El caso Salinas: el corto camino que lleva a la impunidad

Última parte.

03 Dic 2019 Por Gustavo Rodríguez

En poco más de dos años, los tucumanos volvieron a chocar con la dura realidad. La presión social para que se esclareciera el crimen del oficial Juan Andrés Salinas, que había sido acribillado a balazos, no alcanzó. Como ocurrió en reitaradas oportunidades en nuestra provincia, la causa se fue demorando por eternos planteos hasta que quedó impune. Pese a la gravedad del hecho, ninguno de los sospechosos fue condenado. Esta vez, el paso del tiempo fue su principal aliado.

1- Figuras

El caso tuvo un incesante ir y venir de novedades durante bastante tiempo porque varios de sus protagonistas fueron personas mediáticas. Los tucumanos se sorprendieron cuando los Ale anunciaron que Lila Zafe, la abogada que se hizo conocida a nivel nacional por haber representado a la familia de María Soledad Morales, la joven que fue asesinada en Catamarca y cuyo crimen generó la caída de los Saadi en esa provincia, se encargaría de defenderlos. La profesional tuvo una activa participación en el caso, pero si sorprendió su llegada, su partida fue más polémica aún. “No he sido reemplazada ni echada. Tampoco vine a Tucumán en busca de fama; al contrario diría que más bien vine a arriesgarla”, manifestó la profesional en una entrevista con LA GACETA, al justificar la decisión que había tomado.

UNA IMAGEN FAMILIAR. Juan Andrés Salinas aparece con su hijo. Su viuda envió a LA GACETA esta imagen con una dramática carta.

Con el correr de los días se supo que un acuerdo entre Ángel “El Mono” Ale con el juez de la causa, Jorge Lobo Aragón, había provocado la renuncia de Zafe. Al parecer, los miembros de la familia que estaba detenida por el caso, se comprometieron a colaborar con la Justicia si se le otorgaba arresto domiciliario a Said Ale, el padre de los polémicos hermanos. Así sucedió y la profesional pegó el portazo.

Los policías que estaban acusados de formar parte del Comando Atila también lograron varios títulos de LA GACETA. Los fiscales Esteban Jerez y Gustavo Estofan sabían que Salinas había efectuado varios disparos con sus armas y que podría haber herido a algunos de sus atacantes. De los siete arrestados, sólo Miguel “Tono” Pereyra se negó a realizar un estudio. Varios miembros del servicio penitenciario fueron procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público porque no aceptaron quitarle la ropa al acusado para que se realizara una pericia y por permitir que se autolesionara golpeándose la cabeza con la pared. Después de muchas idas y vueltas se hizo el examen y el resultado fue claro: el acusado había sido herido de un balazo en la espalda y la lesión tenía una antigüedad de entre 30 y 60 días, coincidiendo con la fecha del hecho.

“Una de las cosas que nunca entendimos del todo es la cantidad de disparos que hicieron contra Salinas y Ale. No sólo por el número, sino hacia dónde dispararon”, explicó Jerez en una entrevista con LA GACETA. Luego se comprobó que al menos dos de los integrantes del Comando Atila no pudieron superar una rinoscopía, estudio que se realizaba en esos tiempos para confirmar o descartar que se haya consumido cocaína.

2- El miedo no fue tonto

Las amenazas y los aprietes también fueron protagonistas del caso. Hubo testigos que no se animaron a declarar y otros que desaparecieron después de haberlo hecho. El caso más emblemático fue el de la pareja de Domingo “Perro” Bobi. A la joven le tuvieron que dar protección especial porque los allegados del acusado intentaron amedrentarla para que no dijera nada y después, por haberlo dicho. Ella estuvo con el sospechoso la noche del crimen. Ella dijo quiénes y cómo habían seguido a Salinas y con qué otras personas se comunicaron antes del brutal ataque. También recalcó que la habían dejado momentos antes de que se produjera el hecho.

Durante la investigación, funcionarios judiciales y policiales reconocieron que sufrían intervenciones ilegales de los teléfonos e intentos de ataques intimidatorios. Por ejemplo, al juez Lobo Aragón la Policía le entregó tres autos diferentes porque tenían problemas mecánicos graves en la dirección o en los frenos.

ALGARABÍA. Domingo “Perro” Bobi es saludado después de que ordenaran su liberación.

“Fue una causa muy compleja y las presiones y las amenazas abundaron. Teníamos que trabajar encerrados en un hotel, en habitaciones de cuatro por cuatro, con custodia permanente y sin saber cómo estaban nuestras familias”, describió Lobo Aragón.

3- El primer juicio

Los Ale y otras 10 personas, entre las que se encontraban varios policías en actividad, comenzaron a ser enjuiciados en febrero de 1994 por integrar una asociación ilícita y por tenencia de armas de guerra. El debate se inició dos meses después de la fecha original. Días antes de que se realizara la primera audiencia, Mario “El Malevo” Ferreyra protagonizó la cinematográfica fuga de Tribunales después de haber sido condenado a prisión perpetua por el triple crimen de Laguna de Robles. Nadie en el Poder Judicial pretendía otro escándalo nacional.

