El reparto justo no existe

BUENOS AIRES.- Los tironeos políticos y las fintas mediáticas que se vienen sucediendo en los últimos días en torno de la coparticipación no son más que una reedición, con las variantes del caso, de casi setenta años de una discusión en la que todos se empecinan en invocar al federalismo en nombre de la más unitaria de las instituciones de la historia argentina. Para este año se espera que las provincias gastarán más de $ 25.000 millones que no recaudarán, ya que esa fue una tarea que delegaron al Estado nacional en 1935.
La facultad de recaudar impuestos es de las provincias y así la llevaron a cabo por más de cien años. Es decir, la coparticipación no nació con la Patria ni constituye la esencia de la nacionalidad; es un instrumento que tuvo su origen en las necesidades de un momento determinado y como tal puede ser cambiado por otro.
Quizás en esta discusión a kirchneristas, duhaldistas y radicales se les haya pasado por alto que la coparticipación por la que tanto luchan no fue una idea de Yrigoyen o de Perón sino de Agustín P. Justo y Federico Pinedo. Extraña conducta del campo nacional y popular que con el mismo ahínco defiende también al PAMI de Lanusse y las obras sociales de Onganía. De lo que sí parecen no ser conscientes es que las desigualdades regionales entre provincias "de primera" y "de segunda" no se atenuaron a lo largo de siete décadas de coparticipación. Por el contrario, se consolidan a diario con un instrumento que sólo sirve para mantener el statu quo.
No puede ser de otra manera. No puede propender al federalismo y al fortalecimiento de las autonomías provinciales un régimen basado en transferir dinero a todo el país desde el Banco Nación, en Plaza de Mayo, no para determinadas obras de envergadura sino para los gastos corrientes más elementales.
En algunas provincias, nueve de cada diez pesos que se gastan salen de la esquina de Rivadavia y 25 de Mayo. Si es verdad la vieja frase que asegura que "el que paga manda", no hace falta pensar mucho para comprobar que en esos casos el federalismo es letra muerta.
Antes de que existiera la coparticipación, esas mismas provincias casi se autofinanciaban. Hoy, la comodidad de esperar los fondos sin la molestia de recaudar y perseguir a posibles votantes evasores es más fuerte que el riesgo de la asfixia financiera que puede provocar una disputa política con el poder central. Desde el lado de la Nación, también cobra más peso el poder de presionar que la necesidad de transferir (en realidad devolver) las responsabilidades de recaudación a las provincias.
Desde 1935 que presidentes, gobernadores y legisladores se enfrascan en discusiones con esa realidad como telón de fondo, pero nadie avanza con alguna iniciativa que tienda a revertirla. En consecuencia, si se parte de la base que la coparticipación es un mecanismo justo, lo único que queda por discutir es si se deben girar más o menos fondos.
Pero la coparticipación "justa" no puede darse, en la medida que cada una de las partes tiene una serie de motivos para reclamar más recursos. Los intentos por congeniar los criterios devolutivos (deseo de las provincias grandes) con los distributivos (reclamo de las más rezagadas), así como sus variables derivadas como población, densidad, necesidades básicas insatisfechas o producto bruto, nunca terminaron de satisfacer a todos y se convierten en la plataforma de nuevos reclamos.
Sobre esos carriles transita el conflicto que actualmente enfrenta al gobierno nacional con el bonaerense. Pero desde que en la década infame el santafesino Luciano Molinas tuvo el mismo conflicto con la Casa Rosada, el hecho no hizo más que repetirse.
Para no remontarse demasiado en el tiempo, basta recordar las disputas entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem con los gobernadores justicialistas y radicales, respectivamente. Por no citar a un díscolo santacruceño que se constituyó en la solitaria excepción al no acceder a firmar los últimos acuerdos entre Nación y provincias. Hoy le toca estar del otro lado del mostrador. (DyN)