Orellana: “siempre hubo animosidad”

El legislador oriundo de Famaillá está imputado junto a otros ex intendentes en un caso federal. Pedido de juicio.

EVIDENCIA. Un obrero alisa el contrapiso de la obra. La foto fue aportada como prueba por Orellana. gentileza foto juan orellana EVIDENCIA. Un obrero alisa el contrapiso de la obra. La foto fue aportada como prueba por Orellana. gentileza foto juan orellana

El requerimiento de elevación a juicio planteado por dos fiscales federales, Carlos Rívolo y José Ipohorski Lenkiewicz, en una causa penal por la presunta administración fraudulenta de fondos federales incluye a ex funcionarios nacionales y a 44 ex intendentes de distintos puntos del país. Entre estos últimos aparece un tucumano: el actual legislador peronista Juan Enrique Orellana, jefe municipal de Famaillá entre 2007 y 2015. Pero el “Mellizo”, que fue reelecto en la banca hasta 2023, confía en que el juez federal Claudio Bonadio tomará nota de su descargo y firmará su sobreseimiento.

“Este Gobierno nacional vino a hacer la ‘suya’. Fue el saqueo más grande que se vio, y en algo tenían que escudarse. Buscaban con qué entretener a la comunidad y, a la vez, golpearnos a quienes siempre fuimos defensores de los gobiernos justicialistas. Siempre hubo una animosidad, pero estoy presentando toda la documentación (a la Justicia federal), con firma de escribano, y creo que esto se va a aclarar”, indicó Orellana a LA GACETA.

La causa que involucra al peronista investiga el presunto desvío de fondos provenientes de los Programas Municipales de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en el período 2013-2015. Según el requerimiento de elevación a juicio, al cual accedió este diario, los fiscales Rívolo y Lenkiewicz, una auditoría de la Sigen realizada a partir de una denuncia reveló supuestas irregularidades. Esto derivó en una imputación formal en contra de ex funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y ex intendentes. “Se habría utilizado el marco legal del proyecto para disimular lo que constituía, en realidad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales. Esta situación, sumada al desorden administrativo imperante, facilitó la irregular transferencia de sumas de dinero que, a la par de no haber sido aplicado para la ejecución de muchos de los proyectos comprometidos, se habría desviado hacia fines desconocidos”, consideraron los investigadores. Estimaron que un perjuicio al erario federal de $246 millones.

Entre los sospechosos está Juan Manuel Abal Medina, quien según el expediente se abstuvo de prestar declaración, aunque elevó un escrito con un detalle de su gestión como jefe de Gabinete. En ese texto, además, explicó el desarrollo del programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu).

Según las actuaciones, en diciembre de 2012 Orellana presentó su proyecto en el marco del programa nacional de Girsu. “El objeto era la realización de obras de cicatrizado y cierre de vertedero; la inversión en vertedero para fardos de alta densidad; la construcción de planta de reciclado e infraestructura; la adquisición de equipamiento y maquinarias; y una campaña de concientización”, detalla el requerimiento. Advierte que la suma total para Famaillá alcanzó los $7,8 millones.

En la indagatoria, Orellana negó los hechos. Además de explicar cuál era la problemática en el municipio y señalar las razones que llevaron a ejecutar el programa, afirmó que se contrató a la empresa constructora WSK para la excavación de zanjas de drenaje, la colocación de membranas y del suelo protector y la edificación de la planta de tratamiento de lixiviados, entre otras tareas; además, declaró, se adquirió una compactadora de alta densidad y una cargadora frontal, y se llevó a cabo “un plan de educación en escuelas, con difusión en ONG”. “Debido a esto, Orellana entendió que se habían realizado todas las tareas”, expresaron los fiscales federales. Sin embargo, según el requerimiento, se realizó una inspección y se “constató la existencia de una planta saqueada”, entre otras supuestas anomalías. “Consideramos que se incumplió con las actas y convenios y se destinaron los recursos a otros fines no especificados”, interpretaron Rívolo y Lenkiewicz al analizar el caso de Famaillá, que lleva el número 26.

Orellana insistió con su pedido de sobreseimiento, sobre todo a partir de informes recién obtenidos. “Es injusto lo que se me (imputa). Vamos a aportar nueva documentación la semana próxima a Bonadio. Están las certificaciones de obra, las facturas, nos hicieron auditorías de distintos estamentos. Con papeles, vamos a demostrar todo. Además, la gente de Famaillá ve todos los días el ‘tracabato’; la prensadora está y las obras se hicieron”, dijo.

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