“El Mono”, su hermano Rubén “La Chancha” Ale y su padre Said Ale y otras 10 personas comenzaron a ser enjuiciadas en febrero de 1994. Durante dos semanas, en el debate se ventilaron dos cuestiones que resultaron clave. La primera fue que las autoridades de la Caja Popular de Ahorros confirmaron que los acusados estaban autorizados a operar con máquinas de juegos de azar. Y la segunda, el cúmulo de irregularidades que habían cometido los miembros de la fuerza en la investigación del caso.

El 21 de febrero de 1994, el tribunal integrado por Carlos Norry, Julio Espíndola Aráoz y Silvia Castellote (reemplazó a Pedro Roldán Vázquez que se inhibió a actuar por un problema que tuvo con uno de los imputados) sólo condenó a Julio Gutiérrez y Carlos Aráoz por tenencia de armas de guerra a tres años en suspenso y absolvió al resto del grupo.

“Estamos más contentos por la Justicia de Tucumán, que es absolutamente independiente y que no ha dejado ser influenciada por las presiones que pudieran haber existido de cualquier tipo”, dijo Daniel Tarulli, defensor, junto a Cergio Morfil, de los Ale.

“Fue un fallo extraño, si bien es cierto que se condenó a los que se hicieron cargo del delito, las armas se encontraron en las casas de los miembros de la familia”, opinó el fiscal Jerez. Lobo Aragón agregó: “fue una de las razones por las que me terminé alejando del Poder Judicial. Lo más triste es que no se apeló el fallo”.

4- El dolor de la viuda

Eugenia del Tránsito Salinas, la viuda de Salinas, siempre mantuvo el perfil bajo. Guardó silencio hasta que, a través de una carta enviada a LA GACETA que fue acompañada con una fotografía del oficial con su pequeño hijo, expresó todo su dolor. Fue publicada el 12 de diciembre de 1994. “En todo este tiempo no se habló de él como el investigador policial que siempre le dio su tiempo a la fuerza, que se sacrificó poniendo en riesgo su vida en situaciones complicadas cuando se enfrentaba a delincuentes para defender a toda la sociedad. Su misión siempre fue la de servir a la comunidad”, señaló.

“Nunca hubo un comunicado público de algunos de sus superiores o compañeros. Aunque sólo fuera para hacer saber a la sociedad quién era realmente mi esposo. Guardaron mutismo hasta convertirse en cómplices con tanto silencio, de todas las sospechas y críticas que levantaron sin que él pudiera defenderse”, comentó.

En la misiva también dejó en claro que no podía conseguir un abogado para defender los derechos de su fallecido esposo. “El Mono” Ale, enterado de la situación, le pidió a Morfil que la asistiera hasta que los supuestos autores fueran condenados. De nada sirvieron las buenas intenciones.

5- Insólito final

La bomba estalló en abril de 1994. Una resolución de la Cámara de Apelaciones fue el principio del fin del caso Salinas. No sólo les modificó la imputación de los delitos a la mayoría de los acusados sino que además declaró nulo el pedido de elevación a juicio que realizaron los fiscales Jerez y Estofán y que había sido aceptado por Lobo Aragón. Y pidió que el caso volviera a ser investigado.

Con ese fallo, que fue firmado por Elva Jiménez, Luis De Mitri y Susana Vitar (lo hizo en disidencia), Ricardo “Cuchulo” Sánchez, procesado por entregar un fusil de la fuerza para que se concretara el ataque, pasó de partícipe necesario a secundario. A Camilo Orce, que fue investigado por haber liberado la zona donde se cometió el ataque, también se le cambió la imputación. De estar acusado de haber participado en el crimen, pasó a ser un mero encubridor. Lo mismo ocurrió con Juan Carlos Ovejero, que adquirió el vehículo que habría sido utilizado en el crimen.

A “Tono” Pereyra, “Perro” Bovi, Jorge “Feto” Soria, Luis “Niño” Gómez (que en 2019 fue condenado a 18 años por un crimen), Luis “Chueco” Medina y Juan “Ratón” Velardez se los siguió considerando autores del crimen de Salinas. Sin embargo, la Cámara les dio la libertad porque entendía que, al iniciarse una nueva investigación, superarían la permanencia de dos años con prisión preventiva sin ser enjuiciados. También entendían que, al ser miembros de la fuerza y tener familia en la provincia, no había motivo para que se escaparan. Así les entregaron el pasaje a la impunidad.

El expediente volvió a las manos de Jerez y Estofán, pero fueron recusados. La fiscala Raquel Asís de Ferreyra se inhibió por problemas con varios fiscales y pasó a las manos de Joaquina Vermal, que también se desprendió de la causa. Finalmente recayó en la fiscalía que conducía Carlos Albaca. Pasaron los años y la pesquisa se congeló. Los imputados por el crimen de Salinas fueron consiguiendo el sobreseimiento por prescripción, es decir, por haber pasado el tiempo sin que fueran enjuiciados. Los representantes legales apelaron la medida, pero la Justicia rechazó cada uno de sus planteos. La viuda del oficial Salinas también se rindió ante tanta injusticia. La impunidad, en este caso, ganó absolutamente.

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