Una imputación contra dos representantes de la comunidad indígena Los Chuschagasta volvió a poner sobre la mesa el conflicto territorial que, en 2009, derivó en el asesinato del dirigente Javier Chocobar, a manos de Darío Amín, condenado en 2018 por ese crimen a 22 años de prisión, al igual que los ex policías Luis Humberto Gómez y Eduardo Valdivieso, condenados a 18 años como cómplices.
En el juicio que se inició esta semana en tribunales penales de la capital, Ismael Chocobar, sobrino de Javier Chocobar, y Demetrio Valderrama, actual cacique de la comunidad, están denunciados por usurpar las tierras donde ellos mismos viven y que eran territorio de sus ancestros. La denuncia es impulsada por María Sofía Herrera, madre de Darío Amín, y Santiago Amín, hermano del condenado.
“Una vez más, a menos de 10 meses de haber finalizado el juicio por el asesinato de nuestra autoridad, debemos enfrentar un nuevo proceso judicial, con todas las implicancias físicas, psicológicas y económicas que estas instancias conllevan, en un contexto de total desamparo por parte del Estado hacia las comunidades de nuestros pueblos”, afirmaron en un pronunciamiento desde la comunidad perteneciente Pueblo Nación Diaguita. Ellos acusan a la familia Amín de querer usar la Justicia para apropiarse de esas tierras, despojando a Los Chuschagasta de sus territorios ancestrales.
“La justicia occidental nos juzga de manera individual, pero la afectación es de carácter colectivo, porque perjudica a nuestro pueblo. La justicia de Tucumán evita pronunciarse respecto del Derecho Indígena, que constantemente está siendo violado por las familias terratenientes que están enquistadas en los distintos ámbitos del Estado provincial”, sostiene la comunidad.
