12 Junio 2004 Seguir en 
BUENOS AIRES.- El Gobierno nacional resolvió ayer constituir la empresa Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima (Corasa), con 100% del capital en manos del Estado, y postergar sin fecha la reprivatización de ese servicio.
Así lo anunció el ministro de Planificación, Julio de Vido, quien precisó que el presidente Néstor Kirchner firmó el decreto de necesidad y urgencia 721 por el cual se cambia la figura jurídica del Correo -de intervención a sociedad anónima-, aunque no se descarta una futura reprivatización de la empresa. De Vido hizo el anuncio junto al presidente de la Unidad Administrativa del correo oficial, Eduardo di Cola.
La novedad se dio a conocer en la Casa de Gobierno, donde el ministro señaló: "nuestra vocación no es el estatismo, pero vamos a ir viendo cómo evoluciona la gestión oficial en el Correo, porque observamos que el negocio tiende a consolidarse y los números podrían mostrar una rentabilidad interesante".
De acuerdo con lo establecido en el decreto, Corasa prestará el servicio oficial de correo, comprendiendo todos los servicios postales, monetarios y de telegrafía prestados oportunamente por Encotesa, y los restantes servicios que la ex concesionaria Correo Argentino SA estuviera habilitada a realizar, incluyendo el Servicio Postal Básico Universal.
La administración Kirchner encaró en junio de 2003 la revisión del contrato de concesión del Correo, por entonces operado por un consorcio encabezado por el Grupo Macri, y en noviembre resolvió quitarle la concesión "por culpa del concesionario".
En esa oportunidad, el Gobierno decretó que en 180 días se llamaría a licitación pública para privatizar el servicio. De Vido señaló que dicho plazo se prorrogó sin fecha fija y consignó: "el presidente Kirchner resolverá qué hacer en el futuro conforme evolucione la gestión del servicio".
Historia
Pocos meses después de privatizado el servicio comenzaron las controversias entre el concesionario y el Estado, motivadas en cuestiones tales como el retraso en el pago del canon semestral, y presuntas deudas impagas del Estado por la prestación del servicio postal. También Macri reclamaba por el presunto compromiso del gobierno de entonces (administración Carlos Menem) de impulsar cambios en el estatus laboral de los empleados del Correo. (DyN)
Así lo anunció el ministro de Planificación, Julio de Vido, quien precisó que el presidente Néstor Kirchner firmó el decreto de necesidad y urgencia 721 por el cual se cambia la figura jurídica del Correo -de intervención a sociedad anónima-, aunque no se descarta una futura reprivatización de la empresa. De Vido hizo el anuncio junto al presidente de la Unidad Administrativa del correo oficial, Eduardo di Cola.
La novedad se dio a conocer en la Casa de Gobierno, donde el ministro señaló: "nuestra vocación no es el estatismo, pero vamos a ir viendo cómo evoluciona la gestión oficial en el Correo, porque observamos que el negocio tiende a consolidarse y los números podrían mostrar una rentabilidad interesante".
De acuerdo con lo establecido en el decreto, Corasa prestará el servicio oficial de correo, comprendiendo todos los servicios postales, monetarios y de telegrafía prestados oportunamente por Encotesa, y los restantes servicios que la ex concesionaria Correo Argentino SA estuviera habilitada a realizar, incluyendo el Servicio Postal Básico Universal.
La administración Kirchner encaró en junio de 2003 la revisión del contrato de concesión del Correo, por entonces operado por un consorcio encabezado por el Grupo Macri, y en noviembre resolvió quitarle la concesión "por culpa del concesionario".
En esa oportunidad, el Gobierno decretó que en 180 días se llamaría a licitación pública para privatizar el servicio. De Vido señaló que dicho plazo se prorrogó sin fecha fija y consignó: "el presidente Kirchner resolverá qué hacer en el futuro conforme evolucione la gestión del servicio".
Historia
Pocos meses después de privatizado el servicio comenzaron las controversias entre el concesionario y el Estado, motivadas en cuestiones tales como el retraso en el pago del canon semestral, y presuntas deudas impagas del Estado por la prestación del servicio postal. También Macri reclamaba por el presunto compromiso del gobierno de entonces (administración Carlos Menem) de impulsar cambios en el estatus laboral de los empleados del Correo. (DyN)







