Dos legisladores radicales denunciaron a Manzur y a Maley por la adquisición de armas.

Los legisladores radicales José María Canelada y Eudoro Aráoz realizaron una denuncia penal contra el gobernador Juan Manzur “por la probable comisión de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa y cohecho”, por la compra de armamento de origen israelí. La presentación fue realizada el pasado viernes en la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira, y también va en contra del ministro de Seguridad, Claudio Maley, y contra la empresa Emprendimientos Grupo Patagónico.

A lo largo de 29 páginas, los parlamentarios cuestionaron que la compra de armas por un monto cercano a los U$S9 millones a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) N° 2/7 (MS). En el anexo del DNU se detalló que, entre otros elementos de seguridad, la Provincia adquirirá 4.000 pistolas Jericho 9mm por un monto total de U$S3,8 millones (U$S950 cada una). Al respecto, Canelada y Aráoz consideraron que “el accionar desplegado por Manzur, Maley y la empresa Emprendimientos Grupo Patagónico genera un perjuicio a la Administración Pública, puesto que se pagará un precio excesivo al de mercado, es decir un sobreprecio, por armas que tienen un valor de mercado que oscila entre los U$S395 y U$S750”.

Los legisladores opositores también criticaron que se haya optado por comprar armamento importado en vez de adquirir las armas Bersa, de origen nacional. Aráoz, durante el debate en la Legislatura, había afirmado que representantes de la compañía argentina se contactaron con él y le informaron que ellos también distribuyen las pistolas Jericho a un precio de U$S395; es decir, U$S555 menos que las que compró el Gobierno.

“El negocio realizado traerá como resultado la pérdida de más de $80 millones a la Provincia de Tucumán, al pueblo tucumano, quien es el dueño de los bienes. La Provincia pierde dinero por una decisión que solo busca generar una ganancia ilegítima para los denunciados; es claro que la compra de armas a un valor que duplica o triplica el de mercado se ha efectuado a los efectos de obtener un beneficio de carácter personal”, destacaron en los argumentos.

En la denuncia, los parlamentarios citaron que su par Alfredo Toscano (Partido por la Justicia Social) argumentó en el recinto que la firma Emprendimientos Grupo Patagónico, dedicada a la venta de software desde 1992, recién en febrero de 2018 se inscribió para vender armas. Además, apuntó que la única operación que hizo en el nuevo rubro es la venta a Tucumán.

Los radicales solicitaron a Rivadeneira que requiera al juez de turno el dictado de una prohibición de innovar con el objeto de detener la ejecutoriedad del DNU a los fines de “evitar un perjuicio grave para las arcas de la Provincia, por la posible comisión de los delitos denunciados”. La fiscala ahora deberá determinar si convoca a Canelada y a Aráoz a ratificar la acusación.