Cambia la ley, el negocio sigue

Casi medio siglo después de la ley de 1970 que regulaba el servicio de policía adicional, y que se había distorsionado completamente –pese a las sucesivas modificaciones-, el Gobierno promovió una nueva. ¿Durará otro medio siglo? Dicen que va a blanquear a los prestadores del servicio, a quienes lo coordinan y a quienes lo cobran. Pero hay que ver cómo se aplica la ley, después de que el Poder Ejecutivo la reglamente y resuelva varias aristas que generan incertidumbre.

Estaba claro que el sistema estaba podrido. Nació como una previsión para cuando hicieran falta vigilantes en situaciones de emergencia. En los 70 se pensaba que estaban bien 3.400 policías para los poco más de 740.000 habitantes de entonces de la provincia. Los adicionales eran servicios en circunstancias excepcionales. Pero a medida que la inseguridad fue adueñándose de las calles el negocio de la custodia fue creciendo. En los años 90 se perfeccionó el sistema, ya que se puso a la Policía en ventaja por encima de las agencias de vigilancia privada, que no pueden usar armas y que tienen que pagar cargas sociales a sus empleados. La jubilación y las cargas del policía vigilante privado ya las paga el Estado, y además este puede usar armas todo el tiempo, incluso cuando está de licencia, debido a lo que se llama “estado policial”. En consecuencia, el vigilante de la Policía es más barato para quien lo contrata, y, encima, tiene arma.

Con esto se volcó la balanza hacia la Policía y la falta de control hizo que se distorsionara de tal modo que los comisarios (en actividad y jubilados) eran quienes disponían de los servicios de vigilancia para los agentes por todos los negocios imaginables. Nació lo que se llama “fichas” (servicios privados en horas de trabajo) que salieron a luz en octubre en Yerba Buena, durante la conmoción por el asesinato de Valentín Villegas. Entonces se descubrió que no había policías en la calles pero sí había disponibles para servicios de custodia en los comercios. La fiscala Adriana Giannoni investiga la denuncia, que abarca un largo período de distorsión.

A raíz de esa conmoción se revelaron tres ideas matrices, profundamente arraigadas. Una, que el 80% de los policías hacía servicio adicional (unos 7.000). Otra, que el sistema de fichas se practicaba sin control. Tercera, que los agentes incrementan casi un 30% su sueldo con los adicionales, lo cual hace que sea prácticamente imposible eliminar el sistema, a menos que se dé un fuerte aumento a todos los policías, lo cual no va a ocurrir. Esto es la distorsión brutal del sistema.

También hay que pensar en la enorme cantidad de dinero que mueve este servicio. Nunca se supo de cuánta plata se hablaba. El Tribunal de Cuentas, que reclamaba que la caja policial adicional no estaba bajo control, dijo que en 2017 habrían sido unos $ 240 millones. Un cálculo arbitrario, estimando que 7.000 policías hicieran servicio adicional durante 20 días, cinco horas por día, por $ 120 la hora, generarían $ 84 millones al mes. O sea, $ 1.008 millones al año. Supuestamente, por cierto, y considerando que trabajen, en sus licencias por paternidad/maternidad, enfermedad o vacaciones, además de sus descansos.

El legislador oficialista Javier Pucharras dijo que con la nueva norma se identificará a quienes hacen el servicio, que lo harán en horas de descanso, que una sola oficina cobrará todo, que se bancarizará el pago y que habrá revisión de organismos externos como el Tribunal de Cuentas, con lo cual desaparecerán los “convenios espurios”.

Pero en la discusión del sistema no se habló casi de las fichas, critica el agente Víctor Nacusse, que advierte que ahora ingresará mucha más plata a la Policía y menos a los agentes. Es que el porcentaje que se retendrá, que antes era el 5%, ahora será el 15%. Ese es el dinero que debería quedar para la fuerza de seguridad, para arreglo de autos y otros gastos que nunca han sido bien explicados.

La nueva ley también establece que podrían afectarse bienes y equipos para la prestación del servicio adicional. ¿Significa que se podrán usar autos, motos y camionetas para estas custodias privadas? Ya los agentes usan las armas y los caballos en los casos en que se cubren espectáculos deportivos. ¿La ley permite entregar a uso privado toda la estructura de la fuerza? Ya hay una oficina que monitorea, supuestamente por un precio, las alarmas de los bancos. ¿Cómo se combinarían los servicios del 911 con autos afectados a vigilancia privada? Todo eso deberá resolverse, hipotéticamente, cuando se reglamente la ley.

Finalmente, la distorsión madre del sistema, la contradicción de que un agente obligado a servir a todos los ciudadanos deba dar vigilancia a un empresario privado que la paga, no ha desaparecido. Pucharras dijo que “el servicio de seguridad pública tiene prioridad sobre cualquier tipo de prestación de adicionales”. Es un sofisma, pero a la sociedad no le hace ruido, y por eso se mantiene. La lógica indica que si las autoridades cumplieran su deber –y sus promesas- y lograran pacificar la sociedad y hacerla más segura, el servicio de vigilancia privada volvería a ser como en los 70, es decir sólo para momentos excepcionales. No haría falta una policía adicional ni una ley que la regule. Pero en esta situación hipotética se vendría abajo el negocio de la (in)seguridad.