Mateo Martínez: “el derecho a la salud tiene primacía sobre cualquier otro”

El decano de Medicina afirma que no sería responsable habilitar el ingreso irrestricto en la facultad.

08 Dic 2019 Por Roberto Delgado
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EN DEFENSA DEL SISTEMA. Álvaro Campero, el decano Mateo Martínez y el estudiante Gianfranco Gervino, en visita a LA GACETA. la gaceta / foto de Analía Jaramillo

“Creemos que hay que facilitar el ingreso de los que no pueden, pero tiene que ser una inclusión responsable”, dijo el decano de Medicina, Mateo Martínez, ante el inminente tratamiento en el Consejo Superior de un planteo para debatir el cumplimiento de la Ley de Educación Superior que demanda ingreso irrestricto, sin cupo, a la universidad. Martínez visitó LA GACETA junto con el neurocirujano Álvaro Campero, titular de la cátedra de Neurología, y con el presidente del centro de estudiantes, Gianfranco Gervino. “Queríamos transmitir la inquietud que tiene la facultad en relación con planteos de unos siete padres de aspirantes. Esto viene de antes, eran unos 27 o 28 padres, con la aspiración genuina de ingresar a la carrera de médico bajo las condiciones que ellos plantean. Pero tenemos una cantidad de razones académicas, económicas y legales por las cuales creemos que no corresponde la apertura irrestricta”, dijo el decano.

Explicó que hasta esta semana hay casi 3.200 preinscriptos para 2020. “El promedio anual nunca había superado los 2.800. Los números eran 2.600 y se presentaban a rendir 1.600 y luego quedaban los que lograban aprobar. Que eran 240. El cupo se crea en el año 2005 y la razón fue el número de plazas existentes en el NOA para las residencias médicas, sobre todo en casos de competencias clínicas. Eran puestos de residentes en los hospitales públicos. Desde 2005 la tasa de crecimiento vegetativo de la población en el NOA no llega al 2%, de manera que en 15 años no ha crecido ni el 30% la población del NOA; sin embargo nosotros hemos elevado de 240 a 290 el cupo para Tucumán. Hemos creado un cupo especial (30) para el Valle Calchaquí, para jóvenes que, si no llevamos el acceso a Medicina allá, ellos ni sueñan con la carrera de médico, y hemos creado una extensión áulica en la universidad de Salta (60 cupos) y hemos contribuido a crear la carrera de médico de Santiago del Estero, que hoy tiene 100 cupos”.

- En Tucumán los padres se vieron de algún modo acompañados por las palabras del rector, José García, en apoyo del ingreso irrestricto, y por el dictamen también favorable del director de Asuntos Jurídicos, que dice que hay que cumplir la ley nacional.

- El primer incumplidor de la norma es el Estado nacional, que tiene la ley de presupuesto, que dispone la planificación anual de la actividad financiera del Estado. En 2015 se sanciona la ley que no se llama “de ingreso irrestricto” sino de Responsabilidad del Estado en el Financiamiento de la Educación Superior. Esa ley debió tener como correlato para 2016 que el Presupuesto nacional diga que amplía la base para el ingreso a la universidad. Pero no sólo no se asignó más dinero, sino que el presupuesto universitario de 2015 a 2019 ha ido variando y disminuyendo. Nuestra facultad de Medicina retrocedió 111 millones de pesos.

-¿Por qué?

- Creo que el Gobierno nacional saliente, que muchas virtudes tuvo, también tuvo algunos defectos, entre ellos el no apoyo a la educación pública. El déficit presupuestario a la educación superior es muy marcado. En síntesis: si el Estado nacional nos dice que el Congreso creó una ley válida para que abramos la matrícula, y asume la responsabilidad de financiar eso como corresponde, es una cosa. Pero no nos está dando los medios para abrir esta matrícula. En segundo término, esta bendita ley que tanto nos complica la vida al sector médico no distingue entre el artículo 42 y el 43 de la ley 24.521. El 42 habla de los títulos con reconocimiento oficial y el 43 habla de aquellas profesiones reguladas por el Estado cuyo ejercicio puede comprometer interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud.

También podemos hablar de la interpretación del Consejo Interuniversitario Nacional, que estudia por qué hay “familias de carreras” en los artículos 42 y 43. En Medicina, sobre 41 materias ,en la facultad solamente hay 10 teóricas: más del 75% vemos con pacientes. Y de las 10 teóricas, ocho requieren de gabinete con laboratorio. Entonces, con el máximo de los respetos, hay carreras que les pueden dar la misma clase a 20, a 100 o a 200 alumnos, pero en Medicina eso es muy difícil.

Y me alegro de que hayamos empezado hablando del Valle Calchaquí. Es la única carrera del país que tiene un sistema para los Valles Calchaquíes. Y además de eso se llevó la carrera de Enfermería a Famaillá, a Amaicha (el año que viene), a Tafí del Valle, a Bella Vista, a Simoca y todas las carreras de nuestra universidad tienen esa impronta afuera. Lo hacemos porque creemos que hay que facilitar el ingreso de los que no pueden, pero tiene que ser una inclusión responsable. Para nosotros el concepto es abrir la puerta en la medida en que efectivamente podamos.

-Hay un problema de asignación presupuestaria y una falta del Gobierno nacional. ¿Pero cómo hacen las otras universidades del país? ¿Medicina prevé adecuarse?

