinero público. Ni la chocolatería del senador Bolsonaro se salvó del allanamiento ordenado por la Justicia de Río de Janeiro.
El centro de la investigación es el policía Fabricio Queiroz, amigo del presidente desde 1984, con el que solía pescar y salir a cenar hasta el año pasado, que es investigado por comandar una red de recaudación ilegal mediante la contratación de empleados “ñoquis”.
Queiroz era el jefe de asesores de Flavio Bolsonaro hasta enero pasado, cuando el hijo del presidente era diputado de la Asamblea Legislativa del estado de Río de Janeiro, y también fue vinculado a los grupos parapoliciales que son sospechosos de haber asesinado a la concejala socialista Marielle Franco en marzo de 2018.
Los hechos habrían ocurrido en momentos en los que Queiroz trabajaba como asesor de Flavio Bolsonaro en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, y tiene entre los investigados a la ex esposa del presidente Bolsonaro, Ana Cristina Valle. El operativo fue solicitado por la fiscalía de Río de Janeiro y autorizado por el juez en lo penal Flavio Nicolau.
El caso “Queiroz” acompaña a Bolsonaro desde que asumió, ya que uno de los pagos sospechosos realizados por el ex asesor y policía involucra a un cheque emitido en nombre de la actual primera dama, Michelle Bolsonaro.
En total, son 101 objetivos de investigación, entre personas y empresas, informó la fiscalía. “Esta operación es un duro golpe al discurso anticorrupción con el que Bolsonaro ganó las elecciones”, dice un editorial del diario “O Globo”, medio que cuestiona la figura presidencial pero respalda su plan económico de corte liberal.
El juez intervino teléfonos, cuentas de whatsapp y mensajes de texto de investigados en la Asamblea Legislativa de Río. (Télam)
