Se deben brindar buenos servicios a costos mínimos

La discusión actual en torno al régimen de coparticipación federal de impuestos pone de relieve las grandes dificultades que este debate plantea, que permiten explicar por qué se dilata tanto una reforma que la Constitución en vigencia obliga a practicar.
Existen dos grandes problemas a sortear si se pretende avanzar de manera justa y racional en el logro de un nuevo consenso referido al reparto de impuestos coparticipables. El primer gran problema radica en presentar erróneamente a los distintos niveles del Estado como entidades separadas, que pujan por obtener lo máximo para cada una en el marco de lo que puede definirse como un "juego de suma cero", lo que significa que lo que uno puede ganar es siempre a expensas de que el otro lo pierda. En realidad, los distintos niveles de gobierno constituyen un todo orgánico que es el Estado, y lo que cabe es definir con claridad las funciones que se asignan a cada nivel, nacional y provincial. En consecuencia, la distribución primaria entre la Nación y el conjunto de las provincias no puede ser sino el resultado de la decisión acerca de las funciones y obligaciones de cada nivel gobierno.

Distribución secundaria
El otro gran problema tiene que ver con la distribución secundaria de la recaudación impositiva, que se ocupa del reparto entre las distintas provincias. En esta discusión, lo que hay que evitar es un planteo extremo, que reduzca el debate a la mera responsabilidad fiscal que le cabe a todas y cada una de las provincias.
Es claro que el tratamiento del tema de la coparticipación federal brinda una enorme oportunidad para plantear la cuestión de la eficiencia del gasto público, siempre sospechado de haberse convertido en improductivamente excesivo después de las viejas y repetidas prácticas que los políticos locales usan para privilegiar la propia burocracia estatal, en desmedro de la calidad en la prestación de los servicios públicos. En este sentido, las provincias tienen efectivamente que esforzarse en la tarea de recaudación de impuestos y en brindar servicios adecuados con el mínimo de costos, lo que las obliga a ser fiscalmente responsables, evitando de paso que los residentes voten "con los pies" y se trasladen allí donde los servicios públicos están mejor atendidos.

Desigualdades
Pero el tema no puede agotarse en la definición de criterios de eficiencia. Lo que está en juego es también, y sobre todo, una cuestión de justicia distributiva de todos los servicios públicos básicos a cargo del Estado. Para cumplir con esta justicia, hay que tener en cuenta la desigual potencialidad económica que tienen las distintas regiones del país, y la consiguiente necesidad de practicar, a través del régimen de coparticipación, una redistribución solidaria de ingresos que haga posible cumplir con la exigencia de igualdad de trato de todos los habitantes del país en relación con la prestación estos servicios públicos esenciales.