Por Irene Benito
20 Agosto 2019
Tres integrantes de la cúpula judicial tucumana figuran como afiliados a partidos políticos en el registro disponible en el portal de la Cámara Nacional Electoral (padron.gov.ar/cne_afiliados). Se trata de la ex fiscala de Estado Eleonora Rodríguez Campos, que jura hoy en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán; del vocal y también ex fiscal de Estado Daniel Leiva y de Washington Navarro Dávila, ministro público de la Defensa y ex fiscal de Instrucción. A ellos se suma Camilo Sleiman, el defensor oficial que acaba de asumir en ese cargo y que un sector de la oposición había cuestionado por su cercanía con el oficialismo (se informa por separado). La base de datos informa en todos los casos que se trata de adherentes a partidos tucumanos y remite “para mayor información” a la Secretaría Electoral del domicilio, oficina que en esta provincia funciona en el Juzgado Federal N°1 que encabeza Daniel Bejas.
La consulta surgió a propósito de la situación de Rodríguez Campos. La abogada elegida por el gobernador Juan Manzur para integrar el alto tribunal manifestó el viernes que no debía darse de baja del Partido Justicialista puesto que el trámite de alta nunca había sido concretado. Pero, al día siguiente, Rodríguez Campos se comunicó con este diario para rectificar la respuesta. La ex fiscala de Estado explicó que había chequeado la web de la Cámara Nacional Electoral y detectado que efectivamente figuraba como afiliada. “El martes (por hoy, que es el primer día hábil de la semana) voy a presentar el telegrama y las notas de renuncia como corresponde”, anunció. Y agregó: “hago esta aclaración para evitar cualquier especulación malintencionada”. El giro generó expresiones de rechazo en algunos sectores de la oposición, que consideraron que la polémica de la afiliación confirmaba las dudas sobre la independencia de Rodríguez Campos.
La rectificación de la ex fiscala permitió advertir que no es la única en esa situación. Fuentes del Juzgado Federal N°1 explicaron ayer que son frecuentes las desinteligencias y descuidos respecto del trámite de baja de la afiliación, sobre todo en la hipótesis de “altas compulsivas”. La Ley de Partidos Políticos (23.298) establece que el afiliado debe comunicar la renuncia al juzgado con competencia electoral de su jurisdicción y que este ha de notificar la baja al partido correspondiente, además de actualizar el padrón. La comunicación procede mediante un telegrama gratuito o la presentación personal del interesado (ver “Lo que dice la ley”).
El ordenamiento jurídico veda el desarrollo simultáneo de actividades políticas y judiciales. La propia Ley 23.298 prohíbe la afiliación de magistrados nacionales y provinciales. Del mismo modo lo hace el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Tucumán. El artículo 123 de la Constitución provincial prescribe por su parte: “no podrán los funcionarios judiciales intervenir activamente en política, firmar programas, exposiciones, protestas u otros documentos de carácter político, ni ejecutar acto alguno semejante que comprometa la imparcialidad de sus funciones”.
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