- Este no es el único caso. Bahía Blanca tiene cupo. Nosotros vamos a tener sistemas más flexibles. Pero quisiera que tenga en cuenta: martes 20 de agosto de 2019, el PEN acepta la creación de la carrera de médico en Villa Mercedes, San Luis y la universidad de Villa Mercedes convoca a todos los inscriptos al ciclo de ingreso a Medicina para dar el cupo de 50 alumnos. No es prehistoria; no es antes de la ley de 2015.

Si quieren una respuesta y un título, yo abogo por el ingreso irrestricto de las carreras del Art. 42. Pero las carreras del Art. 43 y por sobre todo Medicina, Enfermería y Kinesiología, en las que se pone en riesgo directamente la salud de las personas, no pueden entrar porque están reguladas por el Estado nacional, sometidas a acreditación periódica. Nos fijan pautas de intensidad en la formación práctica y eso implica una relación docente-alumno determinada.

Si quieren que pasemos a otra modalidad con ingreso irrestricto, primero cambiemos el plan y esto no le tiene que interesar solamente al Consejo Superior, sino también a la Coneau. Y además hay que asignar los recursos para atender la cantidad de gente.

- ¿No pensaron en hacer más estricto el ciclo básico? Habría menos problemas con el ingreso.

- Nuestras tasas de egreso son muy altas, probablemente las más altas de la Universidad. Los estudiantes de Medicina egresan casi en un ciento por ciento. Casi el 50% egresa en tiempo y forma, siete años o siete y medio, y de ahí nos enlentecemos a 9 años y medio; y otros, a 12. Pero en general de cada 100 estudiantes, unos 95 se gradúan. No voy a hablar de otras carreras que en las que las tasas llegan al 20%. Ustedes publicaron que una gran proporción de estudiantes rinde sólo una materia por año. Ahí hay también un problema de responsabilidad social. En América latina cuesta 122.000 dólares formar un médico. 15.000 por año (en seis años) le cuesta a la sociedad, no a los papás. ¿Y quién lo paga? El ciudadano que ni se ha planteado ir a la universidad. Entones nosotros sentimos la responsabilidad de que el que entra a la universidad se gradúe.

En la medida en que entendamos que jugamos con la vida humana y que el derecho a la salud tiene primacía sobre cualquier otro derecho, tenemos que mantenernos firmes. No obstante, estamos evaluando posibilidades de que haya un poco más de flexibilidad. Esto no está aprobado todavía; vamos a aprovechar el verano para terminar el plan de estudios, pero para el año 2022.

- ¿Corresponde el reclamo? ¿Hay una cuestión política?

- Yo diría que una Universidad que cuando salió la ley 24.521 y creó “familias de carreras”, no pidió explicaciones por qué una sí y otra no. Nunca cuestionó. Y el artículo 43 relega parte de la autonomía universitaria y se la entrega al Estado nacional. Segunda cuestión: la Ley 24.027, que es la de responsabilidad del Estado del financiamiento, no distinguió en eso y el Rectorado tampoco hizo las gestiones para el financiamiento adicional. Tercero: tiene una asamblea frustrada que no ha llegado a reformar el Estatuto y por lo tanto así se debía disponer que haya mínimas condiciones de ingreso o no. Cuarta cuestión: no realiza las gestiones financieras pertinentes en ninguno de los campos hacia el estado nacional. El dictamen dice que hay que gestionar los fondos. ¿Y quién los tiene que gestionar: yo o el rector?

-¿Qué va a pasar el martes en el Consejo?

-Los elementos que hay en el dictamen de Jurídicos son cinco: el primero, convalidar lo actuado en 2019 (cosa juzgada, el Consejo lo va a aceptar); segundo, el tema de la gratuidad; el dictamen llega un poco tarde porque dos o tres meses atrás decidimos que no se cobra derecho de examen aunque sea costoso. También va. Lo tercero: el dictamen dice que sí se puede tomar examen de nivelación. Y el cuarto dice no es aceptable el primer cupo y lo vincula a un quinto elemento; que para ello la universidad debe generar las condiciones. Yo creo que el Consejo Superior va a aceptar en un principio esas tres primeras cuestiones del dictamen. El tema a debatir va a ser el cupo. A marzo vamos a llegar a 3.000 chicos. Tengo la esperanza de que actúe con prudencia.

Accesibilidad

91 estudiantes vallistos

Para el año que viene se cambió la denominación del acceso a estudiantes de “pueblos originarios” por la de “Valle Calchaquí”. En 2019 fueron15 y para 2020 serán 30. “Nosotros teníamos la idea original sólo para pueblos originarios, y había muchos chicos citadinos de Santa María, de Cafayate, que decían: ‘¿por qué no yo?’”, explicó Mateo Martínez. 

“Entonces los hemos distinguido en dos grupos. Este año para 2020 va a haber 15 chicos cuyo único requisito es título secundario y habiendo hecho sus tres últimos años en escuelas secundarias de los departamentos Belén, Andalgalá, Tafí del Valle, Santa María, Antofagasta de la Sierra, San Carlos y Cafayate, que son todos los departamentos que conforman el gran Valle Calchaquí. Con sólo haber egresado de la secundaria ahí el chico tiene accesibilidad geográfica. El INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) nos va a ayudar a escoger los 15 jóvenes de comunidades originarias”. 

Hoy hay 91 chicos a la fecha de ese plan, ingresantes desde 2012. Tienen profesor de inglés por separado, gabinete psicopedagógico y una renta de 1.000 pesos. La semana que viene empiezan las clases en Santa María. “Los chicos estudian en forma gratuita, se someten al mismo examen de ingreso el mismo día y la misma hora”.

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